CDMX. 19 de febrero de 2026. La diputada federal Marcela Guerra Castillo presentó una iniciativa para modificar el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de establecer de manera expresa la prohibición de retener, retrasar o condicionar los recursos federales etiquetados destinados a los municipios. Asimismo, busca precisar la obligación de las entidades federativas de transferirlos de forma íntegra, directa y oportuna.
La legisladora explicó que esta propuesta no invade competencias estatales ni municipales, sino que fortalece el diseño constitucional del federalismo, protege la autonomía municipal y garantiza que los recursos públicos cumplan con su finalidad social.
Con la reforma, señaló, se pretende asegurar que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados lleguen efectivamente a su destino final: los municipios y la población que depende de ellos.
La representante del PRI por Nuevo León subrayó que la retención de recursos federales etiquetados contraviene el espíritu del federalismo, vulnera el principio de legalidad presupuestaria y distorsiona el destino de fondos aprobados por esta soberanía para fines específicos.
Si bien existen mecanismos de fiscalización posteriores, advirtió que estos resultan insuficientes para evitar el daño inmediato que provoca la falta de liquidez municipal, especialmente en aquellos municipios con alta dependencia de participaciones y aportaciones federales.
La diputada Marcela Guerra recordó que el federalismo fiscal mexicano se sustenta en el principio de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa y eficiente de los recursos públicos, permitiendo que estados y municipios cuenten con los medios necesarios para atender las necesidades de la población.
Asimismo, destacó que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al municipio como un orden de gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la prestación de servicios públicos esenciales como agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, calles, parques, seguridad pública y tránsito, entre otros.
“Para el cumplimiento de estas atribuciones, resulta indispensable que los municipios cuenten con recursos suficientes, oportunos y directamente disponibles”, concluyó.