Morena busca imponer la reforma electoral pese a que están en contra oposición, aliados, inversionistas y ciudadanía en general por los riesgos económicos, políticos y sociales que implica.
Durante el pasado mes de enero los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión dieron a conocer algunas de las iniciativas que impulsarán en el periodo de sesiones que inicia este febrero y una de ellas, la reforma política, será el primer factor de confrontación y desacuerdos entre los grupos parlamentarios de oposición y los que forman parte del régimen.
El hecho es que dicha reforma cuenta con el rechazo unánime de diversos sectores de la sociedad: académicos, especialistas, organizaciones ciudadanas y, particularmente, el sector empresarial, se pronuncian en contra por considerar que —según lo que hasta ahora trascendió al respecto— buscará crear las condiciones para eliminar a la oposición y que el partido en el gobierno se mantenga en el poder eternamente.
Un escenario de nulas inversiones y autoritarismo político, señalado por los sectores de la sociedad y los representantes de la Iniciativa Privada, se suma a un panorama de incertidumbre generado por la futura renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
Los resultados de este conjunto de factores, advierten, serán crisis económica, desempleo, menor crecimiento, inflación y más inseguridad.
Crisis económica
Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), publicó una serie de reflexiones sobre los efectos negativos de la reforma electoral que ha planteado el Ejecutivo federal.
“Un gobierno responsable debiera garantizar que los inversionistas actúen sin ser impedidos para realizar sus actividades en un mercado libre. Ellos son los dinamos que promueven la prosperidad y el bienestar de una sociedad. Pero para que esto sea posible los gobiernos deben brindar las mejores condiciones para la inversión y el despliegue de los mercados. Y eso es precisamente lo que no ha hecho el gobierno actual”, afirmó.
De hecho, el empresario indicó que “en conjunto, las reformas constitucionales aprobadas en los últimos años han afectado profundamente el clima de negocios. Pero las cosas siempre pueden empeorar”.
En su opinión, la inminente iniciativa de reforma electoral que impulsaría el régimen morenista “contiene elementos que podrían debilitar aún más la confianza en el sistema democrático mexicano”.
Al respecto, explicó: “El debilitamiento de los partidos distintos del gobernante a través de la disminución de la presentación proporcional en los poderes legislativos federal y estatales, afectaría la pluralidad necesaria en una democracia. La consecuencia sería que en los grandes temas de la gobernanza nacional se imponga la visión oficialista desde la univocidad de la autoridad”.
Para él no hay duda de que, “de alguna manera, ya hemos visto esto, toda vez que las malas decisiones políticas y económicas tomadas en los últimos años tienen al país en una situación prácticamente de crecimiento nulo”.
Señaló que la preocupación para los inversionistas es mayor si se toma en cuenta que el gobierno tiene la intención de “debilitar o destruir la autonomía” del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Pero además de todo lo dicho es claro que una reforma electoral regresiva es totalmente inoportuna en el año en que se negocia el TMEC”.
Sobre esto último precisó: “El debilitamiento democrático puede ser utilizado como argumento por nuestros socios norteamericanos, como medida de presión en las negociaciones. No hay que olvidar cómo en el proceso de negociación del original TLC y de los acuerdos comerciales con la Unión Europea el vale democrático jugó un papel toral”.
A su vez, Elías Martínez Delgadillo, presidente de la Coparmex en Colima, reafirmó lo dicho por el dirigente nacional de este organismo, José Sierra Álvarez, en el sentido de que la reforma del gobierno federal afectará el clima para invertir en el país: “Coparmex cree que no es el momento de moverle más a la situación, pues hay una situación de mucha desconfianza, de mucha inestabilidad en el país, y se considera que no es prudente en este momento”.
De Hoyos subrayó que el gobierno federal debe tomar en cuenta que “hay una relación entre la democratización del bienestar, la economía de mercado y las instituciones republicanas (que incluyen el Estado de Derecho y el pluralismo político)”.
Añadió el empresario que “solo la democracia liberal es capaz de brindar estos tres bienes públicos al mismo tiempo. Por ello, el asalto contra ella por parte de los populismos autoritarios de derecha y de izquierda constituye la mayor amenaza hoy en día”.
Ignorancia vs. conocimiento
Si bien es cierto que al cierre de esta edición el Ejecutivo federal no había presentado la iniciativa de reforma electoral, sí ha dejado ver cuáles son algunos de sus principales componentes: eliminación o disminución de legisladores plurinominales; disminución de financiamiento público a partidos políticos; desaparición de los institutos electorales locales; reducción del presupuesto al INE e incluso hacerlo un organismo dependiente del gobierno federal.
Los expertos en la materia, fundamentalmente consejeros y exconsejeros electorales (a nivel nacional y local), han rechazado, uno a uno, los citados planteamientos.
Por ejemplo, en el caso de los plurinominales el gobierno inicialmente propuso desaparecerlos y que solo hubiera diputados de mayoría.
En su propuesta, la organización Somos Mx, que integran exconsejeros del INE, entre otros expertos, establece: “La premisa democrática dice que la representación de los partidos políticos en las asambleas (Congresos o Cámaras de Diputados) debe de estar lo más cercano posible a su peso electoral” y justo para ello es que se instauraron los legisladores plurinominales.
En el tema de la desaparición de los institutos locales, Roberto Herrera Hernández, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, expuso: “Desde hace 30 años somos el engranaje local del Sistema Electoral Mexicano, que coadyuva con el INE para organizar elecciones libres, auténticas y periódicas”. Y prueba de ello, dijo, es su participación exitosa en 216 procesos electorales locales.
Enrique Gutiérrez Márquez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, manifestó su rechazo a lo planteado por el régimen en cuanto a suprimir la autonomía del INE, de acuerdo con las expresiones formuladas por Pablo Gómez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: “Se tiene que fortalecer al federalismo electoral y no subordinar al instituto como una oficina más de alguna de las áreas del Ejecutivo, Legislativo o Judicial”, aseveró el académico.
No pasará
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que es “preocupante, alarmante y grotesco” que Gómez considere que el INE no debe ser autónomo.
Sostuvo que eso “es una confesión descarada de sus intenciones: consolidar la dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la democracia al poder absoluto”.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador priista advirtió: “Los priistas defenderemos siempre la autonomía del INE y la voz de los ciudadanos frente a este intento brutal de sometimiento. En el PRI decimos no a la reforma electoral, mejor llamada la Ley Maduro de Morena”.
Finalmente, recordó que el PRI impulsó instituciones democráticas y “ahora los narcopolíticos de Morena buscan dinamitarlas”.
Movimiento Ciudadano (MC) también advirtió que no respaldará la reforma del gobierno en los términos que la ha planteado. El senador Clemente Castañeda estableció: “Es una reforma diseñada desde los sótanos del poder para mantener el poder”.
El senador de MC hizo un llamado al PT y el PVEM para “actuar con dignidad” y “resistir presiones”, porque, dijo, dicha reforma “vulnera principios democráticos fundamentales”.
En tanto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que en su partido están listos para impedir la reforma. Los de Morena, dijo, “están preparando todo en la ley para que cuando la gente ya no los vote, ya nadie los pueda quitar. ¡Venezuela! Y nos dicen exagerados, pues por eso le llamamos Ley Maduro a esta reforma electoral. Nosotros estamos dispuestos a lo que tengamos que hacer por defender nuestra democracia, por ejemplo, la resistencia civil pacífica”.
El panista reconoció que hasta el momento tanto el PT como el PVEM se han resistido a apoyar la reforma, pues ni a ellos les conviene, por ejemplo, en el caso de los plurinominales: “No es al PAN al que más afecta, sino a los aliados de la 4T. Con su posición, el Verde y el PT están defendiendo su existencia. Celebramos la dignidad, surja de donde surja”.
El académico Enrique Gutiérrez señaló: “Vamos a ver qué pasa con Morena y sus aliados, con el Partido Verde y el del Trabajo, cómo van a jugar en el caso de la eliminación de los diputados plurinominales, que puede afectarles directamente. Vamos a ver si acompañan o no la iniciativa presidencial”.
El pasado miércoles 28 las dirigencias nacionales de Morena, Partido Verde y PT ofrecieron una conferencia para anunciar que contenderán juntos en los comicios para gobernador que se celebrarán en 17 entidades del país en 2027; pero se negaron a responder preguntas, particularmente aquellas relacionadas con el apoyo a la reforma electoral del gobierno federal.