Legisladores, juristas, funcionarios electorales y académicos se reunieron durante el foro estudiantil “¿Democracia en riesgo?” para conversar sobre los peligros que entraña la reforma.
Un día antes de que el Ejecutivo hiciera pública la iniciativa electoral que amenaza con situar la democracia al filo del abismo, magistrados, juristas, diputados, senadores y académicos coincidieron en algo: esta reforma, por donde se le analice, es totalmente regresiva, algo que rompe con la tendencia de más de un siglo de cada vez reconocer y garantizar los derechos políticos de los ciudadanos; a establecer competencias electorales parejas, transparentes e independientes, y a entregarle a la ciudadanía el ejercicio de la democracia de principio a fin.
Sobrerrepresentación
El tema que causa mayor escozor en todas las fuerzas políticas —y quizá todavía más entre Morena y sus aliados— es el papel de los legisladores plurinominales, que desde su creación a finales de los setenta buscaron abrir espacios para las disidencias.
“Esperábamos que el oficialismo ayudara a mejorar la representación; sin embargo, presentaron una reforma que busca concentrar el poder, o lo que es lo mismo: eliminar a las minorías”, aseguró el diputado priista Emilio Suárez Licona.
El tema de la representación proporcional no es nuevo. Desde 2015, según contó el diputado a Vértigo, todos los partidos impugnaron la sobrerrepresentación, el verdadero problema a combatir y en el que no han reparado.
Actualmente si un partido gana 54% de los votos, se queda con casi 70% de las curules. “No estamos de acuerdo en cómo se refleja la participación en el Congreso”, afirmó el priista.
“Se podría hacer mucho para contrarrestar esa disparidad”, añadió, y puso un ejemplo: “El partido político en coalición que aporte el mayor número de votos en un distrito no binominal podría contabilizarse para efectos de la sobrerrepresentación a la hora de asignar los plurinominales y evitar así los números que ahora tenemos”.
El ejemplo más ilustrativo de lo anterior es Movimiento Ciudadano. En las pasadas elecciones obtuvo 11% de los votos a nivel nacional, lo que no se ve reflejado en curules, pues apenas tienen cinco por ciento.
“Si se le preguntara a la ciudadanía si eso les parece correcto o justo (haciendo alusión a que la iniciativa fue una demanda de la ciudadanía en las encuestas de opinión), tal vez respondería de otro modo”, afirmó el diputado Juan Zavala, de la bancada naranja.
No van
Esta falta de consenso es solo la cabeza de una larga lista —el financiamiento, la desaparición del PREP, la reducción del presupuesto al INE— que pone en evidencia los desacuerdos que el partido guinda experimenta en su interior.
Durante el foro estudiantil, organizado en la Universidad Iberoamericana, el diputado ecologista Ernesto Núñez Aguilar aseguró que “en esta ocasión el Partido Verde no va a ir con Morena”.
La negativa —explicó— se expresó desde los primeros acercamientos que tuvieron al armar la coalición. “Desde el inicio dijimos que no íbamos” y a todos aquellos que se han atrevido —haciendo referencia a los militantes morenistas— a tacharlos de traidores, les rebatió: “Que nos digan cuándo firmamos un documento de esa naturaleza. Por el contrario, siempre se habló con mucha claridad”.
En exclusiva para Vértigo, y ante la pregunta de si había alguna presión por parte de su bancada que pudiera direccionar su voto en un sentido u otro, el diputado fue contundente: “Nos han pedido acompañar la postura del partido, pero siempre desde la libertad, así que yo espero que esta no sea la excepción”.
Su posición coincide con el anuncio de una contrapropuesta de reforma electoral por parte de su partido. El proyecto incluirá la reducción de la edad para votar, de 18 a 16 años, la obligatoriedad de la votación para los ciudadanos, el reparto del financiamiento público por partes iguales, la reducción de los tiempos en radio y televisión, también en partes iguales, y la desaparición de los tribunales electorales locales.
“Si la iniciativa se presenta como se expuso en líneas generales, sería muy complicado para nosotros aprobarla”, aseguró en tanto Arturo Escobar, coordinador nacional del PVEM.
Dinero sucio
Otro de los temas que atravesó el debate y que no se aborda de manera protagónica en la reforma fue el presunto financiamiento de las campañas electorales por parte del crimen organizado.
“Una reforma que no toque el dinero ilícito en las campañas de todos los partidos —por todos me refiero a todos, el PAN en primer lugar— será una farsa”, aseguró Germán Martínez Cázares, diputado del blanquiazul.
En la reforma avalada por el Ejecutivo no se prevén hasta el momento sanciones o acciones concretas para evitar que el crimen organizado se entrometa y dirija el curso de las elecciones, ya sea a través del financiamiento o postulando candidatos.
“Si se recorta el presupuesto a los partidos no solo no vamos a tener piso parejo, los primeros en alzar la mano para contrarrestar esa falta van a ser los delincuentes”, aseguró el diputado Emilio Suárez Licona.
“Presentaron una reforma que busca concentrar el poder”.
Para el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, el financiamiento debería no pensar en recortes sino encaminarse en otra dirección. “Debemos ser más voraces sobre el escrutinio del dinero que financia las campañas y también repensar la forma en que se distribuye el dinero público”.
Los partidos reciben cierta cantidad con base en el número de personas inscritas en el padrón electoral. “No importa si votas o si te abstienes, los partidos reciben el dinero de cualquier forma”, aseguró.
Y es ahí donde identificó el problema. “Eso genera un incentivo perverso, pues no se ven obligados a ganarse el voto de la gente”. Por lo que planteó la siguiente alternativa: “Con base en la votación válida emitida y no en el tamaño del padrón debería reflejarse en el presupuesto. Eso obligaría a los políticos a competir por el voto y no solo a repartirse el pastel”, cerró.
Daños colaterales
En tal disyuntiva, el INE es el único que podría frenar la injerencia del crimen organizado en las elecciones, pues es el órgano facultado para revisar los gastos de todos los partidos políticos.
O al menos ese sería el ideal, pues según Carla Humphrey, consejera del órgano electoral, la principal traba que se enfrenta al querer recabar datos es el secreto ministerial, que impide que dependencias como el SAT, la UIF, la CNBV y la FGR proporcionen información, bajo el argumento de que el INE no forma parte de la carpeta de investigación.
“No somos parte de esa carpeta, pero somos la única autoridad constitucionalmente autorizada para revisar los gastos. Es una contradicción”, explicó.
Según el proyecto presentado por el Ejecutivo el dinero que les destinan disminuirá hasta en 25%, convirtiéndolo en uno de los principales damnificados de la reforma próxima a llegar a la Cámara de Diputados.
“Ha llegado el momento de revisar el gasto de los procesos electorales; hay que acabar con la hipertrofia de los organismos administrativos electorales que ha sufrido nuestro país”, aseguró al respecto Pablo Gómez, el crítico de izquierda encargado de redactar el proyecto.
Sin embargo, según Humphrey esa aseveración no es del todo cierta. “El dinero que nos dan —aseguró— equivale apenas a 20 centavos por cada 100 pesos del presupuesto”.
El argumento fue apoyado por el diputado Emilio Suárez, quien aseguró que ese gasto no es significativo “comparado con los sobrecostos de megaobras como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que rebasaron los 800 mil millones de pesos”.
Y sobre la afirmación que denosta al INE al catalogarlo como “el órgano electoral más caro del mundo”, Humphrey recordó que “ningún órgano electoral a nivel global tiene la cantidad de funciones que lleva a cabo el instituto”.
En su haber, “el INE lleva el registro federal de electores; credencializa a todos los mexicanos, en México y en el extranjero; organiza y fiscaliza los procesos electorales; organiza la conformación de nuevos partidos políticos; lleva a cabo la capacitación y educación cívica del país; diseña el material electoral para que las elecciones sean posibles y varias funciones más”.
En exclusiva para Vértigo, la consejera llamó a “ser racionales en lo que se le exige a un instituto al que se le piden cada vez más cosas y se le da menos presupuesto”. Y puso la lupa en otros factores no considerados que podrían abonar al mejoramiento del instituto:
“Tenemos que transitar hacia el voto electrónico, fiscalizar de la mano de la IA. Tenemos a muchos auditores haciendo dictámenes para sancionar partidos. Eso ya lo puede hacer la IA, con supervisión humana, y afinar con minería de datos, por ejemplo”.
Sobre los mejoramientos a la fiscalización de los partidos propuso “elevar las sanciones para que de verdad se inhiban los partidos de cometer las faltas mencionadas y sancionar directamente a funcionarios de la CNBV, a instituciones como el SAT o la UIF, por no darnos información”.
Luego de cuatro mesas de diálogo el foro terminó dejando ver que el debate apenas comienza.