Crece el rechazo a la propuesta de realizar el ejercicio de revocación de mandato el mismo día que la elección federal de 2027.
El Ejecutivo federal envió al Senado de la República una iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia electoral establecidas en la Constitución y leyes secundarias, a la cual se le denomina Plan B. Esto ocurre luego de que su pasada propuesta de reforma electoral no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en la Cámara de Diputados.
A decir de los legisladores de los partidos de oposición y expertos en la materia —constitucionalistas, exconsejeros electorales y analistas políticos— el Plan B busca desequilibrar la competencia electoral en favor de Morena, debilitar a las fuerzas políticas contrarias al régimen, violar el pacto federal y vulnerar la autonomía de los órganos electorales.
De nuevo, organizaciones de la Iniciativa Privada como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigen al gobierno federal no insistir en cambios legales que eliminen la pluralidad política y, por ende, deterioren la democracia.
En este sentido, advierten que este tipo de propuestas generan incertidumbre política e inestabilidad, lo que afecta un ambiente propicio para las inversiones en el país.
Argumentos
El pasado martes 17 de marzo la Secretaría de Gobernación presentó los puntos que contiene la nueva propuesta de reforma constitucional en materia político-electoral, el denominado Plan B, llamado así porque el Plan A, es decir, su pasada propuesta de reforma político-electoral, no logró los votos necesarios.
La nueva iniciativa propone los siguientes cambios constitucionales: reducir las regidurías, es decir, el número de integrantes —de diferentes partidos políticos— que conforman, junto con el presidente municipal, los ayuntamientos.
También plantea reducir los recursos asignados a los Congresos locales.
El gobierno federal señala que “los ahorros se utilizarán en obras de infraestructura pública de los municipios y entidades federativas”.
Por otro lado, propone reducir hasta en 15% el gasto de los órganos electorales; esto es, Instituto Nacional Electoral (INE), institutos electorales y tribunales electorales locales; fundamentalmente, reduciendo los ingresos de los consejeros y magistrados.
Igualmente, plantea que el ejercicio de revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal pueda realizarse en el cuarto o bien tercer año de gobierno; y en este caso, que la votación coincida con la elección federal. Además, plantea que la “persona sujeta a revocación (presidenta) pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor”.
La iniciativa propone “prohibir el uso de tiempos oficiales” en los medios de comunicación electrónicos para la promoción del ejercicio de revocación; pero nada señala sobre el uso de las conferencias de prensa (mañaneras) o giras de trabajo de autopromoción.
En cuanto a leyes secundarias, el Plan B vuelve a proponer que los cómputos distritales comiencen “a la conclusión de la jornada electoral” y no dar un margen de dos días, como se establece actualmente.
Asimismo, plantea que sea obligatorio transparentar las remuneraciones de los dirigentes de los partidos; que los partidos reporten sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistema bancarizado; y prohíbe el uso de recursos ilícitos, pero sin detallar cómo evitarlo y sancionarlo, y sin tener en cuenta que la reducción de recursos al INE hará aún más difícil esta tarea.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa el propósito es “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”.
Objetivos ocultos
Al hablar de los cambios en la fecha de la revocación de mandato, Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, aseguró que eso significa incluir en la boleta electoral al Poder Ejecutivo en las elecciones de 2027 y significaría, a su vez, atraer más votos para Morena.
El Ejecutivo “quiere tener la revocación del mandato en 2027 porque va a sumar una boleta donde se pregunte si la gente quiere que se vaya o que se quede y evidentemente garantizar votos, sobre todo en elecciones que son muy complejas para el morenismo”.
Para Jesús Zambrano, exdirigente nacional del extinto PRD, adelantar la consulta “es una verdadera y absoluta trampa” y el fin es “meter al Ejecutivo a hacer campaña y desequilibrar la cancha del juego”.
Sobre la revocación, Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), explicó: “El propósito político parece evidente: aprovechar la aprobación presidencial para que el Ejecutivo aparezca en la boleta, haga campaña y levante a los candidatos de Morena. Pero el costo puede ser alto. Se forzará la polarización del electorado y se obligará a la gente a formarse en una de dos filas: que se quede o que se vaya. Y eso constituye un riesgo en una elección intermedia en la que participará más de la mitad del electorado”.
Es un riesgo, añadió, para el propio Ejecutivo: “Podrá ‘ganar’ su ratificación, pero mucha gente votará —reitero, forzada por una consulta ficticia— para que sea revocada. Habrá ciudades y regiones donde incluso pueda imponerse el ‘que se vaya’. ¿Para qué exponer la investidura presidencial a un desgaste innecesario?”
La revocación anticipada, puntualizó, “también es un riesgo para las campañas. Por un lado, una elección en la que estarán en juego 17 gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como cientos de alcaldías, quedaría opacada por una polarización forzada”.
Ugalde también criticó que “con el pretexto de recabar firmas equivalentes a 3% de la lista nominal el oficialismo saldrá a las calles desde finales de este año para movilizar a su base, aceitar su maquinaria territorial y comenzar, en los hechos, una promoción anticipada. Pero hay una reflexión aún más importante: esta fórmula puede convertirse en una mina de ingobernabilidad para el futuro”.
En cuanto al argumento de la austeridad, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, expuso: “El Plan B es un engaño para acumular poder, para deshacer la democracia. Te ponen dos o tres temas que parecen atractivos, como la austeridad, por ejemplo, pero por la puerta de atrás quieren terminar con los partidos políticos, con la participación ciudadana, con los órganos autónomos, con la representación plural en los municipios y en los Congresos locales. Lo que quieren es terminar con la democracia; por eso insisto en señalar que se trata de una Ley Maduro”.
El senador panista Mario Vázquez advirtió a su vez que “cualquier intento de regulación o intromisión del gobierno federal en la organización interna de estados y municipios representa un riesgo directo para el federalismo y la autonomía de las entidades federativas”.
También alertó sobre la posibilidad de que las modificaciones legales a las leyes secundarias puedan “invadir competencias estatales o incluso contradecir a la misma Constitución, lo que podría generar incertidumbre jurídica e incluso política”.
Innecesaria
El presidente de la Coparmex, José Sierra, destacó que “la reciente votación sobre la reforma a la Constitución en materia electoral evidencia que no existen las condiciones de consenso para modificar las bases que rigen nuestro sistema democrático”.
En este sentido, el organismo reiteró que lo importante ahora es que el Estado atienda los retos prioritarios: “Recuperar la seguridad en distintas regiones, fortalecer la justicia, impulsar el crecimiento económico y generar condiciones que den confianza a quienes invierten, crean empleo y bienestar”.
Con respecto al Plan B expuso: “México requiere estabilidad política, instituciones sólidas y reglas claras que garanticen la certeza jurídica necesaria para atraer inversión, impulsar el crecimiento económico y ampliar la generación de empleos formales. Cuando las reglas cambian de manera constante se envían señales de incertidumbre que debilitan la confianza y afectan directamente el dinamismo económico del país”.
Pronósticos
El pasado 17 de marzo el Senado recibió la iniciativa de reforma en materia político-electoral enviada por el Ejecutivo federal. Al día siguiente fue turnada a las comisiones respectivas para su análisis y dictaminación; y se prevé que el miércoles 25 de marzo sea votada en el pleno.
El pasado 16 de marzo las dirigencias de Morena y sus aliados legislativos anunciaron que votarían a favor del Plan B; sin embargo, entre el miércoles 18 y el viernes 20 legisladores y dirigentes del PT emitieron declaraciones en el sentido de no apoyar dicha propuesta.
“Riesgos para el federalismo”.
Benjamín Robles, legislador del PT, aseguró que el Plan B, concretamente el tema de realizar la revocación de mandato el mismo día de las elecciones federales, representa un caso de “inequidad electoral”.
También señaló otros puntos con los que no está de acuerdo y aseguró que el PT no cederá ante intentos de reconstruir un sistema de partido único, lo cual sucedería si fuera aprobado el Plan B: “No podemos aceptar regresiones democráticas. No estamos dispuestos a ceder tan fácilmente. Si no logramos convencer a nadie, nos sentiremos en el derecho de votar conforme a nuestra conciencia”.
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, subrayó que su partido está “analizando” la propuesta: “Estamos en reflexión. ¿Cuál es la intención? Si es avanzar en la democracia o se va a despanzurrar la democracia. Es la clave que hay que resolver”.
Por tratarse de una reforma a la Constitución la propuesta del Ejecutivo federal requiere ser aprobada por mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados: 85 de los 128 senadores y 334 de los 500 diputados.
Grupos parlamentarios en el Senado
Morena 67
PAN 21
PVEM 14
PRI 13
MC 6
PT 6
Grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados
Morena 252
PAN 70
PVEM 62
PT 49
PRI 37
MC 28