Washington. Estados Unidos, 13 de enero de 2026. El presidente y fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, sostuvo una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto debido a la “persecución política que ejerce el Estado mexicano en su contra. En ella, advirtió sobre la grave crisis institucional que enfrenta México y presentó evidencias contra el Estado por la criminalización de la crítica, el hostigamiento administrativo, la captura del Poder Judicial y el uso político del aparato fiscal. Este caso trasciende lo personal, es un llamado a defender la libertad y el Estado de Derecho”.
Según el documento entregado al organismo internacional, esta ofensiva estatal busca restringir la libertad de expresión y la participación en el debate público, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante cuatro herramientas de represalia:
Criminalización de la crítica: Grupo Salinas documentó que el Estado utiliza medios públicos y vocerías oficiales para dañar la reputación de Salinas Pliego. Como prueba, citaron las más de 300 conferencias matutinas dedicadas a abordar sus asuntos empresariales y personales.
Hostigamiento administrativo: Denuncian "auditorías excesivas" por parte del aparato institucional, asegurando que estas se duplicaron durante las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum en comparación con periodos anteriores.
Uso político del fisco: Salinas Pliego expuso que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado responde con negativas y tratos discriminatorios, evidenciando un fin "coercitivo y no recaudatorio".
Captura del Poder Judicial: La denuncia advierte que la reciente reforma judicial erosionó la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos "sin acceso a una justicia imparcial" frente a los abusos del Ejecutivo.
En el comunicado emitido por Grupo Salinas enfatiza que este caso trasciende lo personal y representa un aviso sobre la crisis institucional que vive el país.
"El caso es un aviso sobre la toma del Estado por parte de los cárteles y un llamado a defender la libertad", se lee en el texto, donde acusan un patrón institucional diseñado para silenciar voces críticas y reducir el pluralismo democrático.
Con esta acción, Ricardo Salinas Pliego solicita a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición para restaurar la independencia judicial y proteger la propiedad privada en el país”.