Cdmx, 5 de mayo de 2026.- A casi tres meses del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México —cuya responsabilidad fue reconocida por Petróleos Mexicanos el pasado 16 de abril—, comunidades pesqueras de Veracruz y Tabasco continúan enfrentando sus consecuencias: redes fuera del agua, caída en ingresos y, en muchos casos, sin acceso a apoyos gubernamentales.
Aunque el gobierno federal ha señalado que la situación está bajo control, en territorio la realidad es distinta. La organización Oceana documentó que poblaciones afectadas no han sido incluidas en programas de compensación, además de evidenciar fallas en la coordinación institucional.
En Las Barrancas, Veracruz, pescadores reportan semanas sin poder salir a trabajar. Habitantes señalaron que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente visitó la zona y concluyó que no hubo daños al no encontrar chapopote en playas. Sin embargo, la comunidad acusa que no se consideró la parálisis de la actividad pesquera, especialmente en un periodo clave como Semana Santa.
La situación se repite en El Bosque, Tabasco, reconocida como la primera comunidad desplazada por el cambio climático en México. Ahí, pescadores afirman que, tras el derrame, no encuentran compradores para su producto. Además, muchos no están inscritos en los padrones oficiales, requisito indispensable para acceder a apoyos, lo que los deja fuera de cualquier compensación.
Ambas comunidades reflejan un problema más amplio en el Golfo de México: no solo enfrentan los efectos del derrame, sino también la erosión costera y el aumento del nivel del mar. “Duermo con el mar en la nuca”, relata una habitante de Las Barrancas, evidenciando la vulnerabilidad cotidiana.
En El Bosque, pescadores también señalan impactos acumulados de la actividad petrolera. Denuncian que embarcaciones de Pemex dañan sus redes y que la presencia de plataformas ha desplazado los cardúmenes mar adentro, obligándolos a recorrer distancias mucho mayores para pescar.
“Nos han dejado por los suelos porque no nos atienden, no nos apoyan… esos barcos pasan por donde pescamos y rompen las redes”, señaló un pescador.
Para Oceana, el problema es estructural. Nancy Gocher, directora de Política Pública e Incidencia de la organización, advirtió que los mecanismos actuales de apoyo no reflejan la realidad: “Las reglas están diseñadas para detectar manchas en la playa, no la pérdida de ingresos ni el impacto cotidiano en las comunidades”.
La organización exigió al gobierno federal garantizar que las compensaciones lleguen a quienes realmente las necesitan, así como diseñar esquemas de reparación integrales en coordinación directa con las comunidades afectadas.
Además, llamó a replantear el modelo energético del país. “Este derrame debe marcar el fin de la expansión de los hidrocarburos… es momento de poner en el centro a las comunidades, la pesca y los ecosistemas, no como costo, sino como prioridad”, concluyó Gocher.