Piden agilizar los procesos de adopción

México, 4 de noviembre. Con el fin de garantizar el principio del interés superior de la niñez y priorizar el bienestar emocional y el desarrollo integral de quienes permanecen por años en albergues o centros de asistencia social, la senadora Geovanna Bañuelos llamó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus homólogas en las 32 entidades federativas a agilizar los procesos de adopción.
 
A nombre propio y de las senadoras Yeidckol Polevnsky, Liz Sánchez, Ana Karen, y el senador Alberto Anaya, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Geovanna Bañuelos pidió revisar, evaluar, agilizar y transparentar los procesos administrativos relacionados con la adopción de niñas, niños y adolescentes.
 
Asimismo, solicitó crear un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación interinstitucional, con la participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas, que permita fortalecer y agilizar los procesos de adopción en todo el país.
 
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, Geovanna Bañuelos recordó que la adopción es una institución jurídica y social que tiene como propósito garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a vivir en familia, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 
“La adopción no sólo transforma la vida del menor adoptado, sino también la de quienes adoptan. Las familias adoptivas son ejemplo de inclusión, resiliencia y amor incondicional. A través de ellas se teje una nueva forma de parentesco que desafía los vínculos puramente biológicos y pone en el centro el valor del cuidado, el compromiso y la empatía”, señaló.
 
Sin embargo, la legisladora por Zacatecas expresó que, a pesar de los avances normativos, en la realidad persisten grandes retos, como los procesos burocráticos excesivos, falta de coordinación entre autoridades, criterios dispares entre entidades federativas y, sobre todo, una profunda desconfianza institucional que prolonga el sufrimiento de quienes buscan una familia o desean formar una.
 
“El trámite para adoptar puede extenderse de uno a tres años, e incluso más, dependiendo de la entidad. A esto se suman los múltiples requisitos que deben cumplir las familias adoptantes como: evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, certificaciones médicas, cursos de sensibilización y entrevistas ante comités técnicos. Si bien estas medidas buscan proteger al menor, en la práctica suelen volverse filtros ineficientes que desincentivan la adopción”, especificó Geovanna Bañuelos.
 
A esto se suma la falta de transparencia y coordinación interinstitucional, así como una base de datos nacional actualizada que concentre información sobre los menores susceptibles de adopción y las familias en proceso.
 
Asimismo, persiste una visión discriminatoria hacia ciertos perfiles de adoptantes. Aunque la legislación mexicana reconoce la posibilidad de que personas solteras o parejas del mismo sexo adopten, en la práctica muchos expedientes enfrentan obstáculos derivados de prejuicios o interpretaciones restrictivas de la ley.
 
“El Estado mexicano tiene una responsabilidad indeclinable en la protección de la niñez. La adopción, en este sentido, debe ser considerada parte de la agenda nacional de bienestar. De tal forma que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que los procesos de adopción se desarrollen con celeridad, transparencia y perspectiva de derechos humanos”, aseguró la líder petista.
 
Para ello, indicó, resulta indispensable fortalecer la coordinación entre el Sistema Nacional DIF y los sistemas estatales, estandarizar criterios, capacitar al personal en materia de infancia y adopción, y establecer mecanismos de supervisión que aseguren que los procedimientos respondan al interés superior de cada niña, niño o adolescente involucrado.
 
“Las y los legisladores del Partido del Trabajo tenemos la convicción de que la adopción no debe ser un proceso incierto ni inaccesible. Debe convertirse en una vía ágil, humana y confiable para restituir el derecho a vivir en familia”, concluyó Geovanna Bañuelos.