CDMX. 27 de enero de 2026. El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que atiendan de manera urgente, integral y definitiva la falta de pago de sueldos, prestaciones y estímulos laborales que enfrentan maestras, maestros y personal administrativo de Institutos Tecnológicos en el país.
En el documento, enviado a la Comisión Permanente, el coordinador parlamentario del PRI solicita garantizar el respeto pleno a los derechos laborales y humanos de los afectados, así como la continuidad del servicio educativo público sin afectaciones a la comunidad estudiantil.
El legislador expuso, el caso particular de Campeche, que en días recientes se han difundido ampliamente en redes sociales protestas pacíficas del personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico de esta entidad, adscrito al Tecnológico Nacional de México, quienes denuncian adeudos que se arrastran desde el ejercicio fiscal 2024 y que, a la fecha, no han sido regularizados.
En los materiales difundidos, advierte el priista, se observa a las y los trabajadores laborando bajo protesta, colocando mantas y exigiendo el cumplimiento de obligaciones patronales por parte del Estado mexicano. “No se trata de demandas extraordinarias ni de privilegios, sino del pago de derechos ya devengados”, subrayó.
El congresista advirtió que la situación ha escalado al punto de que existe el riesgo de una suspensión de labores, no como medida de presión política, sino como consecuencia del agotamiento de los canales institucionales de diálogo y de la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes.
Indicó que de acuerdo con las y los docentes afectados, las principales exigencias incluyen: pago inmediato de prima vacacional, estímulos por puntualidad y asistencia, estímulos al desempeño académico, pago de promociones docentes correspondientes al ciclo 2024–2025, regularización administrativa de movimientos de personal ya dictaminados, pero no reflejados en nómina, así como instalación de mesas de diálogo formales con autoridades federales, con plazos claros y compromisos verificables.
Rubén Moreira precisó que al menos 133 docentes y 58 trabajadores administrativos se encuentran directamente afectados, lo que representa una proporción sustantiva de la plantilla laboral del plantel y pone en riesgo la estabilidad académica de cientos de estudiantes.
El exgobernador de Coahuila subrayó que la falta de pago oportuno de salarios y prestaciones constituye una violación directa al artículo 123 de la Constitución, que garantiza una remuneración digna, suficiente y puntual, además de vulnerar derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sostuvo que resulta inadmisible que quienes sostienen la educación pública enfrenten incertidumbre económica derivada de fallas administrativas del propio Estado, y señaló que la falta de coordinación entre la SEP, el Tecnológico Nacional de México y la SHCP refleja una deficiente gestión del presupuesto educativo.
Por ello, desde el Poder Legislativo, Rubén Moreira hace un llamado a ambas dependencias federales a regularizar de inmediato todos los pagos adeudados y a establecer mecanismos de solución estructural que eviten la repetición de este tipo de conflictos.
“La educación pública es una función estratégica del Estado mexicano. Defender los derechos laborales del magisterio es defender la calidad y continuidad del servicio educativo”, concluyó.