Las prioridades nacionales deben ser la seguridad y la inversión, afirman empresarios, académicos, partidos de oposición y organizaciones ciudadanas.
Los pronunciamientos de constitucionalistas, académicos, organizaciones ciudadanas, grupos empresariales y partidos de oposición coinciden en que la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo federal es regresiva porque busca instaurar una dictadura al estilo de la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro: autoritarismo, concentración de poder, control de las elecciones, un Congreso con una sola fuerza política y donde esté prohibido criticar al gobierno.
Para las voces opositoras el actual no es buen momento para impulsar una reforma electoral, toda vez que las prioridades del gobierno deben ser garantizar la seguridad de los ciudadanos (sobre todo en las entidades que padecen el acoso del crimen organizado) y generar un clima propicio para las inversiones nacionales y extranjeras.
El Ejecutivo federal ya presentó una serie de objetivos que, dijo, serán parte de su propuesta y una vez que la formalice vendrá un intenso debate al respecto: Morena busca convencer a sus aliados del PT y PVEM para que la apoyen —hasta el cierre de esta edición no era claro su respaldo—, mientras que la oposición ya decidió que votará en contra en el Congreso.
Luego de conocer los planes del Ejecutivo, la sociedad denunció que se trata de una reforma regresiva, pues desde la década de los noventa el sistema electoral mexicano se construyó “mediante acuerdos amplios, democráticos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía, a través del diálogo y los consensos, a fin de dar autonomía a las autoridades electorales, fortalecer la pluralidad y generar condiciones de equidad en la contienda”. Hoy la democracia está en riesgo.
El amplio conjunto de opositores a la reforma subraya que por medio de la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se abre un espacio de opacidad propicio para manipular resultados; en tanto que la fórmula para designar plurinominales permitirá al partido en el poder ganar un considerable número de diputaciones de mayoría, más otra cantidad al ser segunda fuerza donde pierda, y otra cantidad más en la votación de plurinominales (con sistemas como el famoso “acordeón”). Bien podría tener 450 diputados con solo 50% de los votos.
Inoportunos
Un día después de los hechos de violencia registrados en al menos 20 estados del país y dos días antes de que el Ejecutivo federal diera a conocer lo que serán los puntos de su propuesta de reforma electoral, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un comunicado en el que estableció de manera firme que el actual “no es el momento para una reforma electoral”, toda vez que esta es “riesgosa e inoportuna”.
En su análisis el organismo empresarial consideró que “la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. Por ello, la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país”.
Explicó que dicha reforma representa un impacto negativo directo en la inversión y el crecimiento económico: “La confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad”.
En este sentido, los empresarios advirtieron que “cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos”.
“Ley Maduro”
Una vez que el Ejecutivo federal dio a conocer los puntos que contendrá su propuesta de reforma electoral los opositores al régimen emitieron una serie de advertencias sobre lo que sucederá: manejo fraudulento de las elecciones para que Morena se mantenga en el poder eternamente; prohibición de la libertad de expresión; concentración del poder y el consecuente autoritarismo; es decir, una dictadura, como la instaurada en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que la iniciativa del Ejecutivo federal no busca reducir costos sino aniquilar a la oposición e instaurar una dictadura, por lo que insistió en denominarla “Ley Maduro”.
Aseguró que es “populismo puro” el argumento de que se busca gastar menos en la organización de elecciones, cuando se erogan considerables recursos en las llamadas megaobras: “Solamente en el Tren Maya este año se van a tirar 32 mil millones de pesos. Todos los institutos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral (INE) valen como 25 mil millones. El Tren Maya fue proyectado para (costar) 150 mil millones y van 570 mil millones de pesos” gastados.
El diputado priista advirtió que si la reforma del Ejecutivo se aprueba permitirá a Morena mantenerse en el poder 34 años.
Añadió que este escenario se daría porque “el gobierno tendría un árbitro electoral sometido y sin recursos, lo que permitiría el uso descarado de programas sociales en las campañas sin que nadie los sancione”.
El punto más alarmante de la iniciativa, según Moreira, es la facultad que se le otorgaría “a un INE asfixiado, para censurar y dar de baja contenidos en redes sociales bajo el pretexto de ‘regular’ la información”.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, adelantó que su partido votará contra la reforma del Ejecutivo, entre otras cosas porque no tomó en cuenta el tema del dinero del crimen organizado.
“Estamos observando que en los temas que tanto han cacareado no tienen acuerdo ni siquiera entre ellos mismos; y que, por lo tanto, el objetivo verdadero es quitarle el dinero al INE, debilitar el órgano electoral para que entonces Morena pueda controlar las elecciones en México, lo cual sería una catástrofe y no le quieren mover una coma al tema del financiamiento por parte del crimen organizado”, afirmó el panista.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, indicó que esperará hasta que la propuesta se presente formalmente en el Congreso: “Toda reforma electoral que proviene del gobierno es sospechosa”.
¿Aliados?
En cuanto a los aliados de Morena, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, volvió a mostrar una postura indefinida sobre la reforma electoral: “Estamos en la posibilidad de analizarla a fondo e insistir en la propuesta que nosotros creemos que es benéfica para la democracia en el país”. Agregó: “Vamos a esperar a tener la reforma el día lunes (2 de marzo)”.
El senador del PVEM Luis Armando Melgar advirtió: “Vamos a revisar lo que llegue, pero en cuanto a plurinominales, no vamos a acompañarla; en cuanto a quitar autonomía al INE, no vamos a acompañarla; lo que signifique debilitar la democracia en México es algo que, en lo personal, voy a votar en contra; y estoy seguro de que varios compañeros míos del Verde harán lo mismo”.
Cuestionado sobre cuántos legisladores del PVEM se opondrían, respondió: “Le puedo garantizar que los suficientes para que no pase. Creo que andaríamos por ahí de la mitad” (la bancada está integrada por 14).
Arturo Escobar, coordinador nacional del PVEM, señaló que esperarán a que se presente la propuesta, pero que no están de acuerdo con el “debilitamiento financiero del INE” y que apoyarían la reducción de financiamiento a los partidos solo si los recursos asignados se distribuyen de manera igualitaria, lo cual no está considerado por el Ejecutivo federal.
Yeidckol Polevnsky, senadora del PT, afirmó que la propuesta del Ejecutivo “está fuera de toda realidad” por proponer que los diputados plurinominales sean elegidos por voto directo.
A su vez, la coordinadora del PT en el Congreso de Nuevo León, Guadalupe Rodríguez, igualmente manifestó su rechazo y aseguró que “muchas veces las personas que elaboran las leyes están fuera de la realidad”.
Hasta el cierre de esta edición ni la dirigencia nacional del PT ni sus coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados se habían pronunciado al respecto.
La propuesta
El pasado miércoles 25 de febrero el Ejecutivo federal presentó su propuesta de reforma electoral, que consta de diez puntos.
Así se expuso:
Uno, integración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa. De ellos, 300 electos por mayoría relativa, 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley. De las 200: 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 son por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
Dos, reducción del gasto. Se propone un decremento de 25% en el costo de las elecciones, previendo disminuciones a los recursos del INE, partidos políticos, institutos electorales y tribunales electorales locales. Se reduce el gasto del Congreso federal y Congresos locales.
Tres, mayor fiscalización. El INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero y se hará uso de tecnologías en la fiscalización.
Cuatro, voto en el extranjero. Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero.
Cinco, tiempos de radio y televisión. Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.
Seis, Inteligencia Artificial (IA). Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones.
Siete, cómputos distritales. Iniciarán al término de la jornada electoral (desaparición implícita del PREP).
Ocho, democracia participativa. Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa con la incorporación de figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. Ampliar la democracia participativa a estados y municipios. Se permitirá el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos.
Nueve, no nepotismo. Reitera lo aprobado en la Constitución: los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares (cónyuges, hijos, hermanos).
Diez, no reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
La Presidencia de la República anunció que el lunes 2 de marzo enviará su propuesta de reforma electoral al Congreso (no aclaró si a la Cámara de Diputados o al Senado). “Quien la quiera apoyar, bien”, dijo.
Los que sí saben
Mauricio Padrón Innamorato, investigador de la UNAM, expuso: “El andamiaje institucional que hace posible la competencia política, la representación, la alternancia en el poder y, en última instancia, la legitimidad del régimen democrático son de particular importancia; por ello, toda propuesta de modificación en materia electoral exige un análisis profundo, informado y responsable”.
Cabe destacar que entre los ciudadanos que tienen mayor conocimiento en la materia electoral y constitucional se encuentran los exconsejeros del INE José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés, Arturo Sánchez y Marco Baños, así como los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez y José Ramón Cossío.
Dicho conjunto de expertos, junto con la organización Somos México, presentaron a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, su propuesta, de la cual destacan los siguientes puntos.
“La pérdida de registro para todo partido político que reciba financiamiento del crimen organizado; que la representación legislativa sea fiel reflejo de la votación recibida e impedir la sobrerrepresentación como ocurre en la actualidad; mantener el sistema de prerrogativas con mayor fiscalización y rendición de cuentas; permanencia de la credencial con fotografía que emite el INE; permanencia de los institutos electorales locales; garantizar presupuestalmente la operación de las instituciones electorales”.
Para los expertos mencionados y los dirigentes de Somos México está claro que “la reforma electoral debe tener como único objetivo el lograr un México en paz y evitar un peligroso regreso autoritario que reinstale en nuestro país los grandes conflictos electorales”.
En diversas entrevistas los actuales consejeros del INE también han emitido sus opiniones. Por ejemplo, Dania Ravel manifestó que se debería abordar el tema de las conferencias de prensa “mañaneras”, desde donde se habla de las contiendas electorales y los candidatos “y eso rompe con la equidad de la contienda”. También sugirió revisar el tema del uso ilegal de recursos públicos para “incidir en una contienda electoral y hacer promoción personalizada”.
En tanto, el consejero Jaime Rivera aseguró que disminuir la estructura nacional del INE y volver a comités electorales temporales “sería una regresión de 45 años” en nuestra democracia.
Finalmente, tanto exconsejeros electorales como partidos de oposición y organizaciones ciudadanas alertan sobre la desaparición del PREP.
El consejero Arturo Castillo planteó: “¿Queremos elecciones confiables o simplemente baratas? ¿Para qué eliminar el PREP si funciona bien?”
Y agregó: “El PREP ha sido una de las herramientas más importantes para dar calma en los resultados; eliminarlo abrirá una ventana de incertidumbre injustificada”.
RECUADRO
El camino de la reforma
Se presenta el lunes 2 de marzo, conforme a lo anunciado por el Ejecutivo federal. Previsiblemente, en la Cámara de Diputados.
La iniciativa se turnará a las comisiones camarales respectivas para ser revisada (en su caso, discutida), votada y dictaminada.
Se turna al pleno para su discusión y votación; luego se envía a la cámara revisora (Senado), donde también se vota. Esto podría ocurrir en cuestión de unos días.
Por tratarse de una reforma constitucional se envía a los Congresos de las 32 entidades del país.
Una vez aprobada por la mayoría de los Congresos locales, el Congreso de la Unión la remite al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para que las nuevas disposiciones sean aplicables en la elección federal y 32 elecciones recurrentes de 2027 la reforma debe ser publicada 90 días antes de iniciar la organización del proceso electoral federal, lo cual ocurre en la primera semana de septiembre de 2026.