En defensa de la libertad de expresión el presidente y fundador de Grupo Salinas denuncia un patrón institucional para reducir el pluralismo democrático en México.
Para establecer un precedente de lo que ocurre con la libertad de expresión, el monopolio de la administración de justicia, la falta de Estado de Derecho, la concentración de los tres Poderes de la Unión y la censura a medios de comunicación, Grupo Salinas, encabezado por su presidente y fundador, Ricardo Salinas Pliego, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que describe puntualmente el patrón institucional que ejerce el Estado mexicano sobre empresarios y ciudadanos para reducir el pluralismo democrático en México.
En una petición formal calificada como decisiva ante este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el empresario se reunió en la icónica Casa de las Américas, en Washington, con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión, para denunciar formalmente al gobierno de México por ejercer una “persecución política, fiscal, judicial y administrativa” en su contra.
Pero más allá de su defensa propia ante este organismo, Salinas Pliego alzó la voz por millones de mexicanos que se enfrentan a políticas públicas gubernamentales semejantes al acoso personal que él padece, las cuales limitan las libertades ciudadanas, contrario a las garantías fundamentales de los mexicanos plasmadas en la Constitución.
El hostigamiento público ha quedado de manifiesto con casi 600 menciones a Grupo Salinas en por lo menos 300 conferencias mañaneras por presuntos adeudos fiscales, en violación fragante del secreto fiduciario, durante dos administraciones, simplemente por opinar diferente, denunciar la inseguridad social y la corrupción del gobierno, así como ventilar los abusos que se cometen en el país por la falta de división de Poderes en México.
En esta acción categórica para la defensa de la libertad en nuestro país y en todo el continente se plasma la persecución a medios de comunicación y periodistas por presentar información sobre la realidad del país, información que el Poder Ejecutivo califica de agresiva y contraria a sus intereses de propaganda, cuando lo que se hace es simplemente periodismo y así ofrecer a la sociedad información veraz y documentada sobre los asuntos públicos que impactan en la vida de los mexicanos.
La persecución fiscal no se da solo contra Grupo Salinas sino también en perjuicio de otros cientos de corporativos, particularmente del sector maquilador, y grandes corporaciones transnacionales que han denunciado cobros que consideran indebidos o una interpretación de doble tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en importaciones temporales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El nuevo Poder Judicial, electo a modo por el Ejecutivo y el Legislativo en México, es otra demanda de revisión ante la OEA, al considerar que se instaura un régimen administrativo donde se ha perdido formalmente la división e independencia de las instituciones, en perjuicio de los ciudadanos.
Ello sumado a una reforma a la Ley de Amparo que limita libertades y el acceso a la justicia al restringir el interés legítimo eliminando las suspensiones provisionales, especialmente en casos ambientales o fiscales, dejando indefensos a millones de ciudadanos ante arbitrariedades de gobierno por parte de municipios, estados y Federación. Ante la inacción de las demandas sociales los abusos, arbitrariedades y hostigamientos se acumulan.
Pero hay más: a este desmantelamiento de la libertad jurídica del ciudadano se añade la futura reforma electoral, la cual genera un debate significativo sobre sus posibles impactos en las libertades y derechos de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, lo que podría representar un retroceso democrático al concentrar prácticamente todo el poder en el Ejecutivo y debilitar la autonomía de las autoridades electorales.
La postura de Ricardo Salinas ante la CIDH fue exponer un caso de persecución sistemática contra él y sus empresas, pero sintetizó en este acoso personal la percepción de millones de mexicanos ante un desmantelamiento de salvaguardas legales que tradicionalmente protegían al ciudadano frente a abusos de poder y que mediante decenas de reformas constitucionales dejan a la sociedad indefensa frente a decisiones del Estado mexicano.
Además de presentar esta querella, Salinas Pliego tuvo una agenda con altos funcionarios estadunidenses, en la que destacó su reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con quien analizó el liderazgo de Grupo Salinas en remesas e inclusión financiera, además de que le expresó su preocupación por el rumbo económico de México, abogando por libertad económica y certeza jurídica para la inversión.
También sostuvo un encuentro con la congresista republicana María Elvira Salazar, a quien calificó de “una gran aliada en la lucha por la libertad y contra las dictaduras hispanoamericanas”.
Hostigamiento
Luego de presentarse información dura y realista de lo que ocurre en México a través de TV Azteca (TVA), desde el sexenio pasado y en el actual se comenzaron a usar los litigios entre Grupo Salinas y el SAT en materia fiscal como distractor político frente a la ciudadanía.
Se ha exhibido información de los casos de manera ilegal (violando el secreto fiduciario) y acusando sin pruebas, condenando con ello a las empresas públicamente antes de haber un fallo oficial de las querellas.
Además, pese a numerosas denuncias de fraude electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio, donde los acordeones fueron la base para conformar la lista de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en lo que especialistas denominan como una simulación electoral de grandes dimensiones.
Y esa nueva SCJN con ministros allegados al Ejecutivo, sin discutir ni analizar la legalidad de lo reclamado, resolvió el 13 de noviembre pasado diversos asuntos relacionados con empresas de Grupo Salinas, que impugnaron créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria federal, derivados del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013.
No se pudo ocultar la arbitrariedad cuando esas empresas habían promovido cerca de 102 recursos ante la Suprema Corte durante los últimos cinco años, los cuales fueron rechazados casi de facto acelerando la resolución definitiva de estos juicios contra créditos fiscales.
De esta forma la Corte resolvió el pago de más de 48 mil 326 millones 809 mil pesos por supuestos impuestos, actualización, recargos y multas contra Grupo Elektra y TVA.
Esa resolución unilateral evidenció que los créditos fiscales fueron inflados de manera arbitraria, por lo que Grupo Salinas denunció que eso no es justicia, sino que es extorsión fiscal, al ser una resolución bajo una ordenanza sistemática a jueces, magistrados y ministros elegidos por el poder político en turno.
Las empresas reclamaron presuntos “cobros abusivos, dobles e ilegales que corresponden a interpretaciones arbitrarias de las leyes”, donde las actualizaciones, multas y recargos llegan a “cifras absurdas”, siendo este un mal mensaje al empresariado nacional que busca el desarrollo y la industrialización de México.
Cabe señalar que entre 2005 y 2024 Grupo Salinas informó que ha pagado más de 250 mil millones de pesos en impuestos contribuyendo a la prosperidad del país, además de que desde este mes de enero el conglomerado sigue expandiéndose, generando miles de empleos y marcando un impacto significativo en la economía nacional mediante los trabajos de TVA, Grupo Elektra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Totalplay, Italika y Purpose Financial.
Grupo Salinas apoya también a México a través de Fundación Azteca, enfocándose en educación (STEAM, robótica), deporte (atletas olímpicos, selección de básquetbol en silla de ruedas) y programas sociales, con alianzas y proyectos que buscan generar desarrollo, bienestar y oportunidades para jóvenes y comunidades, impulsando la educación, la sustentabilidad y la inclusión social mediante sus empresas y fundaciones.
Este grupo empresarial, hoy hostigado por el aparato gubernamental, genera sin embargo miles de empleos al contar con 170 mil colaboradores que aportan Prosperidad Incluyente en los entornos y comunidades de trabajo.
Persecución
El 8 de noviembre de 2025 TVA y un medio de circulación nacional fueron objeto de una inspección laboral por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); directivos de la televisora denunciaron que se trató de un acto de hostigamiento y censura por parte del gobierno federal, mientras que la autoridad afirmó que era parte de un programa de reconocimiento rutinario.
Para expertos, cuando ocurre un huracán, un temblor, el asesinato de un político, un acto considerable de corrupción gubernamental o una política pública mal planeada, el ejercicio periodístico hace su función cotidiana de evidenciar los costos sociales que trajeron estas eventualidades, lo que en el poder gubernamental se confunde con estar en su contra por el simple hecho de hacer periodismo, es decir, hacer accesible a la sociedad información veraz y documentada de manera rigurosa.
Según Artículo 19 (oficina para México y Centroamérica), al menos 47 periodistas fueron asesinados en México en relación con su trabajo informativo entre diciembre de 2018 a septiembre de 2024.
Pero el acoso se da igualmente contra la ciudadanía. Por ejemplo, la diputada federal Diana Karina Barreras emprendió un juicio contra la ciudadana identificada como Karla Estrella por violencia política en razón de género.
La legisladora argumentó que se inconformó ante autoridades porque la ciudadana “invisibilizó” su trayectoria al afirmar que le debía su candidatura a su esposo, quien es el diputado Sergio Gutiérrez Luna.
El polémico mensaje, publicado en 2024 durante el proceso electoral, hacía referencia a una supuesta candidatura impulsada por el esposo de la aspirante.
El Tribunal Electoral sancionó a Karla Estrella con una multa y la obligación de realizar diversas acciones, como emitir disculpas públicas durante 30 días consecutivos y consultar bibliografía sobre lenguaje no sexista y violencia contra las mujeres.
A su vez, Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, fue vinculado a proceso por incurrir en presuntos delitos de incitación al odio y violencia contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche.
Dicha medida fue impuesta por la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada, quien después de desechar los alegatos de la defensa vinculó a proceso al periodista y representante de Organización Editorial del Sureste. Le quitaron su fuente de empleo y el espacio en que ejerció el periodismo durante más de 50 años y le obligaron a pagar dos millones de pesos.
Al periodista Rafael León se le acusó de terrorismo. Perteneciente al sitio de noticias La Silla Rota Veracruz, fue detenido en diciembre de 2025 por presuntamente pertenecer a un grupo criminal y finalmente fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento, pero un juez le impuso la medida de prisión domiciliaria por un año para que continúe su proceso penal por otros cargos.
Extorsión a empresas
Luego de la persecución fiscal a Grupo Salinas, la nueva SCJN detonó preocupación e incertidumbre jurídica frente a otros casos de grandes corporativos que están próximos a analizarse.
En el sector de la maquila, por ejemplo, un grupo de 24 compañías manufactureras —incluyendo a Samsung Electronics— mantiene al menos 30 juicios activos contra el SAT, disputando un monto total de 16 mil millones de pesos por una interpretación del cobro del IVA en operaciones de comercio exterior bajo el régimen de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
La tecnológica sudcoreana argumenta que se trata de operaciones documentales entre empresas IMMEX que participan sucesivamente en la cadena de producción antes de la exportación final, por lo que no ameritan pago de IVA y hacerlo implicaría un pago doble.
El dato más reciente de la Secretaría de Hacienda (SHCP) señala que grandes contribuyentes mexicanos mantienen en tribunales 196 mil 497 adeudos fiscales que suman dos billones de pesos.
El más reciente informe de la SHCP sobre situación económica, finanzas públicas y deuda pública indica que hasta septiembre de 2025 el organismo ha ganado seis mil 559 juicios por 141 mil 547 millones de pesos y perdido tres mil 774 por un monto de 33 mil 223.6 millones.
Dicho informe detalla que los once mil 980 grandes contribuyentes que registra el SAT aportaron a las arcas del gobierno 51% del total de los ingresos tributarios.
Incluso la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (US Chamber of Commerce) acusó recientemente al SAT de prácticas fiscales agresivas y coercitivas contra empresas estadunidenses que operan en México, las cuales, argumentan, podrían violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Todos estos casos han sido denunciados como terrorismo fiscal, cuya finalidad no es otra más que exprimir a las empresas de recursos económicos y paliar así el dispendio gubernamental en proyectos improductivos.
Desmantelamiento
El desmantelamiento de la libertad jurídica del ciudadano ha sido otro gran lastre. La elección que dio origen a la actual SCJN, por ejemplo, no solo destacó por registrar un abstencionismo histórico cercano a 90%, sino porque se convirtió además en uno de los procesos más cuestionados en décadas.
Jaime Rivera, consejero del INE, lo describió como un recuerdo de los peores momentos electorales del país. “Encontrar esas evidencias y huellas de fraude fue para mí como un viaje al pasado”, dijo.
El hallazgo central fue la distribución de miles de acordeones con nombres de nueve candidatos específicos a ministros, repartidos en al menos 23 estados del país; para los consejeros del INE no se trató de un acto aislado sino de una estrategia ilícita destinada a influir en el voto ciudadano. Sin preparación, amigos del partido en el poder fueron inscritos a las listas para instalarlos como jueces y magistrados.
Otro golpe llegó con la reciente reforma a la Ley de Amparo en México, la cual genera polémica por la posible pérdida de libertad jurídica y un retroceso en la protección de los derechos humanos, principalmente debido a las limitaciones impuestas a la figura de la suspensión provisional con efectos generales.
Expertos y organizaciones de la sociedad civil argumentan que esta limitación afecta la capacidad de proteger derechos colectivos o de grupos vulnerables (como comunidades indígenas, periodistas y activistas), que podrían verse impactados por megaproyectos o leyes inconstitucionales.
Para los especialistas, además, el proyecto de reforma electoral que prepara el Poder Ejecutivo implicará un cúmulo de modificaciones que tendrán un impacto muy severo en las distintas autoridades que integran el sistema electoral mexicano, afectando a millones de ciudadanos que emiten su voto democráticamente.
Gira
En este panorama fue que se desarrolló la extensa y exitosa gira de Ricardo Salinas Pliego por Washington.
Al término de su reunión el martes 13 de enero con Pedro Vaca, relator de la CIDH, el presidente y fundador de Grupo Salinas fue contundente sobre su denuncia: “Me trajo aquí el abuso contra nuestros derechos humanos; a mí en lo personal, pero también a todos los mexicanos, porque la reforma judicial, el cambio de la Suprema Corte y la cancelación de la Ley de Amparo es una gravísima amenaza a la libertad y a los derechos humanos de los mexicanos. Por eso estamos aquí: para denunciar en el ámbito internacional”.
Añadió que “al gobierno le molesta muchísimo que un ciudadano como yo salga a expresar su opinión en las redes y se haga eco de ella en los canales de televisión que manejamos. También le molesta muchísimo al régimen del Cártel de Tabasco que Fuerza Informativa Azteca y adn40 hagan su trabajo de información y crítica”.
Por su lado, Jaime Aparicio, abogado en Derecho Internacional, expuso: “Acá estamos alegando que a través de medidas indirectas el Estado ha tomado unas presiones y medidas punitivas contra Ricardo Salinas Pliego. En realidad, no por temas fiscales, sino que ese es un disfraz para atacar a la persona de Salinas Pliego por sus opiniones políticas, tanto de él como de TV Azteca, por su crítica al gobierno y a sus políticas públicas”.
Aparicio señaló el trasfondo de la persecución al empresario: “Este es un caso muy complicado, porque está demostrando que en México, y en América Latina, gobiernos de corte populista toman el poder, concentran todos los poderes del Estado como acaba de suceder en México con las elecciones judiciales, y utilizan ese poder para silenciar a quienes son críticos con sus políticas”.
Como parte de su agenda en Washington, ese mismo día Salinas Pliego sostuvo una reunión con la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar. El intercambio de ideas se centró en temas de democracia y situación política en la región.
“Me dio mucho gusto conversar con Salazar, quien es presidenta de la Comisión del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos y está muy empapada de los asuntos que están pasando en Latinoamérica. Es muy alentador ver los cambios que se están dando. Por supuesto, primero fue Argentina, luego Ecuador, luego Bolivia y el golpe que le dieron a Nicolás Maduro es un comienzo, pero todavía falta mucho”, estableció Salinas.
Destacó asimismo la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo para fortalecer la relación entre México y la Unión Americana. “Para México es muy importante mantener una relación con Estados Unidos, porque somos vecinos y porque somos socios comerciales. Pero si queremos tener esa relación debemos jugar con las reglas del juego. Y las reglas del juego son libertad, democracia liberal, que significa división de poderes, que significa libertad de prensa”, puntualizó.
Poco después estuvo en la toma de protesta del nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien pronto llegará a Lima para fortalecer los lazos bilaterales y que fue juramentado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
De acuerdo con el empresario, el Departamento de Estado norteamericano está al tanto de lo que ocurre en México, particularmente en lo relativo al uso del poder del Estado frente a voces críticas. “El secretario Rubio es un gran proponente de la libertad; es cubanoamericano, sabe exactamente la certeza de miseria y atraso a la cual nos lleva el socialismo y el comunismo. Está muy pendiente de lo que está pasando en México”, expuso Salinas Pliego.
Para el miércoles 14 de enero, en la capital estadunidense, Salinas sostuvo una reunión con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
El papel que juegan las empresas de Grupo Salinas, como Elektra y Banco Azteca, en materia de remesas y prevención de lavado de dinero fueron los temas prioritarios para la administración estadunidense. “Fue muy interesante platicar con el secretario del Tesoro, porque tiene a su cargo una organización muy importante, es la Tesorería de Estados Unidos, es como el secretario de Hacienda de Estados Unidos”.
Y estableció: “Le platiqué de todo lo que hacemos en Banco Azteca y Grupo Salinas, que pagamos la mitad de todas las remesas que llegan a México, la mitad de las remesas las pagamos en Elektra. Le platiqué que tenemos un banco que es el octavo más grande del país, con 22 millones de clientes. También le platiqué que tenemos la compañía número uno de motos, más de cinco millones de motos al año, y el número dos de telecomunicaciones con Totalplay”.
Expuso que le dio un referente a Bessent de lo que hace Grupo Salinas. “Y por qué nosotros estamos tan preocupados del rumbo que lleva nuestro país; porque la verdad es que no vemos que vayamos por un buen rumbo económico. Al igual que todo el gobierno del presidente (Donald) Trump, estamos muy preocupados por el tema de los cárteles y los narcotraficantes en México”.
Al respecto, expresó: “Ese es el tema número uno que tienen ellos en la agenda y están a la expectativa de que haya realmente una acción contundente en contra de los criminales que hay en México”.
Reveló que Bessent está también muy consciente de que van a renegociar el TMEC próximamente. “Hay preocupación de que si el socio comercial, México, se presenta como no confiable, no les va a gustar nada. Entonces, son cosas delicadas y por eso es muy importante tener una relación y comunicación cercana. Ellos sienten que todo el problema es nuestro, pero en realidad no es cierto, porque acá también hay muchos adictos y se meten todas estas drogas. El tema de la demanda de las drogas acá es muy importante”.
Por eso, señaló, “los cárteles, el tratado y la migración son los temas más sensibles que ellos manejan”.
Al cierre de su gira Salinas Pliego hizo un balance general sobre el futuro de México. “Me voy con optimismo, porque aquí con el gobierno de Trump hay un nuevo aire político donde se respira más libertad y eso es lo más importante. El tema de la libertad, la desregulación y la baja de los impuestos son temas muy importantes en Estados Unidos; lo que está pasando aquí se tiene que traspasar a otros países”.
Y concluyó: “La verdad, yo no quiero terminar como los venezolanos que se tuvieron que venir a vivir a Miami y a otras partes de Estados Unidos porque se quedaron sin país. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir en mi país, me gusta mi país. Quiero que mis hijos y mis nietos vivan en mi país y tenemos que luchar para que sea un país próspero y exitoso para todos. Y no un país lleno de corrupción y de violencia criminal”.
Así, la CIDH analizará ahora la información para determinar los siguientes pasos del proceso, pero el caso presentado por Ricardo Salinas abre ya una discusión mucho más amplia sobre la libertad de expresión, la independencia judicial y el alcance del diálogo internacional frente a los escenarios de persecución política en México.
Coparmex: prevalece la incertidumbre
La incertidumbre económica, política e inseguridad que se viven han disminuido el ánimo para invertir a niveles vistos solo durante la pandemia de Covid-19, cuando México tuvo su mayor crisis económica en la historia, consideró Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Solo 39.5% de las empresas considera que es buen momento para invertir, una cifra similar a los niveles que experimentamos en la pandemia”, declaró el empresario en la presentación de la encuesta #DATA Coparmex.
Según el líder del sector patronal, la confianza empresarial sigue presionada por incertidumbre económica, violencia y ruido político generado en México por el cambio del Poder Judicial.
“Una reforma político-electoral nos parece desde Coparmex riesgosa e inoportuna”, declaró.
El empresario recordó que el estancamiento económico y la baja generación de empleos en 2025 es reflejo del bajo ánimo para invertir de las compañías, que solo quieren certeza jurídica y reglas claras. Las empresas gastan en promedio 20% de sus ingresos en la seguridad que el gobierno es incapaz de garantizarles, dijo.
“El secretario Rubio es un gran proponente de la libertad”.
Puntos centrales expuestos ante la CIDH
•Criminalización de la crítica: se documentó cómo el Estado utiliza los medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar la reputación de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas con el objetivo de silenciar la disidencia. Ejemplo de ello son las más de 300 conferencias matutinas dedicadas a sus asuntos.
•Hostigamiento administrativo: las empresas de Grupo Salinas han sido objeto de auditorías excesivas por parte de todo el aparato institucional del Estado, duplicándose en las dos últimas administraciones respecto de periodos anteriores.
•Captura del Poder Judicial: el documento advierte que la reciente reforma judicial en México erosiona la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a los abusos del Ejecutivo.
•Uso político del aparato fiscal: Salinas Pliego expuso que a pesar de su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio. El caso de Salinas Pliego trasciende lo personal: es un aviso sobre la crisis institucional en México, la toma del Estado por parte de los carteles y un llamado a defender la libertad y el Estado de Derecho en el país, evidenciando un patrón institucional de hostigamiento para silenciar voces críticas y reducir el pluralismo democrático.
“Al gobierno le molesta muchísimo que un ciudadano como yo salga a expresar su opinión”.
Encuestas
GEA ISA reportó que hasta antes de 2024 alrededor de 62% de la población estaba satisfecha con la democracia, pero después de este año la cifra disminuyó 45 por ciento.
El Latinobarómetro reportó que para 2025 en México 57% consideró que “sin oposición no puede haber democracia”.
El Barómetro del Instituto Mexicano de la Competitividad reportó que poco más de la mitad de los mexicanos considera que vive con un Estado de Derecho debilitado.
Y México Elige señaló que 50% considera que “es peligroso pensar diferente al partido en el gobierno”, en tanto que 50% estima que “México va por mal camino”.
“Al igual que al gobierno estadunidense, nos preocupa el tema del narcotráfico en México”.
Apoya la AIR a Grupo Salinas
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) dio su respaldo total a Grupo Salinas ante la denuncia presentada en la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
En un desplegado, la AIR informó a sus socios y a la comunidad internacional que Grupo Salinas, al cual pertenece TV Azteca, presentó formalmente ante la CIDH una denuncia sobre la situación de persecución política, hostigamiento administrativo y presiones indebidas por parte del Estado mexicano.
Señaló que la denuncia documenta un patrón de criminalización de la crítica, uso político del aparato fiscal, afectaciones a la independencia judicial y prácticas orientadas a intimidar y silenciar a quienes ejercen el derecho a expresarse libremente y a participar en el debate público.
“La AIR expresa su respaldo a TV Azteca y subraya que el uso del poder del Estado para estigmatizar, presionar o perseguir a medios de comunicación constituye una grave violación a la libertad de expresión y a los principios democráticos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, puntualizó el desplegado.
Expuso que la AIR valora el recurso a los mecanismos internacionales de protección como una vía legítima para la defensa del Estado de Derecho y reafirma que la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios son pilares esenciales de la democracia.
La organización, asociada a la UNESCO y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dijo que continuará observando atentamente este caso y reiteró su compromiso permanente con la defensa de la libertad de expresión en México y en toda América.