Morena va por la supremacía; PT y PVEM, por la sobrevivencia; la oposición, en defensa de la pluralidad y la equidad; la sociedad exige democracia y gobernabilidad.
Algunas de las principales características de la serie de reformas electorales aprobadas en el país son: uno, fueron impulsadas por los partidos de oposición, luego de perder los comicios federales; dos, contaron con el consenso de todas (o la mayoría de) las fuerzas políticas; tres, el gobierno y su partido aceptaron las propuestas de los opositores en aras de la gobernabilidad, la equidad y el fortalecimiento de la democracia.
A decir de los expertos en la materia dichas características permitieron avanzar en rubros como la alternancia en el poder y garantizaron la pluralidad en los Congresos de la Unión y locales.
Sin embargo, en la actualidad la situación es muy diferente, de acuerdo con lo señalado por los especialistas y los partidos de oposición: la reforma la impulsa el gobierno federal con el fin de eliminar la equidad en la contienda, controlar los órganos electorales y acabar con la pluralidad en el Congreso (como producto de la sobrerrepresentación de una sola fuerza política).
Este panorama da como resultado que la iniciativa de reforma electoral que presentará el Ejecutivo federal carezca de apoyo por parte de las fuerzas políticas de oposición y sea cuestionada por los expertos electorales; incluso, algunos califican la propuesta de la Presidencia de la República como la “Ley Maduro”, por sus características “antidemocráticas” y de captura del sistema e instituciones electorales del país.
“Venezolanización”
En agosto de 2025 el Ejecutivo federal instauró la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con la tarea de “elaborar propuestas sobre la reforma electoral”.
Si bien no se ha dado a conocer la iniciativa del Ejecutivo, sí se conocen algunos planteamientos generales: reducir el gasto de los organismos electorales —Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)—; desaparecer institutos electorales y tribunales electorales de las 32 entidades; y la elección, por voto universal, de los integrantes de los órganos electorales.
También se ha planteado reducir el financiamiento público a los partidos políticos, así como eliminar y/o reducir los senadores y diputados plurinominales en el Congreso de la Unión y los legisladores de los Congresos locales.
Para los partidos políticos de oposición y especialistas en materia electoral las propuestas que hasta ahora han formulado funcionarios y legisladores del régimen representan un “retroceso democrático” y propiciarían un régimen “totalitario” y “dictatorial”, tal como el impuesto en Venezuela por los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los planteamientos expuestos por la Presidencia y los legisladores morenistas fueron bautizados como “Ley Maduro” por el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez.
El priista aseguró que la reforma electoral que impulsa el gobierno de Morena es semejante al modelo político-electoral impuesto por “el dictador venezolano Nicolás Maduro y busca acabar con la autonomía de los órganos electorales, debilitar a los partidos políticos y desaparecer la representación proporcional de quienes piensan diferente a los que hoy están en el poder y que votan por una opción distinta”.
En este sentido, el legislador del PRI condenó la intención de los morenistas para “dar un golpe de Estado desde el Congreso y con el autoritarismo que les caracteriza imponer reglas para perpetuarse en el gobierno, porque saben que el país no está bien y los electores mostrarán su descontento en las elecciones de 2030”.
En su opinión, el régimen morenista “quiere un Congreso como el de Nicolás Maduro, donde 90% de los diputados responde al régimen y solo 10% son oposición”.
Moreira consideró que la reforma electoral “es solo una cortina de humo para ocultar la incapacidad del gobierno”.
A su vez, Lorenzo Córdova, representante de la organización Somos Mx (en proceso de constituirse como partido político nacional), expresó: “Ojalá haya discusión”; de lo contrario, indicó, “ya podemos anticipar de qué se va a tratar esto: de la mera imposición antidemocrática de un punto de vista”.
El gobierno federal anunció que será en febrero próximo cuando envíe al Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral.
Mayorías ficticias
Sobre la previsible propuesta de reforma del Ejecutivo, José Woldenberg, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y presidente del entonces Instituto Federal Electoral, recordó que desde la reforma política de 1977 hasta la de 2014 “absolutamente en todas tuvieron en el centro las demandas que se planteaban desde la oposición”, y hoy sucede lo contrario: es el Ejecutivo federal el que plantea cambios y estos son contrarios a muchos de los logros alcanzados, “que en su momento fueron pilares del proceso democratizador”.
En el tema de la representación y los legisladores plurinominales Woldenberg apuntó que para todas las fuerzas políticas “el mejor horizonte es que si un partido político saca un porcentaje determinado, este sea la representación que tenga en la Cámara de Diputados, eso es lo más democrático; ya vimos que con una lectura sesgada y tramposa de una parte de la autoridad electoral, hoy tenemos que una coalición (Morena-PVEM-PT) con 54% de los votos tiene 74% de los legisladores, es decir, una sobrerrepresentación yo diría absurda, caricaturesca: casi uno de cada dos mexicanos votó por esa coalición, pero no tres, pero acabaron con una representación de tres de cada cuatro. Lo que supone, además, que el resto de las fuerzas políticas quedó subrrepresentada”.
Un ejemplo de un Congreso sin plurinominales es el siguiente. La Cámara de Diputados se compone de 300 legisladores de mayoría, que corresponden a cada uno de los 300 distritos electorales federales. En 2024 Morena y aliados ganaron 256 distritos, por lo que si no existieran los plurinominales los partidos del régimen tendrían 85% de las curules; pero resulta que su votación nacional para diputados federales en 2024 fue de 54.7% (el total de votos de Morena, PT y PVEM). Es decir, en este panorama tendrían una sobrerrepresentación de más de 30 por ciento.
Ventanilla equivocada
Aunque la comisión presidencial comenzó a recibir propuestas desde agosto de 2025, fue hasta el pasado 12 de enero cuando los consejeros que integran el Consejo General del INE presentaron sus “propuestas institucionales” de reforma electoral; y lo hicieron en medio de rumores y trascendidos periodísticos en el sentido de que ni ellos mismos lograban ponerse de acuerdo.
La entrega de propuestas tampoco estuvo exenta de visibles diferencias entre el INE y el presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, quien expresó que la reforma no se logrará por consenso: “Las reformas electorales en México desde la primera hasta esta última que tuvimos nunca han sido de consenso. Es que es imposible llegar a un consenso definido. Nosotros obviamente no aspiramos a un consenso. No lo puede haber”.
Por otro lado, los consejeros propusieron garantizar el presupuesto del instituto (indexar el monto de los recursos al Producto Interno Bruto), pero esto fue rechazado; también hablaron de salvaguardar la autonomía del organismo y la respuesta de Gómez fue: “Autonomía quiere decir quien (sic) se da su propia ley”; y eso, dijo, es algo con lo que no está de acuerdo, pues el INE puede ser independiente, pero al ser un “órgano administrativo no puede ser autónomo”.
Después de que los consejeros entregaron su propuesta a la comisión, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se refirió al tema y aclaró que corresponde al Congreso la aprobación de la reforma: “Nosotros en la Cámara, que somos los responsables de modificar las leyes, vamos a escucharlos. Y nosotros, yo en lo personal, creo en la autonomía plena de los órganos electorales que organizan elecciones. Pero una vez que se ingrese la iniciativa, que se presente formalmente, ya es un trabajo del Congreso de la Unión”.
Intereses particulares
En la serie de encuentros organizados por el Ejecutivo federal, pero sobre todo en los foros de discusión llevados a cabo por universidades y grupos de la sociedad civil, la propuesta es unánime: organismos electorales independientes del gobierno, certeza en los resultados, equidad en la contienda, así como reducir gastos, litigios y spots en radio y televisión; pero, sobre todo, más libertades; peticiones que en muchos casos son contrarias a los intereses partidistas.
En resumen: total desacuerdo.
Y prueba de ello es que ni los propios consejeros fueron capaces de presentar una propuesta institucional unánime. El consejero Uuc-kib Espadas Ancona, por ejemplo, explicó que “un pequeño número de las propuestas institucionales tiene unanimidad, un número mucho mayor tiene una mayoría de opinión favorable y otras no alcanzaron mayoría”.
Objetivos del régimen
A partir de los cambios que se pretenden instaurar con una nueva reforma electoral, el gobierno busca concluir su objetivo de tener el control absoluto del poder, además de conservarlo eternamente impidiendo que los partidos de oposición tengan oportunidad de disputárselo y eliminando la posibilidad de que la movilización social ejerza alguna presión contraria al régimen.
Y todo ello con la apariencia de tener un sistema democrático con elecciones libres.
Cada etapa para lograr el objetivo de tener el control total del poder ha sido explicado en su momento por los expertos y denunciado por los partidos de oposición y organizaciones ciudadanas.
Luego de ganar los comicios en 2018, señalan, los primeros objetivos fueron destruir o apropiarse de las instituciones autónomas que generan equilibrios o contrapesos, además de que impiden (al menos denuncian) el abuso del poder y propician la rendición de cuentas. Así desaparecieron el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo (Coneval), o bien se hicieron del control de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos.
Posteriormente, añaden, se hicieron de una mayoría ficticia en la Cámara de Diputados (como ya se planteó en el presente texto) y con ello dieron otro importante paso: hacerse del control del Poder Judicial. Esto último lo lograron modificando la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados y jueces, fueran controlados por el régimen a través de elecciones “amañadas” por el gobierno y su partido, de acuerdo con lo denunciado por la oposición e incluso por autoridades electorales.
Así lo planteó, por ejemplo, el PRI: “No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de los Poderes. Morena convirtió al Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno, lo desmanteló para ponerlo al servicio de sus intereses.
“Se robaron al Poder Judicial, lo entregaron a cuotas, lo repartieron como botín, lo despojaron de su independencia y lo instalan como un aparato al servicio del régimen. Van a perseguir a los ciudadanos, los van a intimidar”.
“Morena quiere imponer reglas para perpetuarse en el gobierno”.
Como bien recordamos, la participación ciudadana en la elección judicial apenas llegó a 13% de los inscritos en la Lista Nominal y cada uno de los once ministros de la SCJN fueron electos por apenas 5% de los electores.
Pero al régimen, asevera la oposición, ya no le interesa el “escandaloso abstencionismo” de 87 o 95% ni la legitimidad, pues al final cumplieron su objetivo de que algunos ciudadanos sí salieron a votar; por el otro lado, contaron con los votos suficientes, tanto en el INE como en el TEPJF, para convalidar los resultados. Como bien recordamos, la decisión fue dividida en ambos órganos.
Al mismo tiempo, los resultados electorales de 2024 demostraron que el régimen apenas cuenta con la mitad de los votos; esto sin considerar el abstencionismo de alrededor de 40%; además, en las elecciones locales de Durango y Veracruz en 2025 perdieron una considerable cantidad de municipios.
Lo anterior les llevó a buscar la otra etapa: ganar con amplia mayoría las elecciones, para lo cual requiere el control de la organización de las elecciones para, según alertan especialistas, poder manipular resultados y debilitar al punto de la extinción a la oposición (financiamiento y espacios en el Congreso). Al final de cuentas, el régimen busca un control absoluto de los poderes, pero dar la apariencia de que hay democracia y elecciones libres.
Así lo expresó Ricardo Anaya, senador del PAN: “Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando porque ya no tienen respaldo popular y se quieren aferrar al poder”.
La reforma electoral del régimen morenista representa una “concentración de poder” y este “sería el último clavo en el ataúd de la democracia”, alertan expertos y partidos de oposición.
Y después solo quedará esperar la represión a las protestas contra el régimen, el control corporativo de la sociedad, la captura de los ciudadanos, la desaparición de medios de comunicación independientes y el cierre de empresas privadas, pues las inversiones no llegan a regímenes autoritarios que, además, no brindan certeza jurídica ni condiciones mínimas de seguridad pública.