CDMX. 7 de enero de 2026. Ante la vulnerabilidad de la Ciudad de México frente a fenómenos naturales y accidentes urbanos, la Diputada Liz Salgado, presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías. El proyecto busca garantizar que los titulares de Protección Civil en las 16 demarcaciones cuenten con perfiles técnicos rigurosos, terminando con la práctica de asignar estos cargos por cuotas políticas.
Al iniciar este 2026 con un sismo de 6.5 grados con epicentro en Guerrero y miles de réplicas registradas, la Congresista de la fracción panista, subrayó que la Ciudad de México no puede permitirse la improvisación. Recordó que, además de la actividad sísmica, la metrópoli enfrenta retos constantes como lluvias récord, explosiones, riesgos en edificios einfraestructura y riesgos derivados de la alta densidad poblacional.
Salgado Viramontes denunció un grave vacío operativo, ya que actualmente, solo 5 de las 16 alcaldías cumplen con los requisitos de ley para sus titulares de Gestión Integral de Riesgos. La mayoría de las administraciones locales no solo carecen de personal certificado, sino que ni siquiera transparentan los currículos de sus funcionarios en esta materia.
Las áreas de protección civil no pueden ser espacios para cobijar cuates o pagar favores políticos. Casos recientes en Álvaro Obregón y Milpa Alta demuestran que la falta de experiencia en estas oficinas genera riesgos mayores para la población, enfatizó la panista.
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la también presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, puntualizó que los titulares en esta materia deben de contar con una profesionalización obligatoria, es decir, que tengan título de licenciatura, certificación oficial de la Escuela Nacional de Protección Civil y al menos 6 años de experiencia comprobable.
Asimismo, obliga a los nombrados a cursar actualizaciones técnicas definidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en sus primeros tres meses de gestión, y que todos los trabajadores de estas unidades cuenten con seguridad social, reconociendo el alto riesgo físico al que se exponen en su labor diaria. Además de que se debe migrar del modelo de protección civil reactiva, a uno de gestión de riesgos estratégica, priorizando el análisis y la prevención técnica.
La propuesta no solo busca armonizar la Ley Orgánica con el marco normativo actual, sino también proteger a los servidores públicos que operan en campo, ya que las funciones de análisis estructural, elaboración de atlas de riesgos y respuesta a emergencias deben estar en manos de expertos debidamente protegidos por el Estado.
Finalmente, Liz Salgado hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para respaldar esta reforma, calificándola como una medida urgente para salvaguardar el derecho a la vida digna y la seguridad humana en la capital del país.