Partidos políticos, empresarios, especialistas y académicos alertan sobre el grave retroceso que implicaría la imposición de la reforma.
En el marco de la incertidumbre que enfrenta México rumbo a la revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como la debilidad jurídica que se percibe respecto de nuestro país tanto en el exterior como en el plano doméstico, diversas voces se alzan entre legisladores, académicos, analistas y sociedad en general para alertar que en este momento una reforma electoral polémica y cuestionada resultaría “riesgosa” e “inoportuna”.
En este sentido, por ejemplo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, advirtió que la presentación de una reforma electoral sin consenso legislativo ni ciudadano podría poner en riesgo la confianza de los inversionistas hacia nuestro país.
A su vez, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que es necesario escuchar a los empresarios en el tema relacionado con cambios constitucionales en materia político-electoral, pues ellos son un factor importante de estabilidad económica: “Son los que generan empleo y prosperidad en el país”.
Dicho proyecto de reforma, si bien no se presenta todavía y es sobre todo objeto de trascendidos y/o filtraciones, sigue generando más críticas que adhesiones.
Tan es así, que los propios aliados legislativos del régimen de Morena, es decir, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), han manifestado su desacuerdo con algunos puntos, por ejemplo, la eventual reducción del financiamiento público y la disminución o eliminación de los diputados y senadores plurinominales.
Para este conjunto de empresarios, legisladores de oposición, académicos y ciudadanos comunes la reforma electoral que planea plantear el Ejecutivo federal (y que estaría presentando en febrero próximo) representa una brutal amenaza a la democracia.
Desánimo para invertir
La Coparmex recién publicó el estudio #DataCoparmex con el propósito de brindar una lectura clara y profunda del entorno en el que operan las empresas del país. Se trata de una herramienta que permite medir con rigor los factores que inciden directamente en la actividad empresarial.
Al presentarlo, el líder de los empresarios afirmó que “el país atraviesa un escenario de estancamiento económico y falta de generación de empleos formales, lo que exige dar certeza y confianza a la inversión, en lugar de abrir un debate político que no atiende las prioridades nacionales”.
Sierra Álvarez agregó: “Hoy anunciar una reforma político-electoral nos parece, desde Coparmex, riesgoso e inoportuno. Lo que necesitamos es inversión, porque son los empresarios y las empresas las que harán que México crezca y que a partir de ese crecimiento se generen los empleos formales que tanto necesitamos”.
Asimismo, reprochó que se pretenda seguir el camino de la aprobación de la reforma judicial: “Si se va a hacer la reforma político-electoral como se hizo la reforma judicial, sin el consenso de todos los partidos, de todos los actores, de todos los expertos… nosotros decimos ‘¡menuda reforma electoral!’”
A su vez, el presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes, Roberto Díaz Ruiz, mostró su preocupación por la nueva reforma electoral que, de acuerdo con lo que se conoce, busca eliminar las diputaciones plurinominales, que “precisamente nacieron con el objetivo de lograr un contrapeso dentro de las legislaturas y dar voz a los representantes de partidos pequeños”.
Al respecto, afirmó: “Lo que se busca (con la reforma) es el poder absoluto” de Morena.
En tanto, López Rabadán afirmó que la reforma electoral debe también dar certeza a las inversiones y la generación de empleos, por lo que convocó a los empresarios a participar en la discusión “en caso de que se presente una iniciativa sobre este tema en el Congreso”.
Al término de una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por su presidente, José Medina Mora, la legisladora afirmó que “las puertas de la Cámara de Diputados están abiertas para dialogar sobre este tema con quienes generan empleos y pagan impuestos en nuestro país, con el fin de darle certeza a las inversiones”.
Los empresarios tienen claro que para lograr los objetivos planteados es necesario fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica, pues ellos son la base del desarrollo.
¿Aliados?
Desde que se dieron a conocer algunas de las propuestas de la reforma electoral, en el sentido de disminuir el número de legisladores plurinominales e incluso desaparecerlos, además de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, crecieron las críticas; y no solo de la oposición, sino también de los aliados legislativos del régimen morenista, el PT y el PVEM.
“Sin pluralidad y sin voto libre no puede haber elecciones democráticas”.
Hace unos días el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, cuestionó de hecho la viabilidad de una reforma electoral y consideró que hay cosas más importantes en el país: “Si nosotros tenemos los poderes Ejecutivo y Legislativo, y ganamos por la vía de elección el Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma? ¡Pero qué necesidad!”
La postura de los dirigentes del PT se mantuvo ambigua luego de una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación: “Se abrió un canal de comunicación correcto y estamos dialogando”.
Respecto de la posible reducción de plurinominales y del financiamiento a partidos, Sandoval insistió en que todavía no hay iniciativa, por lo que “no hay nada de eso”.
Y agregó: “Nosotros dijimos lo que es. Y bueno, despertó algunas, digamos, ampollas en algunos lugares; pero más allá de eso, no pasa nada; dijimos la verdad, lo que es”.
Arturo Escobar, coordinador del PVEM en el Senado, aclaró hace unos días que la reforma electoral no fue uno de sus compromisos de campaña: “Cuando escucho a algunos legisladores de otros partidos hablar de que hay un compromiso, pregunto: ¿dónde está ese compromiso, quién lo estableció? ¿En qué discurso en qué parte de la campaña? Nunca”.
El pasado 20 de enero la dirigencia del Partido Verde se reunió también con la titular de la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre la reforma electoral. “Agradecemos la apertura y el valioso intercambio de ideas en este espacio de diálogo”, publicó en redes sociales la dirigente verde, Karen Castrejón, quien dio a conocer que la titular de la dependencia les aseguró que la comisión presidencial les presentará “de primera mano los puntos que tratará”.
Ese sí fue, dijo, “un tema concreto: que nos lo compartirán en cuanto lo tengan, y para nosotros eso será muy importante para de ahí dar una postura oficial respecto de cada uno de los puntos que va a incluir esa reforma”.
El mismo 20 de enero el senador del PVEM Luis Armando Melgar publicó: “Sin pluralidad, voto libre y bien contado, autoridades electorales autónomas y una cancha pareja, no puede haber elecciones verdaderamente democráticas. Las propuestas de Morena buscan debilitar estos pilares: concentran el poder, reducen los contrapesos y ponen en duda la certeza electoral”.
Melgar recordó que con las reglas actuales Morena ganó los comicios presidenciales en 2018 y 2024. Y en este sentido, cuestionó: “¿Para qué quieren cambiar las reglas?”
Encuentros y más encuentros
El miércoles 21 la presidenta de la República fue cuestionada sobre los encuentros de la secretaria de Gobernación con los representantes petistas y verdes y sobre la posibilidad de reunirse con ellos, a lo que respondió: “Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir, ‘a ver, ¿cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma?’, (sino que) los hemos recibido para la agenda legislativa; sí, los hemos recibido, y la Secretaría de Gobernación con la comisión que nombré están hablando con distintos sectores”.
La noche de ese miércoles la secretaria de Gobernación sostuvo un nuevo encuentro con los dirigentes del PVEM y el PT, luego del cual los aliados de Morena repitieron las frases: “estamos dialogando”; “el gobierno nos dará a conocer la propuesta”; “seguimos con el proyecto del Ejecutivo”; “agradecemos la apertura”; “todavía no hay reforma”.
Posteriormente los representantes de ambos partidos aliados del régimen acudieron a las oficinas del encargado de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. Al concluir esta reunión nada se informó.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que “la reforma electoral pasa por un tamiz indispensable: la unidad de los tres partidos; los acuerdos internos; antes de la presentación de la misma, se debe lograr un acercamiento afortunado”.
En su conferencia de prensa del jueves 22 la presidenta volvió a referirse al tema de la reforma y de la serie de encuentros de la secretaria de Gobernación con sus aliados legislativos. Señaló que en ellos se habló de “las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando”.
Asimismo, adelantó que ya cuentan con borrador de la reforma, mismo que “se va a presentar, esperamos, en febrero”.
Posicionamientos
Las dirigencias y legisladores del PAN, PRI y MC se han pronunciado a su vez contra la reforma que propondrá el Ejecutivo federal. Lo mismo han hecho diferentes agrupaciones conformadas por autoridades de institutos electorales y tribunales electorales estatales.
También están los posicionamientos de expertos en la materia y organizaciones ciudadanas; por ejemplo, los de quienes conforman la dirigencia de la organización denominada Somos México (Somos Mx), que se encuentra en proceso de convertirse en partido político nacional.
Dicha organización convocó a la jefa del Ejecutivo federal “a evitar una legislación que divida al país” y le demandó “comportarse como una jefa de Estado para escuchar a la ciudadanía y a la oposición ante su anunciada reforma electoral, cuya discusión debe ser en el ámbito del Congreso de la Unión, donde desde 1977 han sido construidas por consenso otras grandes reformas con las que se han perfeccionado el sistema electoral y la democracia, permitiendo alternancias pacíficas y convivencia plural en México”.
Si en este momento “tan crítico con una amenaza del exterior (se) provoca una legislación que divida al país, será profundamente irresponsable. Es profundamente irresponsable lucrar política y electoralmente con la división de los mexicanos. La ley, la reforma, debe construirse por consenso, no por capricho”, estableció Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Somos Mx desconfía de que el régimen atienda las propuestas de la oposición: “Es poco factible, porque están muy soberbios y autoritarios, sordos y mudos, pero se les va a revertir; si creen que van a durar 30 años están muy equivocados”, aseguró en tanto Guadalupe Acosta Naranjo.
A su vez, Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que las anteriores reformas electorales sí contaron con el consenso de la oposición: “En 1977 el régimen no pudo sostener la versión de que México era una democracia con el hecho de que en la elección presidencial de 1976 solo el PRI tuvo candidato (José López Portillo) y se quedó con un absoluto control del Congreso de la Unión. Entendió la necesidad de abrir espacios de expresión a la oposición e incorporar muchas de sus propuestas, entre ellas las formuladas por Pablo Gómez Álvarez (el eterno beneficiario de los cargos plurinominales logrados desde entonces) y Heberto Castillo, el padre de la actual presidenta del Senado de la República”.
Propuestas de expertos
Entre las principales propuestas de Somos Mx está la relacionada con la integración del Consejo General del INE. En este punto propone que “la selección de los consejeros electorales privilegie la imparcialidad de sus perfiles, acompañados por el conocimiento técnico y jurídico de sus responsabilidades”.
Y deja en claro que “estas cualidades no se derivan de una elección popular en la que participe cualquier ciudadano que busque integrar el órgano”, sino que “deben concursar para integrar el Consejo General quienes, después de una estricta revisión, cumplan los requisitos que establezca la ley”.
En otro punto resalta la importancia de que la autoridad electoral cuente con suficiente dinero para desarrollar sus responsabilidades: “Los recursos públicos destinados a la organización de una elección deben calcularse conforme con las necesidades específicas de cada proceso, no en relación con ejercicios anteriores. Las autoridades requieren de certeza sobre los recursos de que disponen, por lo que resulta imperativo fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones, más que imaginar un menor costo que bien podría afectar la calidad de los procesos”.
Del mismo modo, solicita que sigan funcionando los institutos electorales de las entidades: “Desaparecer a estos órganos implicaría de entrada el rompimiento del régimen federal que le otorga a cada entidad su debida injerencia en la definición de sus particularidades en materia electoral. Adicionalmente, los institutos locales permitieron aportar la experiencia local en ámbitos en los que la autoridad federal no tenía competencia”.
Por otro lado, acepta que es necesario modificar el actual modelo de comunicación política, aprobado en la reforma electoral de 2007 y que fue producto de los “chantajes” del PRD (muchos de cuyos miembros hoy forman parte de Morena): “El costo fue una difusión masiva en todo medio electrónico, la instalación de un monitoreo de toda transmisión al aire por parte del INE y la saturación de la población por la llamada spotización. Después de 18 años de este modelo, convendría revisar sus características para que la comunicación sea más efectiva para los partidos y para que la ciudadanía esté mejor informada con equidad sobre las opciones políticas”.
En lo relativo a los recursos públicos apunta que “la reforma electoral debería considerar las prerrogativas a los partidos de manera integral, que no solo se reduzca a los montos del financiamiento, sino que considere la equidad en las condiciones de la competencia. Convendría considerar ajustar la forma de su distribución, para pasar de la vieja fórmula de la equidad de 30% igualitario y 70% proporcional al voto, a una fórmula 50%-50%. De igual forma habría que repensar los montos y alcance del financiamiento estatal a los partidos políticos nacionales”.
Uno de los puntos que mayor discusión provoca es el relacionado con la permanencia o desaparición de los legisladores plurinominales. Somos Mx propone que la integración de la Cámara de Diputaciones sea con 250 de mayoría relativa (electos en igual número de distritos electorales federales) y 250 de representación proporcional (plurinominales), electos conforme al porcentaje de votación de las fuerzas políticas, vigilando que ninguna tenga una sobrerrepresentación, es decir, si su votación nacional para diputados es de 40%, que este sea su porcentaje de curules en San Lázaro.
Un punto particularmente importante es el de incorporar la tecnología en los procesos de votación. Al respecto, señala que ya “el INE ha instrumentado nuevos mecanismos para el ejercicio del voto que deberán incorporarse a la ley, como el voto para personas en situación de postración, el voto para personas en prisión preventiva, etcétera”.
Además, indica, se deben revisar nuevas opciones para incorporar en la ley: “La reforma deberá poner las bases para facilitar el voto electrónico en sus diversas modalidades: urna electrónica o voto a través de la red de internet, por ejemplo. Incluso es factible facilitar el voto postal adelantado. Lo mismo ocurre para el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, cuyo procedimiento es necesario agilizar”. La recomendación es “establecer que la ley proponga un proceso gradual para la instrumentación y facilitar que la autoridad electoral avance en su implementación bajo los criterios de asegurar la secrecía del voto; mantener altos niveles de confianza en la seguridad de la votación; y cuidado y auditoría a los instrumentos tecnológicos que se utilicen, por parte de la autoridad electoral”.
Cabe señalar que la propuesta de Somos Mx estuvo diseñada por exconsejeros del INE, defensores y promotores de los derechos humanos, constitucionalistas, académicos, periodistas y exdirigentes de partidos políticos.
“Ley Maduro”
Tanto Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, como Cecilia Soto, excandidata presidencial del PT, ambos integrantes de Somos Mx, afirmaron que la propuesta anunciada por el régimen “tiene visos de las reformas autoritarias que se aplicaron en Venezuela” y por ello le llaman “la Ley Maduro, que únicamente vendrá a confirmar el desplome económico de México porque sumada a la reforma judicial seguirán alejando las inversiones”.
Al finalizar la semana López Rabadán indicó que “en caso de que se presenten propuestas del gobierno federal y de otros actores para reformar el sistema electoral mexicano, esta discusión debe darse en términos democráticos y con la participación de todos los actores políticos”.
Agregó: “Como Poder Legislativo no hemos recibido una iniciativa. Hay que esperarla y, si hay alguna reforma, debe estar acompañada de todos los partidos políticos, para que las reglas del juego que van a impactar a 130 millones de mexicanos sean plurales, que beneficien a la democracia y materialicen el respeto de los votos de los mexicanos”.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que “la reforma electoral que impulsa Morena no es un ajuste técnico ni una modernización legal, al contrario, es un proyecto de control político que pone en riesgo la pluralidad, la equidad en las elecciones y la propia democracia mexicana”.
Aseguró que “cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir”.
Finalmente, lamentó “la cerrazón” del Ejecutivo federal para escuchar las propuestas de los empresarios, expertos, ciudadanos y partidos de oposición: “Con total soberbia se atreven a decir que no tiene pensado reunirse con la oposición. Por eso a esta reforma la llamamos ‘Ley Maduro’: porque sigue el mismo camino que llevó a Venezuela a la captura institucional y al autoritarismo”.
Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que “México enfrenta fracaso económico, endeudamiento acelerado y una estrategia del gobierno federal para concentrar el poder y debilitar a la oposición”.
Sobre esto último abundó: “La ‘Ley Maduro’ es una serie de reformas impulsadas desde el Ejecutivo federal para mantenerse en el poder. En 2030 no se van a querer ir, por lo que quieren quedarse ya totalmente con el INE, desaparecer a los partidos y evitar opositores en el Congreso de la Unión”.
Una historia para recordar
(Extracto de la crónica de Nicolás Medina Mora, ensayista y editor, publicada en la página de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
“Era agosto de 2015 y Pablo Gómez, antiguo preso político del 68 y perenne legislador de la izquierda, no estaba contento.
“¡Es un engaño! —dijo Gómez a los consejeros del INE, quienes se habían reunido para validar el conteo de las elecciones intermedias que renovarían a la Cámara de Diputados— ¡Falsifica la Cámara y por ende al Congreso!
“La causa del enojo de Gómez, quien entonces fungía como representante del PRD frente al INE, era el fenómeno de los ‘diputados sandía’, así llamados por ser ‘verdes por fuera, pero rojos por dentro’. En corto: el PRI había postulado a varios de sus militantes como candidatos a diputados por el PVEM, su aliado en una coalición electoral. El problema, según Gómez, era que los militantes del tricolor que habían ganado sus distritos bajo la bandera del Verde no contarían como priistas a la hora de calcular el número de diputados plurinominales que le tocarían a cada partido. Esto, advertía el perredista, le permitiría al PRI evadir la regla constitucional que regula la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados —es decir: la diferencia entre el porcentaje de los votos válidos que un partido recibe y el porcentaje de la Cámara que dicho partido controla que, según la Constitución, en ningún caso puede ser mayor a 8%— y así hacerse de más curules que las permitidas por la ley.
“Si la autoridad admite el engaño —dijo Gómez a los consejeros del INE, según la versión estenográfica de la sesión—, entonces admite que cualquiera puede venir y con su simple dicho violar la Constitución. Estamos simplemente objetando que se le asigne a esos diputados a un partido que no les corresponde, o más bien que no se les reconozca de conformidad con la realidad a qué partido pertenecen, porque si pertenecieran a ese partido el oficialismo quedaría un poco lejos de la mayoría absoluta de la cámara.
“Al final, las protestas de Gómez cayeron en oídos sordos. Pese a que la coalición del tricolor y del Verde obtuvo solamente 37.96% del voto, se le asignaron suficientes diputados plurinominales para que la alianza controlara 50% de la cámara y quedara a un voto de distancia de la mayoría simple”.