El Ejecutivo federal presenta una iniciativa que busca controlar los procesos electorales, debilitar a los partidos políticos, mantener la sobrerrepresentación y desaparecer el conteo ciudadano de votos.
El pasado miércoles 4 de marzo el Ejecutivo federal envió su iniciativa de reforma electoral, que propone modificar once artículos de la Constitución. Entre dichos cambios destacan la reducción de recursos a los organismos electorales y los partidos políticos; nueva fórmula para elegir diputados plurinominales; y también cambia el proceso para dar a conocer los resultados de las elecciones.
Desde que se dieron a conocer los puntos que componen la reforma electoral, la sociedad apoya las voces de especialistas que advierten sobre un retroceso democrático impulsado desde el poder para instaurar una dictadura, al estilo de Venezuela, Cuba o Nicaragua, toda vez que afirman eliminaría la pluralidad política en el Congreso al reforzar la sobrerrepresentación; buscaría extinguir a los órganos electorales para luego controlar los comicios; y desaparecería el conteo de votos ciudadano.
Decálogo
El pasado miércoles 4 de marzo el Ejecutivo federal presentó en la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, misma que contiene los elementos dados a conocer desde hace días, conocidos como “decálogo”.
Uno, integración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa. De ellos, 300 electos por mayoría relativa y 200 diputaciones que mantienen la denominación de representación proporcional. De estas últimas, 100 serían otorgadas a candidatos que obtuvieron los mejores segundos lugares en algunos de los 300 distritos, y los otros 100 serían electos por votación directa en cada una de las cinco circunscripciones, incluyendo representación de mexicanos en el extranjero. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 son por mayoría relativa y 32 de primera minoría, es decir, desaparecen los plurinominales.
Dos, menos gasto. Se propone una reducción de 25% al financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, así como una disminución al gasto operativo de los órganos electorales. El objetivo es reducir 25% al costo total de los procesos electorales.
Tres, mayor fiscalización. Se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero y se hará uso de tecnologías en la fiscalización.
Cuatro, voto en el extranjero. Se habilitarán mecanismos para facilitar el voto de los mexicanos residentes en otras naciones.
Cinco, tiempos de radio y televisión. Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.
Seis, Inteligencia Artificial (IA). Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, en relación con las elecciones.
Siete, cómputos distritales. El Ejecutivo aseguró que permanece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero los cómputos (conteo oficial) iniciarían al término de la jornada electoral y no dos días después, como se establece en la actual Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ocho, democracia participativa. Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa con la incorporación de figuras como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. Ampliar la democracia participativa a estados y municipios. Se permitirá el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos.
Nueve, no nepotismo. Reitera lo aprobado en la Constitución: los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares (cónyuges, hijos, hermanos).
Diez, no reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular, pero a partir de 2030.
Distanciamiento
Luego de varias semanas sin fijar una posición clara, la dirigencia nacional del PT se pronunció contra los lineamientos de la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo federal.
En un comunicado emitido el domingo 28 de febrero el partido expuso: “¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México! Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”.
Asimismo, los aliados de Morena advirtieron que lucharán por “preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”.
El martes 3 de marzo, durante la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, reiteró que su partido rechazará la propuesta del Ejecutivo, pues no va a “aceptar un retroceso de la democracia”.
El coordinador petista advirtió que “49 de los 49” diputados “votarán en contra” y remarcó que “no hay forma” de que se apruebe la iniciativa del Ejecutivo sin sus votos: “Es una cuestión aritmética”.
Por otro lado, la propuesta de reforma del Ejecutivo provocó diferencias al interior del PVEM; hay algunos que la rechazan abiertamente y otros que no fijan una posición clara todavía.
Sobrerrepresentación
Un grupo de personajes de la política que militaron en el PRI, Manlio Fabio Beltrones; PAN, Diego Fernández de Cevallos; y Partido Comunista (posteriormente PRD), Jorge Alcocer, emitieron un desplegado en el que manifiestan su rechazo a los planteamientos del gobierno federal, concretamente al relativo a la sobrerrepresentación legislativa, es decir, al hecho de que un partido (o coalición) con 54% de los votos pueda tener 73% de la representación en la Cámara de Diputados.
Así lo expusieron: “Las normas para la integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían venido reflejando de manera adecuada la voluntad popular. Sin embargo, en 2024 la alianza encabezada por Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación que con 54% de los votos le otorgó 73% del total de diputados. Eso no debe volver a ocurrir”.
En este sentido, dicho grupo propuso “eliminar por completo la sobrerrepresentación de 8%, así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o coalición electoral”.
Coinciden en afirmar que la propuesta del Ejecutivo busca, con la nueva fórmula para elegir plurinominales, tener una soprerrepresentación aún superior a la actual: podría ser el caso de que con 50% de los votos Morena y aliados lleguen a tener 450 diputados, es decir, 90 por ciento del total.
Beltrones, Fernández de Cevallos y Alcocer coincidieron en la necesidad de reducir el financiamiento público para los partidos políticos, “pero sin afectar la equidad de la contienda”. Y algo muy importante: “Asegurar que los programas sociales no se utilicen en beneficio de cualquier partido político”.
Inversiones en riesgo
En una serie de apariciones públicas en días recientes el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, insistió en que el actual no es buen momento para impulsar cambios en los comicios.
“Y lo hemos dicho desde Coparmex: la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral. Una reforma electoral inoportuna y riesgosa, qué necesidad en esta realidad de estancamiento económico, de escasa generación del empleo formal, de pérdida de registro de patrones en el Seguro Social, como si no tuviéramos incertidumbre en lo externo y en lo interno”, señaló.
Y subrayó: “Por ejemplo, empresarios de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón nos preguntan si la inversión se va a respetar, si las reglas no van a cambiar; entonces, estamos ahuyentando la inversión porque podría pasar que cambien las reglas electorales sin consensos. ¡Estamos enviando la peor señal al inversionista nacional y extranjero!”
Añadió Sierra: “Lo que queremos los empresarios es que no nos sigan moviendo la mesa con reformas, queremos una mesa estable, un país sólido, un país con certeza, porque mientras no exista confianza no es posible hablar de inversión ni de desarrollo económico de doble dígito”.
Preocupante
En entrevista con Javier Risco y Luciana Wainer, en adn Noticias, el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, enumeró los pilares sobre los que a su juicio se debe construir el sistema democrático: la apertura a la pluralidad y la representación de la diversidad política en el Congreso; la construcción de autoridades electorales autónomas y profesionales; la existencia de mecanismos, como el PREP, que inyectan certeza y transparencia en los comicios; y condiciones de equidad en la contienda electoral.
Para Córdova, este grupo de cuatro “pilares democráticos” están en riesgo en la propuesta del Ejecutivo federal.
Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de la organización Somos México (en proceso de obtener su registro como partido político nacional), anunció que el próximo 21 de marzo sesionará su consejo nacional para “acordar la ruta de construcción de la estructura nacional y las eventuales movilizaciones que se llevarían a cabo en todo el país en exigencia de respeto a las reglas de la democracia”.
Agregó: “Nuestro objetivo es impedir cualquier intento presidencial de aplicar en México los modelos de Venezuela y Nicaragua, que inhiben la participación electoral de la oposición”.
La consejera del INE, Dania Ravel, advirtió que si se recortan recursos a los institutos electorales “lo único que pasará es que se va a mermar la calidad de las acciones que se deben realizar y se lesionará la confianza ciudadana cuando no se puedan cumplir con todas las nuevas atribuciones”.
Para el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, no hay duda de que se busca “demoler” al INE para que el régimen obtenga control sobre las elecciones.
A su vez, Córdova advirtió: “Hay que preocuparse por una reforma que signifique una regresión autoritaria”.