Ciudad de México, a 9 de octubre. Luego de que con modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal, se aprobara la conocida Ley Antimeme en la Cámara de Diputados, diversas voces se han opuesto a lo que llaman censura a la crítica.
El caricaturista de sátira y crítica política, Salvador del Toro, conocido como Chavo del Toro, compartió su preocupación y pidió a los legisladores hablar sobre estas reformas.
“No nos queda a los caricaturistas más que organizarnos. Esto afecta las libertades, los pilares de una democracia, que es la libertad de expresión. Que nos den la libertad, como creadores, de platicar nuestras angustias. Ahí, en la Cámara de Diputados y en el Senado, vamos y platicamos”, dijo el caricaturista.
El coordinador de los panista en el Senado, Ricardo Anaya, comentó que la reforma tiene como pretexto cumplir con compromisos por el TMEC, pero, dijo, pasan por debajo de la mesa una prohibición para que no haya en redes sociales ni en televisión críticas al gobierno federal.
“Vivimos en una democracia y no en una autocracia, y en las democracias debe haber libertad de expresión, críticas, y en cualquier democracia son bienvenidas las parodias, aunque al gobierno no le guste”, declaró.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseveró que la propiedad intelectual debe protegerse pero no permitirá que esa protección se convierta en una herramienta para intimidar, silenciar o castigar a quien critica al gobierno.
“El poder no puede convertirse en árbitro de la crítica que recibe. La libertad de expresión existe precisamente para proteger aquello que incomoda al poder”, estableció.
La censura indirecta —agregó— también puede producirse cuando resulta más sencillo borrar una publicación que defenderla, o cuando periodistas, caricaturistas y creadores deben preguntarse si una crítica al gobierno puede convertirse en un problema legal.
Romero Herrera recordó que la preocupación del PAN no surge de manera aislada pues recordó que en 2025, una iniciativa en materia de telecomunicaciones incluyó originalmente la posibilidad de solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales, disposición que finalmente fue retirada; posteriormente surgió la discusión sobre derechos de las audiencias y el papel del Estado frente a determinados contenidos.