Ni el INE ni el TEPJF han podido impedir ni sancionar de manera efectiva esta práctica que de arranque distorsiona los procesos electorales.
Sin respetar los tiempos electorales y mediante la creación de figuras con las que evitan las restricciones establecidas en la norma para la elección federal de 2027, los partidos políticos se adelantan para nombrar a quienes se prevé serán sus candidatos a casi un año del inicio de las campañas del proceso electoral.
Con esta estrategia los partidos buscan posicionar a quienes serán sus abanderados para las 17 gubernaturas que estarán en disputa; y en los hechos, le dan la “vuelta” a la ley electoral.
Hasta el momento ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han podido impedir o sancionar de manera efectiva esta práctica perniciosa, que de arranque distorsiona el espíritu de las elecciones.
Morena, por ejemplo, señaló que en junio dará a conocer a sus “coordinadores estatales” y el PRI anunció a los “defensores por México”, mientras que el Partido Verde (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) adelantaron nombres de algunos de sus posibles candidatos a los gobiernos estatales.
El PAN, por su parte, anunció que sus candidaturas estarán abiertas a la ciudadanía y el Partido del Trabajo (PT) no ha presentado su lista de aspirantes.
Saltar los tiempos
La lucha por el poder político en el país provoca que los partidos busquen la forma de esquivar las reglas y disposiciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual establece mecanismos, periodos y tiempos de precampañas y campañas previos al día de la jornada electoral.
Desde 2017 Morena adelantó el proceso interno para nombrar a “coordinadores estatales” que al final resultaron ser los candidatos oficiales a las gubernaturas, lo que a decir de los analistas le permitió al hoy partido mayoritario tomar la delantera frente a los demás partidos políticos.
Esta cuestionada estrategia volverá a prevalecer luego de que durante su Consejo Nacional del pasado 7 de marzo Morena acordó nombrar el 22 de junio a los coordinadores estatales de los comités de la 4T, lo que en la práctica significa seleccionar, ocho meses antes de los tiempos legales, a quienes serán sus candidatos.
El partido oficialista niega que la designación de los coordinadores estatales sea adelantar los nombramientos de los candidatos a las gubernaturas u otros puestos de elección popular, al argumentar que los coordinadores son figuras para reforzar la estructura del partido y organizar el trabajo territorial en los estados en los que habrá elecciones.
Para los expertos, sin embargo, es evidente que esta práctica fuera de los tiempos establecidos en la normativa electoral le ha dado ventajas a Morena en detrimento de los demás partidos.
Aseveran que al no ser sancionada esta práctica por el INE y el TEPJF, el adelantamiento de los procesos por parte de Morena provoca que el resto de los partidos recurran a esquemas que les permita también adelantar los nombres de sus posibles abanderados a diversos cargos, lo que provoca desequilibrio en las elecciones, debilita el mandato de la ley y resta autoridad a los órganos electorales.
Repiten maniobra
En una estrategia que replica la que utiliza Morena, por ejemplo, el PRI anunció la designación de los “defensores de México”, quienes recorrerán el territorio nacional bajo una estructura que coordinará Rosario Robles, exjefa del gobierno capitalino y exsecretaria de Desarrollo Social, quien tendrá la tarea de organizar a seis mil 432 defensores para mil 802 alcaldías, mil 547 para 30 distritos y 50 para las 17 entidades en que se renovarán las gubernaturas.
El presidente priista, Alejandro Moreno, aseguró que quienes confirman la Red Ciudadana para la Defensa de México son hombres y mujeres que conocen el funcionamiento del Estado, quienes saben tomar decisiones complejas y entienden que gobernar no es destruir lo que existe, sino mejorarlo.
El PVEM, por su parte, adelantó los nombres de algunos posibles candidatos para los gobiernos estatales de San Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit y Guerrero. El coordinador de ese partido en el Senado, Manuel Velasco, mencionó a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Waldo Fernández para Nuevo León; Jasmine Bugarín en Nayarit, y Karen Castrejón en Guerrero.
Por su lado, los diputados del PVEM Ricardo Astudillo y Carlos Puente fueron mencionados para Querétaro y Zacatecas, respectivamente.
Si bien dirigentes de Movimiento Ciudadano señalan que su partido no busca adelantarse a los tiempos del proceso electoral del próximo año, su presidente nacional, Jorge Álvarez Máynez, mencionó a Luis Donaldo Colosio Riojas y a Mariana Rodríguez, esposa del actual mandatario estatal, Samuel García, para la elección de gobernador en Nuevo León, así como otros seis perfiles que podrían contender.
El PAN no ha adelantado nombres de posibles candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año. Su dirigente nacional, Jorge Romero, afirmó en este sentido que el partido abrirá 100% de sus candidaturas a la ciudadanía para la elección de 2027.
Así, la mayoría de los partidos establecen ya mecanismos para “arrancar” sus procesos internos antes de los tiempos establecidos por la ley electoral, mediante figuras no previstas en la norma y con lo cual inician la movilización y la designación de “coordinadores” o “defensores”, que a decir de los especialistas no es más que una simulación que afecta el desarrollo de los procesos electorales, además de que se trata de prácticas que en la mayoría de los casos no sancionan las autoridades electorales.
Qué dice la ley
El apartado “a” del artículo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los actos anticipados de campaña son actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. El apartado “b” refiere que actos anticipados de precampaña son las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.