La polémica reforma electoral, que amenazaba con tirar por la borda el ejercicio democrático en México, llegó al pleno del Palacio de San Lázaro con su destino marcado: en una sesión de menos de dos horas los diputados emitieron 259 votos a favor y 234 en contra en medio de voces que gritaban desde los curules de la oposición “¡No va a pasar!”
Y en efecto, los votos no fueron suficientes para conseguir la mayoría calificada —al menos dos terceras partes de la Cámara— en favor de la iniciativa y convertirla en ley constitucional.
La falta de consenso con la que el proyecto arribó a la cámara baja se evidenció un día antes, al presentarla en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, donde 45 legisladores de Morena votaron a favor, contra 39 del PT, PVEM, PAN, PRI y MC.
Con ese antecedente la Junta de Coordinación Política decidió que durante la sesión solo tomarían la palabra los coordinadores de los grupos parlamentarios, para evitar que la discusión se extendiera antes de la votación.
“Las posiciones están muy claras y al mal paso darle prisa”, aseguró el coordinador panista, Elías Lixa, al inicio de la jornada.
Sin consenso
El primero en dar a conocer su postura fue MC. La legisladora Ivonne Ortega reconoció que si bien “México sí necesita una reforma electoral”, la iniciativa no resuelve los problemas crónicos de la democracia mexicana, como la falta de certeza en los resultados, el enorme costo de los comicios y la inequidad entre los partidos.
En su defecto, “altera gravemente las reglas del juego”, finalizó Ortega.
El PAN, cuyo voto también fue en contra, acusó a los morenistas de no tomar en cuenta las propuestas de la oposición para su proyecto de reforma electoral y criticó, sobre todo, la ausencia de mecanismos que impidieran la intervención del crimen organizado en las elecciones.
“Rompan el pacto con la narcopolítica”, sentenció Lixa en su calidad de coordinador de los blanquiazules.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, calificó la iniciativa como una “Ley Maduro” y procedió a saludar “con reconocimiento y afecto al PT y al PVEM”, por oponerse a la reforma.
Por su parte, el PT, con Reginaldo Sandoval como portavoz, emitió su voto en contra y manifestó su inconformidad contra la instalación de un partido único. A diferencia de la reforma de 1977 que —destacó— abrió la puerta a la pluralidad de partidos, esta iniciativa amenazaba con consolidar un nuevo partido de Estado.
“Esa ruta no es la que nos lleva a tener más democracia”, aseguró, para después afirmar que están 100% con el Ejecutivo, pero “200% con el pueblo de México”.
El Partido Verde, pese a que se manifestó a favor de que los procesos electorales sean menos costosos, no estuvo de acuerdo en que la financiación no se realizara de manera igualitaria, tanto en recursos económicos como en tiempos de radio y televisión, que hoy se reparten en 70% en función de la representación obtenida y solo 30% de forma equitativa.
Su coordinador, Carlos Puente, lamentó la falta de esfuerzos de Morena para llegar a un acuerdo. “Para cualquier partido que quiera cumplir sus compromisos de campaña y no tenga los votos necesarios es indispensable hacer política: proponer, acordar y estar dispuesto a ceder en una parte de tus pretensiones”.
Su postura coincidió con la del diputado verde Ernesto Núñez, quien en entrevista para Vértigo aseguró que desde el inicio no hubo un consenso en la alianza. “Jamás estuvimos de acuerdo con esa reforma. Es una iniciativa de Morena para Morena”, aseguró.
Añadió que en su alianza con Morena “hemos votado a favor de cientos de reformas, pero en esta ocasión no pudimos llegar a un acuerdo con los encargados de hacer la negociación”.
Para el diputado Núñez, “el tema ya es caso cerrado” y mencionó que lo mejor es “estar centrados en lo que viene”.
Revancha
“Una vez que se vote y se rechace comenzaremos a construirlo. No claudicaremos”, aseguró Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, durante su participación en la Cámara de Diputados en nombre de su bancada.
Y así fue. Apenas unas horas después de que fue rechazada la propuesta, el Ejecutivo federal anunció un Plan B para sacar adelante algunos cambios en los que sí pueda haber consenso con las demás fuerzas parlamentarias.
El segundo intento se basa en tres propuestas: reducir el gasto en Congresos estatales, ayuntamientos y en el Senado, con base en el costo por diputado local, regidor y senador; adelantar la consulta sobre revocación de mandato para 2027; e incluir temas electorales, como la reducción del financiamiento público a partidos, en la lista de asuntos que pueden someterse a consulta popular, para lo cual se necesitaría modificar el artículo 35 de la Constitución.
Además, según adelantó Monreal, se buscaría aplazar un año la elección judicial prevista para 2027 y ponerle un límite al salario de los consejeros del INE para evitar que ganen más que la persona que encabece el Ejecutivo federal.
Se espera que la propuesta se envíe al Congreso esta semana, de modo que el debate apenas comienza.