El 14 de marzo un grupo de 120 elementos de la Guardia Nacional (GN) tomó bajo control el campo de golf Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca, acto que indignó tanto a los trabajadores del complejo deportivo como a los pobladores del lugar, quienes exigen a las autoridades respeto a sus derechos laborales y a su fuente de empleo.
Por su lado, diversas voces demandan también a las autoridades que garanticen la certidumbre jurídica y la legalidad.
El conflicto creado por las autoridades lleva varias semanas. Ya diversos articulistas y expertos en Derecho han señalado la falta de argumentos legales por parte del gobierno para tomar medidas como la llevada a cabo en Tangolunda por policías armados, quienes con sus acciones intimidaron a trabajadores y a pobladores que se vieron indefensos y con un sentimiento de frustración por no poder defender su fuente de empleo: “Así deberían enfrentar a los delincuentes”, expresaron.
Asimismo, los trabajadores denunciaron “abuso de poder”, “prepotencia” e incluso “maltratos” de los uniformados que acompañaban a los “inspectores” con documentos que calificaron de “poco claros”.
De inmediato, diversas voces de expertos señalaron la falta de certidumbre jurídica y la ausencia del Estado de Derecho, porque de un día para otro y pese a los debidos permisos la autoridad resolvió tomar el campo de golf Tangolunda.
Indignación
Recientemente el articulista financiero Carlos Mota publicó en plataformas digitales un documento expedido en 2021 por Fonatur (dependiente del Ejecutivo federal) en el que se establece: “Se autoriza la prórroga por un plazo de cinco años de conformidad con la cláusula cuarta de dicho contrato”, lo que implica que el campo de golf tiene un permiso vigente por varios años más.
El referido documento de Fonatur, del cual han dado cuenta otros espacios informativos, contiene la firma de Marco Jorge Espinosa Ochoa, subdirector de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales del organismo, lo que da pie a que los analistas expresen su indignación por la falta de apego a la ley, pues si la propia autoridad no respeta un documento oficial, “¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos?”
Estas acciones de las autoridades impactan sin duda de manera negativa al sector turístico, a los visitantes y prestadores de servicio.
Mención aparte merecen otras personas directamente afectadas, es decir, los trabajadores que sufrieron el abuso de autoridad y fueron tratados como delincuentes por la GN.
Y, sobre todo, las personas que tienen en ese sitio su fuente de empleo, es decir, el lugar donde obtienen su salario para mantener a sus familias.