Ciudad de México, a 26 de enero. Activistas animalistas y liderazgos de Movimiento Ciudadano se dieron cita en los Juzgados del Poder Judicial para anunciar que les fue concedido el amparo para ampliar los derechos de los casi 1000 perros y gatos del Refugio Franciscano.
La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció la obtención de una suspensión provisional dentro del amparo promovido el pasado 14 de enero, actualmente bajo custodia del Gobierno de la Ciudad de México, luego, un amparo al que denomina como “amplificador de derechos y bienestar animal”, pero señaló que queda como gran pendiente los protocolos de adopción.
En rueda de prensa realizada en las instalaciones del Poder Judicial, y acompañada de la defensora animalista y Senadora suplente Julieta Macías Rábago, el abogado y Secretario de Organización de Movimiento Ciudadano de la CDMX, Edmundo Cruz Cotero, ña Concejala Maribel Ramírez, y el funcionario de la dirigencia nacional Rodrigo Cordera, Ballesteros explicó que el recurso legal tiene como objetivo ampliar y reforzar la protección jurídica, y obligar a las autoridades responsables a rendir cuentas periódicamente sobre su estado de salud, alimentación, cuidados y condiciones de resguardo.
La legisladora detalló que, aunque el Gobierno capitalino ha implementado medidas desde que asumió la custodia de los animales, fue necesario acudir a los juzgados para exigir una ampliación formal de sus derechos mediante un amparo garantista que imponga una obligación reforzada a las autoridades.
“Reclamamos ante los juzgados una ampliación de sus derechos a través del amparo, para garantizar el cuarto constitucional y todos y cada uno de los derechos que les han sido otorgados, para este gobierno y los que le sigan, y para que se plasme en Ley”.
La Senadora suplente Julieta Macías Rábago, por su parte explicó que el juzgado ya concedió una suspensión provisional que protege específicamente las peticiones relacionadas con bienestar animal y que obliga a las autoridades a entregar informes periódicos sobre el trabajo que realizan para cuidar a los animales en materia de alimentación, salud, custodia y el lugar donde se encuentran resguardados.
“Tenemos una suspensión provisional que nos da claridad de que van a estar completamente protegidos en sus derechos por parte de las autoridades”, afirmó Macías Rábago.
No obstante, las promoventes explicaron que aún está pendiente que el juzgado resuelva la suspensión definitiva, particularmente en lo relativo al protocolo de adopción y a la creación de un portal de transparencia o micrositio con los expedientes de salud de los animales.
Lamentó que, debido a procesos legales en curso entre la fiscalía y otras denuncias, varios perros —incluidos ejemplares entrenados como olfativos— no puedan ser dados en adopción, pese a encontrarse en condiciones óptimas de salud.
“Muchos de ellos están listos para poder encontrar una familia. Lo que seguiremos peleando es que el protocolo de adopción y el portal de transparencia no dejen de ser un mandato por parte de los juzgados y que sean parte de la suspensión definitiva”, afirmó Ballesteros.
El abogado Edmundo Cruz Cotero, enmarcó el caso del Refugio Franciscano dentro de una problemática más amplia y reiteró la necesidad de contar con una Ley General de Bienestar Animal a nivel nacional.
“El Estado mexicano está en deuda con los seres sintientes, con los animales domésticos, de granja y con los que hoy están en cautiverio. Necesitamos una ley general que haga garantes sus derechos”, declaró.