Ciudad de México, a 9 de mayo. Durante el 16º Congreso Internacional de Transporte, expertos y autoridades coincidieron en que el financiamiento al transporte público no puede seguir postergándose.
El subsidio, afirmaron, debe convertirse en una política de Estado que garantice la operación del sistema y el derecho a la movilidad.
Jesús Padilla, presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), advirtió que el sistema enfrenta una crisis estructural: “Subsidio sí o sí, o muerte a la empresa. Si tiene buena demanda aguantará más años, si tiene poca, morirá muy rápido y van a culpar al transportista”.
Enfatizó que el tema debe dejar de ser una discusión política recurrente y pasar a una definición presupuestal permanente que involucre a la Presidencia y al Congreso de la Unión.
Por su parte el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, expuso que la brecha entre la tarifa social que paga el usuario y el costo real del servicio debe ser cubierta por los gobiernos. “Así como el Estado garantiza el acceso al agua, la salud o la educación, debe asegurar el transporte público con recursos, reglas claras y transparencia”, sostuvo.
El debate reunió a representantes de los gobiernos de San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, así como a organismos federales. En ese espacio, se reconoció que cada ciudad enfrenta condiciones distintas, pero todas coinciden en que la sostenibilidad financiera del transporte ya no puede depender únicamente del pasaje.
El presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, Ricardo Serrano, subrayó que el reto está en conciliar objetivos: “El gobierno quiere garantizar el servicio, el empresario debe tener viabilidad. Cuando ambas partes se sientan en la mesa y acuerdan, es cuando avanzamos”.
Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, destacó la urgencia de consolidar instituciones sólidas para aplicar la nueva Ley General de Movilidad. “La gente no ve cambios, aunque los haya. Tenemos que poner a la ciudadanía en el centro de cada decisión, y eso requiere voluntad, tiempo y riesgos”, apuntó.
Por su parte, Araceli Martínez, secretaria de Movilidad de San Luis Potosí, pidió seguir incorporando la perspectiva de género en los programas de gratuidad y acceso universal. Mientras que Rodolfo Osorio de Carrerá, de la Secretaría de Economía, abordó el vínculo entre movilidad, electromovilidad y desarrollo industrial, al anunciar el relanzamiento de la marca “Hecho en México” como parte de las nuevas rutas productivas.
El consenso entre los ponentes fue claro: sin financiamiento público, el transporte no podrá responder a las demandas de cobertura, calidad e inclusión social que exige el México urbano del siglo XXI.