La Elección Judicial es un retroceso histórico

La confederación Patronal de la República Mexicana afirma que el proceso de elección judicial, derivado de la reforma constitucional que estableció el voto popular para jueces, magistrados y ministros, ha sido calificado como un retroceso histórico y un caso inédito de cooptación electoral y captura institucional.
En ese sentido, Coparmex, junto con diversas organizaciones, documentó fallas estructurales y operativas que comprometen la legitimidad y socavan la independencia judicial.
Estas son las conclusiones del Informe de Observación Electoral al proceso para la elección de integrantes del Poder Judicial, que COPARMEX presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE):
El modelo de elección presentó deficiencias desde la integración de los Comités de Evaluación hasta la jornada electoral y el cómputo final. La reforma fue aprobada de manera acelerada, sin consenso parlamentario ni diálogo abierto, a pesar de las objeciones. Desde febrero de 2024, COPARMEX advirtió sobre las fallas estructurales, la politización de la justicia y su impacto en la inversión y la competitividad.
Los Comités de Evaluación carecieron de criterios claros, autonomía y transparencia. La mayoría de las candidaturas fueron definidas por representantes del Gobierno y de la coalición oficialista. El método de “tómbola” fue ampliamente criticado, no solo por dejar al azar la designación de candidaturas, sino por su ejecución deficiente.
Se detectó un patrón mecánico de votación y la réplica de un formato único en los resultados ganadores, lo que sugiere el uso de acordeones (voto inducido) y estructuras de control coordinadas. Esto implica que el acceso a la función judicial dependió de la cercanía partidista y no del mérito, condicionando la autonomía de las personas electas.
La magnitud de cargos a elegir hizo que el voto informado fuera prácticamente inviable, convirtiendo el sufragio en un acto casi aleatorio, sin interés real por conocer a la totalidad de las opciones.
La participación ciudadana fue muy baja (ejemplo: 13.02% para ministros de la SCJN), y se registró un alto porcentaje de votos nulos, boletas no utilizadas y extraviadas, que representaron más del 25% de los votos posibles. Esto refleja el fracaso del proceso electoral judicial.
Durante el proceso se documentaron, en diversos medios, violaciones graves a las reglas de propaganda, así como financiamiento ilegal en redes sociales con inversiones significativas que no fueron investigadas por el INE.
El diseño de las boletas electorales generó inequidad estructural, influyendo en los resultados. Organismos de observación también señalaron la intervención abiertamente inconstitucional de actores gubernamentales.