Coparmex: “No es momento de una reforma electoral”

Las prioridades deben ser la seguridad y la inversión

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Ciudad de México, 24 de febrero de 2026. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) considera que la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. Por ello, “la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país”.
“En el contexto actual, en el que enfrentamos incertidumbre económica interna y externa, aunado a la necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y paz en el país para generar las condiciones necesarias para la inversión, insistimos en que la discusión de una reforma electoral resulta riesgosa e inoportuna”.
“La pretensión de iniciar este debate y plantear cambios institucionales ocurre en un momento especialmente delicado, con retos significativos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y las debilidades del Estado de Derechos. Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división”.
“A ello se suma el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico. La confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad. Cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos”.
“Además, este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea. La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social”.

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