El régimen de Morena busca desde la pasada administración llevar a cabo una reforma electoral con el argumento de reducir costos en los procesos comiciales y en la nómina de las estructuras del Estado mexicano, fundamentalmente disminuyendo el número de legisladores; pero en realidad, aseguran los analistas, la intención es construir una dictadura.
El gobierno federal ha tratado de concretar desde sus primeros meses su reforma, pero a la fecha no la ha presentado, aunque en varias ocasiones ha dado a conocer cuáles son los elementos que persigue.
El tiempo para presentar la iniciativa de reforma se agota, porque los cambios constitucionales tienen una fecha límite para ser realizados y puedan aplicarse en la elección federal correspondiente.
Además, los posicionamientos de los partidos aliados de Morena no son claros en cuanto a si apoyarán o no la propuesta del Ejecutivo.
Parlamento Abierto
La reforma electoral iba en un principio a darse a conocer el 1 de enero pasado, de acuerdo con lo informado por el Ejecutivo federal, pero semana a semana se viene postergando la fecha. Ahora se prevé que se presente esta última semana de febrero, conforme a lo expresado por la Presidencia de la República.
En tanto llega la fecha los expertos en la materia, constitucionalistas, fuerzas políticas opositoras, organizaciones de la sociedad y grupos empresariales mantienen firme su posición de impedir una reforma que signifique un retroceso democrático y la instauración de una dictadura encabezada por Morena.
La oposición busca entablar un diálogo republicano antes de llevar a cabo cualquier cambio constitucional.
Hace unos días la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió la solicitud para llevar a cabo un Parlamento Abierto en el marco de la discusión de la reforma político-electoral por parte del Frente Amplio Democrático.
La legisladora reiteró que este órgano parlamentario estará abierto a escuchar todas las voces para fortalecer la democracia de nuestro país: “Siempre estarán las puertas abiertas de esta presidencia de la Cámara de Diputados para la sociedad civil”.
En el documento entregado a la Mesa Directiva se establece que el Frente solicita que el Congreso de la Unión integre una comisión plural de carácter bicameral, encargada de coordinar los trabajos de un Parlamento Abierto para conocer, analizar y deliberar de manera transparente, informada e institucional todas las iniciativas y propuestas en materia de reforma electoral.
“Lo anterior con el propósito de privilegiar un diálogo respetuoso, plural e informado, que incorpore a la variedad de las fuerzas políticas, personas expertas en la materia, organizaciones sociales y ciudadanía interesada, apegándose a los principios democráticos que han acompañado el proceso de transición democrática de nuestro país”, indica la petición.
Asimismo, la propuesta recuerda que “todas las reformas político-electorales que han acompañado el prolongado proceso de transición democrática de México, y que han hecho posible la alternancia pacífica en el poder, han sido discutidas por todas las fuerzas políticas y por un amplio conjunto de ciudadanos, generando importantes y sólidos consensos que fortalecieron la legitimidad del sistema electoral. No existe razón para que en la relevante coyuntura actual dicho método democrático sea marginado”.
Promesas
La semana pasada Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, manifestó que una vez que se reciba la iniciativa en materia de reforma electoral será apoyada por la mayoría.
Puntualizó que no hay riesgos de que no se apruebe la reforma tal como la plantee la Presidencia de la República: “Lo repito: nosotros la vamos a respaldar. No hay ningún riesgo, como no ha habido riesgos cuando el PT o el PVEM votan distinto que nosotros en la cámara; simplemente es un acto legislativo donde no se coincidiría”.
Dijo que en caso de no ser recibida la próxima semana se tendrían los tiempos muy justos, “difíciles para procesar una reforma constitucional como se ve. Para mí, como coordinador, como no tengo ni la iniciativa ni el borrador no puedo adelantar si ellos van a respaldar la iniciativa que envíe la Presidencia”.
Señaló que si se envía a la Cámara de Diputados se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales, que tiene un plazo de cinco días para elaborar el dictamen y luego, si se aprueba, pasaría al pleno, donde “se podría abordar durante la primera quincena de marzo”.
Monreal recordó a sus aliados que en el proceso electoral se firmó un documento para comprometer su apoyo a las iniciativas que el Ejecutivo enviara: “No sabemos, ni nos adelantamos, si en el pleno se logre mayoría calificada, que es lo que una reforma constitucional exige. Si fuera una ley reglamentaria o modificaciones a una ley ordinaria bastaría la mayoría simple. Pero en los temas que estoy comentando se requiere reforma constitucional, no reforma a leyes secundarias”.
Expuso que solo conoce algunos rasgos generales, los cuales fueron dados a conocer por la Presidencia. “Hay cuatro temas que va a contener la iniciativa: la integración de las cámaras, tanto en el Senado como en Diputados; la disminución del costo de las campañas y de los órganos electorales; el voto de los mexicanos en el extranjero y su representación política, y la participación ciudadana”.
Agregó que esos cuatro temas “dijo el Ejecutivo que son irreductibles. Y yo creo que deben contenerse en la iniciativa que seguramente presentará. No conozco más que rasgos generales de lo que la comisión presidencial ha presentado desde hace varias semanas”.
Comentó que está enterado de que en la Secretaría de Gobernación, con la comisión presidencial, intentan hacer una redacción esta semana: “Ya quedan muy pocos días, están ya en un proceso contra el tiempo. Entonces, esta semana (23-27 de febrero) puede haber sorpresas en la presentación de la iniciativa”.
El legislador indicó que el de los plurinominales ha sido un debate intenso, pero “pareciera haberse superado ya hace unos días” al proponerse quedarse en la misma fórmula numérica, 300-200, pero con una fórmula de elección distinta.
Lo cierto es que los partidos aliados del régimen, PT y PVEM, no han expresado con claridad si respaldarán o no la reforma electoral. De hecho, algunos legisladores, como el senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, una y otra vez repiten que “no porque seamos aliados nos tenemos que someter, sino que debemos ver qué es lo que realmente le conviene a la democracia”.
El hecho es que la Constitución establece que cualquier cambio en materia electoral, para ser aplicado, debe realizarse 90 días antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé inicio al proceso correspondiente, lo cual sucede generalmente en la primera semana de septiembre. Y el tiempo se agota.