México, 21 de agosto. A propuesta del senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las dependencias de seguridad pública federal y estatales a combatir el hacinamiento en los centros penitenciarios.
El legislador explicó que recientemente se reportó que la sobrepoblación en las cárceles del país se duplicó en un periodo de cinco meses al pasar de 10 mil 157 a 20 mil 212 personas privadas de la libertad, lo que se traduce en falta de condiciones saludables y dignas.
Además, la falta de condiciones adecuadas también afecta a las niñas y niños que viven con sus madres en prisión, pues se ha documentado que a la mayoría no se les proporciona material educativo ni artículos de higiene personal, aunado a que muchas madres tienen que pagar para que sus hijos e hijas reciban atención médica.
“Estas deficiencias, entre muchas cosas, vulnera diversos derechos de las infancias, como a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral y a la protección de la salud”, expuso el legislador por Jalisco.
Añadió que medidas como la prisión preventiva oficiosa colocan a más personas en las cárceles, lo que atenta contra el derecho a la justicia y criminaliza la pobreza.
“La inacción, el abandono institucional y la falta de voluntad política han convertido este problema en una crisis estructural que sigue profundizándose. La sobrepoblación en las cárceles muestra que detrás hay una política de Estado en el quehacer de justicia, que criminaliza a las personas pobres y que mantiene privadas de su libertad a personas que no han recibido sentencia firme en su contra”.
Castañeda recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa por ser una figura violatoria de los derechos humanos, pero por el contrario el Gobierno federal ha decidido ampliar el catálogo de delitos que la ameritan.
Ante este panorama, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente exhorta a las autoridades a fortalecer las acciones y estrategias para garantizar derechos como el acceso a la salud, la alimentación, la atención médica digna y un entorno que permita la reinserción social en los centros penitenciarios del país.