Pide PAN conformar comisión especial sobre narcolavado de dinero

“Autoridades prefieren perseguir opositores y críticos al gobierno que a integrantes del crimen organizado”

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Nacional
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México, 11 de julio. El senador panista Marko Cortés Mendoza solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta conformar una comisión especial investigadora sobre narcolavado de dinero, que indague la actuación de las autoridades mexicanas en el caso de las actividades ilícitas de instituciones financieras, con sede en México, denunciadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).

A través de un punto de acuerdo, el legislador recordó que, recientemente, la FinCEN emitió órdenes de identificación de tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, lntercam y Vector, como entidades relacionadas con operaciones de lavado de dinero, asociadas con el tráfico ilícito de opioides.

“De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN en la implementación de la denominada Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND OFF Fentanyl, que otorgan a esta dependencia más facultades para atacar el lavado de dinero asociado con cárteles de la droga”, detalló.

El senador por Michoacán consideró que esas medidas exhiben el bajo nivel de cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses encargadas del combate al lavado de dinero y al financiamiento a ilícitos graves, como el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, además de dejar de manifiesto la falta de confianza de las autoridades estadounidenses en las mexicanas para el combate al crimen organizado transnacional.

La FinCEN, agregó, señaló operaciones de lavado de dinero vinculadas al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de los Beltrán Leyva, así como encuentros documentados entre funcionarios de uno de estos bancos y miembros de algunos de estos carteles.

Cortés Mendoza remarcó que, por la inacción de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, es claro que el gobierno mexicano o no tiene la capacidad para rastrear estas transacciones, algo realmente difícil de creer, o más bien que, teniéndola, prefirió no perseguir estos delitos.

“Se trata de un duro golpe a la credibilidad externa del sistema financiero mexicano y, especialmente, a las autoridades mexicanas en materia de inteligencia financiera, que prefieren perseguir opositores y críticos al gobierno, que a integrantes del crimen organizado”, resaltó.

Apuntó que es claro que existe información preocupante sobre algunas de estas instituciones y su vinculación con el poder político en el país.

“Es el caso del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien aún figura como propietario, principal accionista y presidente honorario de Vector Casa de Bolsa y quien se desempeñó como jefe de la Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta finales de 2020”, detalló.

Cortés Mendoza enfatizó que, según la FinCEN, habría evidencia suficiente respecto a transacciones por alrededor de 40 millones dólares que habrían sido lavadas por Vector entre el 2019 y el 2023, y que consistían en sobornos provenientes de cárteles del narcotráfico, especialmente del cártel de Sinaloa, y dirigidos al propio Genaro García Luna.

Además, continuó, para el Departamento del Tesoro “la empresa de Romo sería parte de una red de operaciones transnacionales en las que participaron ‘mulas de dinero’, ‘empresas fantasma’ y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos”.

Por ello, apuntó que lo mínimo que puede pedirse a la autoridad es que explique ante la Comisión Permanente del Congreso todo lo que sabe sobre el caso y que exponga las razones que llevaron a las distintas dependencias involucradas en la investigación a no ejercitar ninguna acción civil o penal contra estas empresas y especialmente contra Vector y sus dueños.

“De ahí la necesidad imperiosa de constituir una Comisión especial que investigue el caso y otros relacionados; es evidente que ésta es apenas la punta del iceberg en lo relativo a investigaciones a fondo sobre el financiamiento al narcotráfico y al terrorismo y sobre las vinculaciones entre el crimen organizado y algunas empresas financieras, y de estas empresas con el poder político”, concluyó.

El punto de acuerdo del senador de Acción Nacional se turnó a la Primera Comisión, para su análisis y dictaminación.

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