Con el objetivo de garantizar un acceso efectivo, oportuno y sin obstáculos a los servicios, apoyos y mecanismos de atención y reparación para las víctimas de delitos, el diputado federal Alejandro Domínguez solicitó a las autoridades revisar, actualizar y, en su caso, modificar los criterios y procedimientos que actualmente generan cargas burocráticas innecesarias para las personas que padecieron el daño.
Mediante un Punto de Acuerdo, solicitó a la Comisión Permanente exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) a cumplir cabalmente con la ley en materia de protección de estas personas.
El legislador subrayó que el reconocimiento de los derechos de las víctimas no debe quedarse en el papel; su proceso no puede convertirse en un laberinto sin salida, y el tiempo que esperan justicia debe ser razonable, humano y justo.
Por ello, enfatizó la urgencia de que las instituciones responsables revisen y armonicen sus criterios internos, de modo que las víctimas puedan acceder a los recursos y servicios de forma ágil, sencilla y sin duplicidad de trámites, evitando que la burocracia se convierta en un obstáculo adicional en su proceso de recuperación y búsqueda de justicia.
Entre los problemas identificados, señaló la duplicidad de trámites para acreditar la calidad de víctima ante distintas dependencias, así como requisitos documentales innecesarios que obligan a las personas a presentar múltiples copias certificadas o repetir gestiones previamente realizadas.
Asimismo, mencionó la falta de coordinación interinstitucional, que obliga a los afectados a relatar su historia en repetidas ocasiones ante diferentes autoridades, además de los tiempos de respuesta excesivas, que en casos urgentes pueden prolongarse por semanas o incluso meses.
El congresista del PRI lamentó que el anuncio de una estrategia nacional para digitalizar el 80 por ciento de los trámites gubernamentales y reducir a la mitad los tiempos de espera, aún no se ha adaptado específicamente a la atención de personas perjudicadas, manteniendo barreras y demoras injustificadas.
Por esta razón, sostenida que, pese a los avances logrados en la materia, la realidad demuestra que las instituciones encargadas imponen criterios, requisitos y trámites que con frecuencia resultan redundantes o desproporcionados.
“La justicia, muchas veces, se convierte en una carrera de resistencia contra la burocracia. Quien ha sido víctima de un delito no debería verse obligado a peregrinar de oficina en oficina, llenar formularios interminables o repetir una y otra vez el relato de su dolor”, concluyó el diputado Alejandro Domínguez.