Ciudad de México, 14 de diciembre 2025.– El reciente bloqueo de cuentas bancarias a 13casinos en distintos estados del país por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, tras detectar posibles esquemas de lavado de dinero ligados a la delincuencia organizada, volvió a poner en el centro del debate el papel de los casinos dentro del sistema financiero mexicano.
Para empresarios y actores del sector financiero, el mensaje es claro: mientras la regulación de juegos y apuestas siga anclada a un marco legal de mediados del siglo pasado, casinos y plataformas digitales continuarán siendo una puerta de entrada para capitales ilícitos. “El caso de los 13 casinos no es un hecho aislado, sino la consecuencia natural de una Ley Federal de Juegos y Sorteos emitida en 1947 que, pese al crecimiento del juego en línea y de los nuevos medios de pago, solo ha recibido ajustes marginales, generando zonas grises que el crimen organizado conoce y explota con precisión”, advierte Pedro Leyva, especialista en sistema financiero y prevención de lavado de dinero.
En México aún no existe una ley integral que articule, de manera clara y coherente, la operación de los juegos y apuestas con la prevención del lavado de dinero; para el sector financiero, esto implica convivir con un segmento de alto riesgo regulado con criterios parciales, dispersos y, en muchos casos, obsoletos. “Mientras el cumplimiento antilavado en casinos y casas de apuesta se limite a recabar datos y mandar avisos, no tenemos controles; tenemos trámites”, advierte Leyva.
Es importante resaltar también que los requisitos normativos tienden a convertirse en simples trámites administrativos, en lugar de funcionar como controles efectivos para detectar y contener recursos de procedencia ilícita.
En respuesta a este rezago, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anticipado una reforma integral a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el objetivo de incorporar por primera vez a las plataformas de apuestas digitales, revisar a fondo el esquema de permisos y robustecer la supervisión sobre casinos físicos y apuestas en línea, cuyo crecimiento se ha acelerado de manera significativa en los últimos años.
El problema no es solo la antigüedad de la ley, sino la forma en que se fragmenta la responsabilidad entre autoridades que no siempre se coordinan. Mientras la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, otorga y supervisa los permisos con base en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Secretaría de Hacienda —mediante la UIF, el SAT y la CNBV— concentra las facultades en prevención de lavado de dinero.
Esta división, sin una coordinación operativa suficiente, genera zonas grises y vacíos de información que impiden contar con un sistema verdaderamente integrado, de modo que el Estado no siempre identifica a tiempo operaciones incongruentes ni cierra de forma eficaz los espacios que permiten a estructuras ilícitas ocultarse detrás de casinos formalmente autorizados.
“Hoy, la autoridad que da el permiso al casino no es la misma que monitorea en tiempo real el riesgo de lavado de dinero. Si no cerramos esa brecha, podemos seguir teniendo casinos con licencia en regla, pero operando como nodos de una red de lavado trasnacional. La reforma tiene que conectar los puntos y dejar de trabajar en silos”, señala Leyva.
Cinco pilares para una reforma que dé certidumbre a empresarios y al sector financiero
Desde la perspectiva de empresarios, inversionistas y del propio sector financiero, lo que está en juego es la certidumbre: saber que el entretenimiento ligado al juego y las apuestas puede operar en México bajo estándares claros, modernos y alineados con las mejores prácticas internacionales, sin convertirse en un factor de vulnerabilidad para recursos ilícitos. En ese sentido, Pedro Leyva propone que la reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y su articulación con la LFPIORPI y la regulación financiera, se construya sobre cinco pilares:
1. Homologar estándares PLD/FT para casinos físicos y plataformas en línea, de modo que el nivel de exigencia sea equivalente sin importar el canal, incluyendo criterios claros para apuestas deportivas y casinos digitales.
2. Crear un registro único de beneficiarios finales, accesible para todas las autoridades competentes, que permita identificar de forma transparente quién está realmente detrás de cada permiso, cada operador y cada flujo relevante.
3. Regular los medios de pago digitales utilizados en apuestas, incluyendo pasarelas de pago, monederos electrónicos y tarjetas asociadas al juego, con límites coherentes y trazabilidad obligatoria de operaciones nacionales e internacionales.
4. Exigir oficiales de cumplimiento certificados en todos los operadores de juegos y apuestas, con responsabilidad directa sobre la identificación de operaciones inusuales, la gestión de riesgos y la comunicación con autoridades.
5. Fortalecer la cooperación con reguladores y autoridades internacionales, como unidades de inteligencia financiera y organismos que ya han sancionado casinos mexicanos por presunto lavado de dinero, para anticipar esquemas trasnacionales y no solo reaccionar cuando el daño ya está hecho.
Para Leyva, el objetivo no es demonizar a la industria del juego, sino llevarla a un estándar compatible con un sistema financiero sólido y confiable. “La industria del juego puede generar empleo, inversión y turismo, pero solo si opera con reglas claras, transparencia total y controles equivalentes a los de cualquier otro sector de alto riesgo. Lo contrario no solo afecta a la banca y a las empresas serias, también erosiona la confianza en México como plaza segura para hacer negocios”, concluye.