Avances históricos en paridad y educación contrastan con brechas económicas, sobrecarga de cuidados y una violencia que se traslada del espacio público al digital.
Cada 8 de marzo (8M) las calles se tiñen de morado, los discursos institucionales se multiplican y las cifras sobre avances en igualdad ocupan titulares. En 2026 México puede presumir hitos históricos: paridad constitucional, mayor presencia femenina en espacios de poder y un lugar destacado en los rankings internacionales sobre brecha de género. Sin embargo, fuera de la simbología y las estadísticas, la vida cotidiana de millones de mujeres cuenta otra historia.
La fotografía es paradójica. Mientras el país escaló posiciones en los indicadores de empoderamiento político, permanece rezagado en oportunidades económicas. Solo 46% de las mujeres participa en el mercado laboral; más de la mitad trabaja en la informalidad; y por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe en promedio 86.
A la par, 73% del trabajo no remunerado —cocinar, limpiar, cuidar, sostener— recae sobre ellas. Ese esfuerzo invisible equivale a casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB).
La desigualdad no solo se limita al ingreso. Se expresa en el miedo a usar transporte público, en la violencia que atraviesa los hogares y ahora también las pantallas, en algoritmos que reproducen sesgos y en sistemas de justicia que avanzan más lento que la tecnología. Se manifiesta también en las trayectorias truncadas de adolescentes que abandonan la escuela por un embarazo temprano, en jóvenes que estudian más, pero acceden menos a puestos de decisión, en profesionistas con posgrado que aún enfrentan brechas salariales de hasta un tercio de sus ingresos.
Más allá del 8M la discusión ya no es solo cuántas mujeres llegan al poder, sino cuántas realmente pueden ejercer su autonomía económica, vivir libres de violencia y decidir sobre su tiempo, su cuerpo y su destino.
Paridad en la ley, poder en disputa
“La mera presencia de mujeres en los cargos no garantiza que cambien las reglas del juego”, dice a Vértigo Karolina Monika Gilas, politóloga e investigadora de la UNAM, especializada en representación política y perspectiva de género.
En las últimas dos décadas el país transformó su marco legal para garantizar representación igualitaria. De las cuotas en candidaturas legislativas a inicios de la década de 2000 se pasó a la reforma constitucional de 2019, conocida como Paridad en Todo, que obliga a garantizar igualdad en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno y en los organismos autónomos. En 2024 México eligió a su primera presidenta. El Congreso federal es prácticamente paritario. En términos numéricos, el avance es innegable.
No obstante, la especialista advierte que la representación no es homogénea ni implica automáticamente redistribución del poder. “Una cosa es que las mujeres estén en los cargos y otra es cómo se distribuyen los espacios donde realmente se toman las decisiones estratégicas”, explica.
El contraste es más claro cuando se baja al ámbito local. “Los avances que tenemos en los legislativos nacionales no son iguales en el ámbito municipal. En México no hemos podido rebasar 30% de mujeres en las presidencias municipales, aunque sí estamos bastante más altos en las regidurías o sindicaturas”, indica.
Si la presencia femenina no es proporcional en esas posiciones ejecutivas, la paridad pierde fuerza en el territorio donde se ejerce buena parte del poder público.
Además, el ejercicio del cargo no ocurre en condiciones iguales. Gilas subraya que la violencia política en razón de género es una realidad documentada a nivel global.
“La Unión Interparlamentaria encontró que 80% de las mujeres legisladoras en el mundo dice enfrentar algún tipo de violencia ya ejerciendo su cargo, amenazas, agresiones, intentos de silenciamiento”.
Esa violencia no siempre es física. Se expresa también en descalificaciones constantes, cuestionamientos diferenciados y exigencias adicionales. “Hay esta expectativa de que las mujeres tendrían que justificar su presencia en el poder logrando cosas especiales o más grandes”, explica.
La distribución interna del poder dentro de los Congresos también refleja inercias. Gilas explica que las mujeres suelen concentrarse en comisiones vinculadas a temas considerados “sociales” o tradicionalmente femeninos, mientras que las comisiones con mayor control político o presupuestal siguen siendo presididas mayoritariamente por hombres.
“Definitivamente no es igual el ejercicio del poder para ellos y para ellas”, afirma.
México logró modificar la ley con rapidez. Lo que aún está irresuelto es la transformación de las prácticas políticas, las jerarquías informales y las resistencias que acompañan el avance de las mujeres en los espacios de decisión.
Desigualdad que persiste
El estudio Mujeres en la economía: 100 años de datos, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), documenta una transformación histórica en educación. A inicios del siglo XX78% de las mujeres no sabía leer ni escribir; para 2020 esa cifra se redujo a 5%. La brecha de género en analfabetismo, que llegó a ser de nueve puntos porcentuales, hoy es mínima.
La expansión continuó en la educación superior. En 1950 apenas tres mil mujeres estaban inscritas en universidades; para 2020 la cifra alcanzó 2.6 millones. La paridad en la matrícula se logró en 2010 y, hoy, las mujeres incluso superan ligeramente a los hombres en las aulas.
“En educación superior las mujeres representan 53% de la matrícula”, subraya Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del IMCO. “El acceso, al menos en términos agregados, dejó de ser la principal barrera”, explica en entrevista.
No obstante, el avance educativo no se tradujo automáticamente en igualdad económica.
El mismo análisis histórico muestra que la participación laboral femenina pasó de 6% en 1900 a alrededor de 46% en la actualidad. Sin embargo, esa incorporación ocurre en condiciones desiguales. De acuerdo con el Monitor Mujeres en la Economía, también del IMCO, la brecha salarial persiste: las mujeres reciben, en promedio, 14% menos ingresos que los hombres por trabajos equivalentes. Más de la mitad —55%— trabaja en la informalidad.
“Persisten brechas importantes”, advierte Campos. “Además, la carga del trabajo no remunerado sigue siendo desigual”.
Esa carga es estructural. Mientras los hombres dedican alrededor de 16 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, las mujeres destinan cerca de 40. En total, 73% del trabajo no remunerado del país recae sobre ellas. Su valor económico equivale a casi una cuarta parte del PIB.
Las trayectorias educativas también están atravesadas por factores sociales. El estudio muestra que el embarazo adolescente se redujo de 129 a 60 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años en las últimas seis décadas. La caída es significativa, pero México mantiene niveles elevados frente a economías desarrolladas, sobre todo en ámbitos rurales y en las periferias.
La maternidad temprana interrumpe la escolaridad, limita la inserción laboral y reduce ingresos futuros. Cada abandono escolar asociado a embarazo adolescente se convierte en una brecha acumulativa a lo largo de la vida.
Además, la segregación por carreras persiste. Aunque son mayoría en las universidades, las mujeres se concentran en áreas vinculadas al cuidado y la docencia, entre las de menor remuneración, mientras que los hombres predominan en las áreas STEM, que agrupan disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, sectores con mejores salarios.
La desigualdad, además, no es homogénea. Se profundiza en estados con mayor rezago educativo y menor participación económica femenina, particularmente en el sur del país. Las cifras varían por territorio, pero el patrón se repite: menos escolaridad, más informalidad, mayor carga de cuidados. Ahí los números adquieren rostro.
Sororidad colectiva
“Trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia estructural, madres buscadoras, mujeres migrantes, adolescentes sobrevivientes de explotación sexual y trata, abuelitas en abandono y madres de familia que han atravesado violencia directa”, explica Paola Cassaigne Ramos, presidenta ejecutiva de Movimiento Raíz.
En esos contextos la educación incompleta, la maternidad temprana o la migración forzada no son estadísticas aisladas: son condiciones que restringen la autonomía económica. Muchas mujeres migrantes no pueden validar estudios ni acceder a empleos formales; las madres buscadoras enfrentan no solo la violencia y el duelo, sino la imposibilidad de sostener una trayectoria laboral estable.
Movimiento Raíz es un ejemplo de cómo muchas ONG en México trabajan en seguridad alimentaria, salud sicoemocional y redes de cuidado mutuo. Ahora, indica Cassaigne, buscan incorporar proyectos de autonomía económica para madres migrantes con cuidado infantil incluido. “La columna vertebral de Movimiento Raíz es el cuidado mutuo. Es fundamental reconocer que el cuidado no remunerado es esencial para la vida y que debe incluir a todos, no solo a las mujeres”.
El mercado laboral evolucionó más rápido que las estructuras de cuidado. Las mujeres estudian más, participan más y viven más años, pero siguen asumiendo la mayor parte del trabajo que sostiene la vida cotidiana.
Para Cassaigne, ahí está el núcleo del problema y también la posibilidad de transformación: “Si logramos distribuir los cuidados de manera equitativa y disfrutarlos, podemos desmontar mucha violencia, mejorar la vida de niños, niñas y adultos, y construir sociedades más solidarias y resilientes”.
Violencia en línea, consecuencias reales
La violencia contra las mujeres no se detiene en el espacio físico. Se traslada, se amplifica y se transforma en el entorno digital. Lo que antes ocurría en privado hoy puede volverse viral en cuestión de minutos.
México cuenta con un marco legal específico: la Ley Olimpia, aprobada en todo el país para sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Sin embargo, la existencia de la ley no ha eliminado el problema.
“Hoy ya tenemos legislación. La Ley Olimpia existe y ha avanzado, aunque requiere reformas y mejoras operativas. Pero incluso si tuviéramos una ley perfecta y un sistema de justicia completamente con perspectiva de género, el mayor obstáculo sigue siendo la responsabilidad de las empresas digitales”, explica a Vértigo Olimpia Coral Melo, activista e impulsora de esta reforma.
La dificultad no es menor. Según explica, cerca de 60% de las denuncias por violación a la intimidad sexual en la Fiscalía de la Ciudad de México no ha podido vincularse a proceso por falta de pruebas técnicas que están en manos de las plataformas digitales.
“Cuando el agresor usa una identidad falsa o cuando se utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para crear imágenes, las fiscalías necesitan información técnica que las empresas simplemente no están entregando”, señala.
El problema no se limita a la difusión de imágenes. Se trata de un ecosistema digital donde los cuerpos de las mujeres son explotados, mercantilizados y convertidos en objeto de consumo. “Las plataformas no son solo el medio por el que pasa la violencia: también son responsables”.
La violencia digital, advierte, no es un fenómeno aislado ni menor. Tiene consecuencias sicológicas profundas —ansiedad, depresión, aislamiento— y puede escalar. “Lo digital es real. Y mientras no entendamos eso seguiremos minimizando un problema que atraviesa la dignidad, la libertad y la seguridad de millones de mujeres todos los días”.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2025 se abrieron 721 carpetas de investigación por feminicidio en el país, un promedio cercano a dos casos diarios, si bien cifras extraoficiales hablan hasta de once feminicidios al día.
El hostigamiento digital puede convertirse en vigilancia, en amenazas, en persecución fuera de la pantalla. La exposición de datos personales puede facilitar localización física. La difusión de contenido íntimo puede derivar en extorsión, violencia directa y en casos extremos escalar hasta poner en riesgo la vida.
Más allá del 8M, de acuerdo con las especialistas consultadas, el reto es estructural: redistribuir el cuidado, cerrar brechas económicas, garantizar justicia y reconocer que la violencia —física o digital— no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema que todavía coloca a millones de mujeres en desventaja.
La igualdad no se mide solo en estadísticas. Se mide en la posibilidad real de vivir sin miedo, decidir sobre el propio tiempo, cuerpo y destino.