Proponen que aprovechamiento de residuos sólidos sea obligatorio

“La mayor parte de los residuos orgánicos sigue siendo enviada a rellenos sanitarios”.

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México, 11 de agosto. Con el fin de establecer el aprovechamiento de residuos sólidos como principio rector de la política pública para impulsar la economía circular, reducir la carga ambiental de los residuos y promover soluciones sostenibles en el ámbito local y regional, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

“Esta propuesta representa una respuesta normativa necesaria y oportuna ante los desafíos ambientales contemporáneos, constituye un paso decisivo hacia un modelo más justo, eficiente y responsable en la gestión de residuos, en beneficio del medio ambiente, la salud pública y las generaciones futuras”, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos.

A nombre propio y de las senadoras Yeidckol Polevnsky, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y del senador Alberto Anaya, la legisladora explicó que el objetivo de su propuesta busca coadyuvar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la construcción, restauración, reforzamiento, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura para sistemas de reciclamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, estaciones de transferencia, plantas de selección para el reciclaje, de composta y de biodigestión, y de cualquier tecnología para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos.

Además de promover la infraestructura de plantas de composta y biodigestión; fomentar la separación de residuos orgánicos e impulsar programas comunitarios de valorización; así como la implementación de educativas, convenios interinstitucionales y participación social para avanzar hacia una economía circular y una mejor gestión ambiental.

La vicecoordinadora del GPPT destacó que en las últimas décadas, la generación de residuos sólidos ha aumentado de manera exponencial, como consecuencia del crecimiento urbano, el cambio en los patrones de consumo y el insuficiente desarrollo de modelos sostenibles de gestión de residuos.

En este contexto, los residuos orgánicos siguen siendo desaprovechados, generando impactos negativos sobre el medio ambiente, la salud pública y la eficiencia de los sistemas de disposición final.

“A pesar de su alto potencial de valorización, la mayor parte de los residuos orgánicos sigue siendo enviada a rellenos sanitarios o en el peor de los casos, a tiraderos a cielo abierto”, mencionó.

Todo lo anterior implica el desaprovechamiento de recursos, contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, a la generación de lixiviados contaminantes, y al colapso de los sitios de disposición.

Por ello, Geovanna Bañuelos enfatizó que de establecerse el aprovechamiento prioritario de estos residuos como principio rector de la política pública, se abre la posibilidad de impulsar una economía circular, reducir la carga ambiental de los residuos y promover soluciones sostenibles en el ámbito local y regional.

La senadora por Zacatecas señaló que los residuos orgánicos tienen un alto valor para la producción de compostas de uso agrícola, restauración de suelos, generación de bioenergía, biogás, y fertilizantes orgánicos.

Por lo que reconocer su potencial y priorizar legalmente su aprovechamiento es una medida que promueve la soberanía alimentaria, la resiliencia climática y la protección de los recursos naturales.

Asimismo, explicó que al establecer en la ley el principio de aprovechamiento prioritario, se impulsa la modernización del marco regulatorio y se dota a las autoridades de herramientas claras para diseñar e implementar programas de separación en origen, recolección diferenciada, infraestructura de tratamiento y educación ambiental.

Además de que se promueve la generación de incentivos para que municipios, empresas y ciudadanía participen activamente en el reciclaje orgánico y en la valorización de estos residuos.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

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