Expertos, académicos y consejeros electorales piden garantizar autonomía de órganos electorales, que no haya mayorías ficticias en el Congreso y que los cambios sean por consenso y no por imposición de un grupo.
Durante décadas organizaciones ciudadanas, académicos y legisladores impulsaron reformas para que se garantizaran, entre otros puntos, el respeto al voto ciudadano, la participación equitativa de los partidos en elecciones, instituciones electorales independientes del gobierno y pluralidad en la composición del Congreso de la Unión.
Cada reforma electoral, ya sea impulsada desde la ciudadanía o por los partidos políticos, propició la alternancia pacífica en el poder: presidencias municipales, gubernaturas, la Presidencia de la República, así como la composición plural (conforme a la voluntad de los ciudadanos expresada en las votaciones) del Congreso de la Unión y los Congresos estatales.
Hoy Morena impulsa una nueva reforma electoral que a decir de los expertos y los actuales partidos de oposición (PRI, PAN y MC) busca regresar al país a los años del partido hegemónico.
Recientemente la Presidencia de la República anunció el comienzo de “consultas públicas” para diseñar la reforma electoral que planea enviar al Congreso federal en enero de 2026.
Comisión
El pasado 4 de agosto el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cuyo objetivo es “convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México”, así como “llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral”.
Igualmente, se estableció que la comisión depende directamente de la titular del Ejecutivo federal, “quien la presidirá”, y la integran los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y la Oficina de la Presidencia de la República, entre otros servidores públicos.
Por otro lado, en uno de los “considerandos” (fundamentos o razones) del decreto firmado por la presidenta de la República se establece: “Que no se trata solo de la estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo”.
El pasado 22 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que “luego de las consultas públicas al pueblo de México, que realizará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de septiembre a diciembre de 2025, la propuesta de reforma electoral se enviará en enero de 2026 al Congreso de la Unión”.
Asimismo, dio cuenta de que ya iniciaron dichos foros e invitó a los ciudadanos a compartir sus propuestas en el sitio de internet reformaelectoral.gob.mx o bien asistir a algunos de los foros en alguna entidad de la República.
La mandataria agregó: “Ahora ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral: es la gente”.
A su vez, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, detalló que esta “tiene el encargo de escuchar la opinión de la ciudadanía, organizar debates públicos, realizar estudios y presentar propuestas para que se elabore una iniciativa en materia electoral que se envíe al Congreso”.
Enumeró los temas a consulta: libertades políticas; regulación de la competencia política; representación del pueblo; sistema de partidos; y financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas, entre otros.
Precisiones históricas
El titular de la Comisión para la Reforma Electoral también invitó a la gente a participar a través del referido sitio de internet o en los foros regionales: “Esperamos que este ejercicio, que es inédito en la historia de las reformas electorales de México, genere una participación que no solo por cantidad, sino también por calidad sea inusitado; es decir, nosotros fuimos acostumbrados, las generaciones vivas, a que el tema lo trataban exclusivamente los dirigentes políticos y los gobernantes, nada más”.
Cabe recordar que en 2022 se llevaron a cabo una serie de foros para analizar propuestas de reforma electoral. El entonces secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, José Sánchez, dio cuenta de que la participación de la ciudadanía en “las 136 ponencias se dio en un marco respetuoso de libertad, igualdad, oportunidad, pluralidad, representatividad e inclusión. En un mes de trabajo se realizaron un total de 26 foros”.
Añadió que “los foros institucionales volvieron a consolidarse como una práctica pública, amplia y deliberativa de las decisiones trascendentales parlamentarias (…) con las participaciones de hombres y mujeres que dialogan y hacen una representación aproximada de las voces que posteriormente reflejan el debate, discusión y voto en las comisiones y en el pleno de la máxima representación popular”.
En aquel 2022 Morena no logró el apoyo necesario para la aprobación de esa reforma.
Visión de los expertos
Si bien no se ha dado a conocer la propuesta del Ejecutivo federal para la reforma electoral, sí se conocen algunos planteamientos generales: reducir el gasto de los organismos electorales, INE y TEPJF; desaparecer a los institutos electorales y tribunales electorales de las 32 entidades; e incluso realizar la elección de los integrantes del INE y TEPJF por voto universal.
También se plantea eliminar y/o reducir el número de senadores y diputados plurinominales o bien buscar otra fórmula para que las minorías estén representadas; así como disminuir el financiamiento público a los partidos políticos.
José Woldenberg, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral. recordó que desde la reforma política de 1977 hasta la de 2014 “absolutamente en todas estuvieron en el centro las demandas que se planteaban desde la oposición”, pero hoy sucede lo contrario, pues es el Ejecutivo federal el que plantea cambios y a su juicio estos son contrarios a muchos de los logros alcanzados, “que en su momento fueron pilares del proceso democratizador”.
Respecto del tema de la representación y los legisladores plurinominales Woldenberg apuntó que para todas las fuerzas políticas “el mejor horizonte es que si un partido político saca un porcentaje determinado, ese sea la representación que tenga en la Cámara de Diputados; ya vimos que con una lectura sesgada y tramposa, de una parte de la autoridad electoral, hoy tenemos que una coalición (Morena-PVEM-PT), con 54% de los votos, tiene 74% de las curules; es decir, una sobrerrepresentación absurda. Lo que supone, además, que el resto de las fuerzas políticas quedó subrepresentada. Esos 20 puntos porcentuales de diferencia no existían en México desde 1952”.
Puntualizó: “El cambio democratizador se produce no volteando a ver los caprichos de quienes gobiernan, sino viendo cuáles son las demandas que emergen desde la sociedad”.
Sobre la reducción de plurinominales, hace unos días Fernando Balaunzarán participó en un foro sobre la reforma en el que estuvo presente Pablo Gómez y le recordó a este cuando hace tiempo presentó, al menos, un par de iniciativas en las que propuso “proporcionalidad nacional pura, que a nadie se le regale ni se le quite nada”; es decir, remarcó que Gómez apoyó mucho tiempo la existencia de legisladores plurinominales y hoy la critica.
José Antonio Crespo, analista político e investigador del CIDE, señaló que esta sería “la primera reforma electoral sin consenso desde la de 1994, lo cual es grave, porque si se trata de las reglas para acceder al poder, deben construirse con el acuerdo de todos los actores políticos”.
Oposición
Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del PAN ante el Consejo General del INE, expresó su desacuerdo con la reforma que se presume propondrá el gobierno federal: “Resulta inaudito que desde el Ejecutivo federal se impulse una nueva reforma electoral a través de una comisión integrada únicamente por funcionarios del gobierno, excluyendo a los partidos políticos, academia, organizaciones ciudadanas y al propio Instituto Nacional Electoral”.
Hoy, dijo, “lo que se propone desde el púlpito presidencial es un retroceso histórico, un intento de regresarnos a los ochenta, cuando el gobierno controlaba las elecciones. Se corre el riesgo de que esta propuesta llegue al Congreso y se apruebe. Eso sería un golpe de Estado”.
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, aseguró en tanto que su partido tiene una propuesta de reforma electoral, al igual que otras fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas: “Nosotros en nuestra propuesta no tenemos reglas que impidan la competencia, no tenemos reglas que impidan la igualdad electoral, no tenemos reglas que impidan la libertad”.
¿Árbitro a modo?
Sobre las propuestas de que sea “el pueblo” el que defina una reforma electoral que incluya la elección de consejeros vía el voto popular o bien la reducción de recursos a los partidos y organismos electorales, el consejero del INE Uuc-kib Espadas Ancona, expuso: “De acuerdo con reiteradas encuestas, siete de cada diez mexicanos apoyan la pena de muerte. La voz del pueblo no es la voz de Dios. El desarrollo democrático, el desarrollo de la civilización, parte de, entre otras cosas, definir derechos fundamentales que no pueden ser alienados, independientemente de lo popular que pueda ser esa alienación”.
A su vez, el también consejero del INE Jaime Rivera aseguró que las propuestas de reforma electoral que ha formulado el gobierno “son contrarias a las que han adoptado todas las reformas electorales” anteriores y que garantizaron imparcialidad, legalidad y equidad.
Concretamente sobre la propuesta de que “el pueblo” elija a los consejeros del INE, Rivera expresó: “Sería como elegir a los árbitros de un juego por los aficionados” del equipo local. Los árbitros, explicó, “tienen que ser aceptados por todas las fuerzas contendientes, pues de lo contrario estaría sesgado y no habría elecciones democráticas”.
Evolución e involución del sistema electoral
1946 Se permite la formación de confederaciones nacionales de partidos y de candidaturas comunes mediante coaliciones de partidos.
1951 Establecen que la Comisión Federal Electoral tiene como función coordinar y vigilar las elecciones federales.
1953 Se otorga a las mujeres el derecho a votar y ser votadas.
1969 Disminuye la edad para votar a 18 años (anteriormente se podía sufragar a partir de los 21).
1977 Se crean los diputados de representación proporcional en la cámara baja. Además de los 300 de mayoría, se agregan 100 plurinominales.
1986 Crece a 200 el número de diputados de representación proporcional, por lo que la cámara baja se integra con 300 legisladores de mayoría y 200 plurinominales.
1990 Nace el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo autónomo con personalidad jurídica y bienes propios. Entre sus atribuciones está crear el Padrón Electoral y expedir la credencial para votar con fotografía.
1990 Nace el Tribunal Federal Electoral (Trife) para resolver quejas en la materia.
1990 Se establece el financiamiento público a los partidos políticos.
1993 Crece el número de integrantes del Senado: pasa de 64 a 128.
1996 Se establece que ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos principios, es decir, de mayoría y plurinominales.
2007 Ningún partido ni ciudadano podrá contratar espacios en radio y televisión para hablar de temas políticos o electorales.
2014 El Instituto Nacional Electoral (INE) sustituye al IFE.