México, 4 de agosto. Las senadoras Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Liz Sánchez y Ana Karen Hernández y el senador Alberto Anaya Gutiérrez llamaron a la Secretaría de Salud y sus homólogas en los estados a fortalecer las acciones de capacitación, supervisión y cumplimiento obligatorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, relativa a violencia familiar, sexual y contra las mujeres en todas las unidades de salud del país.
Violencia
Lo anterior, ante el incremento de casos de embarazo de niñas y adolescentes con adultos, por lo que piden especial atención en zonas rurales e indígenas para asegurar el acceso efectivo y sin obstáculos a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción de emergencia y, en su caso, la interrupción legal del embarazo, sin exigir denuncia previa ni autorización de padres o tutores.
Mediante un punto presentado a la Comisión Permanente, el coordinador y las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) solicitan a la Fiscalía General de la República y sus homologas dar celeridad a las carpetas de investigación relativas a los presuntos casos de violencia sexual contra niñas menores de edad y exigen que en todo momento se investigue con enfoque psicosocial y con prioridad a la restitución de derechos, evitando la revictimización y promoviendo el acceso efectivo a la justicia.
Al fundamentar la propuesta, la senadora Geovanna Bañuelos lamentó que, en México, miles de niñas entre los 10 y 14 años enfrentan embarazos producto de agresiones sexuales.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 101 mil 147 nacimientos en menores de entre 10 y 17 años, lo que representa el 5.6 % del total de nacimientos en el país.
“Lamentablemente, el embarazo de niñas y adolescentes menores de edad con adultos es un problema que no se visibiliza en nuestra sociedad”, señaló la legisladora por Zacatecas.
La Secretaría de Salud documentó casos donde las madres tenían entre 10 y 12 años y habrían sido violentadas por varones cuya diferencia de edad es sumamente mayor.
Uno entre muchos
Entre los casos más alarmantes se encuentran uno en Texcoco, Estado de México, donde una niña de 10 años tuvo un hijo de un hombre de 32 años, marcando una diferencia de 22 años; en Matehuala, San Luis Potosí, una menor de 11 años dio a luz; el padre tenía 47 años, una diferencia de 36 años.
“El caso más extremo ocurrió en El Oro, Estado de México, donde una niña de 12 años tuvo un bebé de un hombre de 65 años, lo que implica una diferencia de 53 años. Sí, 53 años”, destacó Geovanna Bañuelos.
Pero esta situación no solo afecta a niñas y adolescentes. De hecho, encontramos en Acuña, Coahuila, el caso de una mujer de 22 años que tuvo un hijo con un hombre de 97 años, con una diferencia de 75 años. Por otra parte, en Arcelia, Guerrero, se dio el caso de una madre de 23 años y un padre de 94 años.
“Aunque estos casos se dan entre personas mayores de edad, es importante señalar que la diferencia es sustancial, por lo que es posible suponer que proceden de una relación de jerarquía perpetrada por la propia cultura patriarcal”, mencionó la legisladora.
Obligaciones
Geovanna Bañuelos lamentó que lejos de representar una excepción o un fenómeno aislado, esta realidad evidencia el aspecto más brutal de un sistema social marcado por el machismo, la violencia estructural y la omisión del Estado.
Y aseveró que los tres niveles de gobierno tienen la obligación constitucional y ética de garantizar una vida libre de violencia para todas las niñas.
Pues ante esta dura realidad es evidente que en muchos casos no se investiga formalmente, no se sanciona al agresor, y el acceso a atención médica de emergencia, anticoncepción o interrupción legal del embarazo no se garantiza”, subrayó la senadora.
“Los embarazos infantiles no solo derivan en una maternidad forzada, sino que colocan a las niñas en una situación de riesgo extremo: abandono escolar, pobreza, afectaciones físicas graves, depresión, y en muchos casos, exclusión familiar y comunitaria”, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictaminación.