Las mujeres buscadoras de México representan un rayo de esperanza en una sociedad marcada por la desaparición sistemática de mujeres, pero sin reconocimiento formal, protección efectiva ni voluntad política, su valor facilitador de justicia queda relegado a un acto heroico individual, vulnerable y costoso, enfatizó este lunes el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Además, al no sancionar a sus agresores, México expone día a día a las buscadoras de personas desaparecidas a la violencia e injusticia estructural, advirtió el CEDAW en su informe periódico sobre el país, divulgado hoy en Ginebra.
El Comité afirmó que la labor de esas mujeres es vital para el derecho a la verdad y la justicia, e insistió en México requiere de una acción inmediata para protegerlas.
Discriminación y violencia
El análisis de la situación de las mujeres mexicanas dio cuenta de la discriminación y violencia de los grupos del crimen organizado y otros actores que a menudo enfrentan las buscadoras, y urgió al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar sus vidas y legitimar su tarea, reconociéndolas oficialmente como defensoras de los derechos humanos.
Sólo así se avanzará hacia la eliminación de la impunidad y al reconocimiento pleno de los derechos de esas mujeres como agentes clave en la defensa de los derechos humanos, recalcó el Comité.
Madres, hermanas y activistas
Las mujeres buscadoras son madres, hermanas y activistas que rastrean a familiares desaparecidos en contextos de violencia y trato desigual.
Esas mujeres recorren campos, hospitales, fosas clandestinas o morgues, encarando amenazas, agresiones, desplazamiento forzado y asesinatos, además de ser víctimas de la desesperación y desgaste físico y emocional constante.
El Comité señaló que, luego de reconocerlas, México debe integrar a las buscadoras en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, argumentando que esa medida permitiría que reciban medidas de protección preventiva, no solo reactivas tras ataques.
El informe recomendó desarrollar protocolos de protección colectivas que se adapten a las condiciones de búsqueda, incluyendo esquemas que cubran desplazamientos a zonas peligrosas, exhumaciones en fosas clandestinas y visitas a morgues u hospitales.
Investigar las denuncias
El CEDAW pidió que se investiguen de forma rápida y exhaustiva todas las denuncias de abusos contra las buscadoras por agentes estatales u organizaciones criminales.
Además, instó a México a fortalecer la coordinación transparente y efectiva entre autoridades federales y estatales, con protocolos homogéneos e integración de perspectiva de género.
El Comité destacó los asesinatos, amenazas, hostigamiento y criminalización que sufren las buscadoras y detalló que entre 2010 y 2024, fueron asesinadas al menos 22 de ellas, evidenciando un patrón de riesgo sistemático.
En 2024, las buscadoras llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando a las autoridades nacionales de negarse a reconocerlas y protegerlas como tal.
En esa ocasión, demandaron transparencia, resultados concretos investigaciones y sanción de los agresores en los casos reportados al Mecanismo Nacional.
Recomendaciones sin implementar
El Comité reconoció que México ha promovido iniciativas a favor de la igualdad; sin embargo, consideró que los avances aún son limitados y exigió la creación de sistemas de monitoreo y rendición de cuentas vinculados a las recomendaciones de informes anteriores que todavía no se cumplen.
Entre las recomendaciones pendientes de implementarse, citó la tipificación penal uniforme de desaparición forzada, la simplificación y eficacia de protocolos de alertas, y el fomento de registros oficiales y estadísticas confiables.
El Comité sostuvo que la falta de seguimiento a estos compromisos perpetúa la impunidad.