Los diputados federales del PRI afirmaron que la seguridad no se construye violando libertades y derechos, por lo que anunciaron su voto en contra de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia por considerar que se instaurará un Estado fisgón, que accederá a la vida privada de los ciudadanos.
Al posicionar a nombre del PRI, el legislador Emilio Lara, advirtió que esta ley representa una amenaza directa contra la privacidad de las y los mexicanos, contra la presunción de inocencia y contra los derechos que la Constitución garantiza.
Ello, debido a que el régimen de Morena pretende interconectar bases de datos de todos los niveles de gobierno y, lo más grave, también de entes privados, sin explicar cómo se obtendrán esos datos, sin establecer mecanismos de control, sin protección real para la información más sensible que poseemos como ciudadanos, por lo que podrán tener acceso a los datos bancarios, historiales médicos, registros fiscales y comunicaciones personales.
Al respecto, el coordinador parlamentario Rubén Moreira señaló que El oficialismo construye un Estado fisgón, un Gran Hermano Orwelliano que puede seguir en tiempo real la ubicación de cualquier persona y saber con quién está, a través de sus dispositivos móviles”, mientras la Secretaría de Seguridad Pública está falseando las encuestas y escondiendo la realidad con la desaparición de fuentes abiertas que antes reportaban los datos de homicidios día a día.
En ese marco, los priistas Ana Isabel González y Miguel Alonso Reyes declararon que esta ley representa un retroceso autoritario y una amenaza directa a los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Porque, advirtieron, Morena no busca dar seguridad, sino controlar a la población y en vez de construir instituciones, está consolidando mecanismos de espionaje desde el poder.
Señalaron que esta legislación aprobada con modificaciones de última hora autoriza el acceso irrestricto a bases de datos personales, biométricos, telefónicos, fiscales, bancarios, vehiculares y de salud, tanto del sector público como privado. Se trata, dijeron, de una arquitectura legal que institucionaliza la vigilancia masiva, sin controles judiciales efectivos ni garantías de protección de datos.
Dejaron claro su rechazo a la propuesta de establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, por los riesgos y las graves implicaciones que podrían tener en la privacidad de los usuarios.
Además, los legisladores priistas explicaron que la ley contempla sanciones para empresas que se nieguen a entregar información personal, lo que criminaliza la protección de la privacidad y somete a los ciudadanos a un régimen de sospecha permanente.
Sostuvieron que esta ley se realizó sin análisis ni debate, en un contexto de opacidad y atropello al procedimiento legislativo. Es más, dijeron, ni si quiera la presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana conoció el contenido completo del nuevo dictamen.
Para evidenciar los errores cometidos en lo que se publicó hoy en la madrugada, la diputada Xitlalic Ceja exhibió a Morena ya sus aliados porque las firmas del documento son copia de las rubricadas en la ley anterior que se votó, por este descuido solicitó una moción suspensiva para posponer el debate.
Esta ley, concluyeron los diputados del PRI, no fortalece la seguridad pública, sino que abre la puerta al espionaje político, la censura y la intimidación, centraliza el poder de vigilancia en manos del Ejecutivo. Aseguraron que la paz es posible, pero no con estas leyes que dan paso al autoritarismo, la opacidad y la falta de transparencia de las instituciones de Seguridad.