No todos los niños tuvieron un feliz Día de Reyes: las leyes mexicanas dejan el camino libre al crimen organizado, cada vez más hábil en atrapar a las infancias.
La caza de menores por parte del crimen organizado parece no tener freno. Corrección: es así, no lo tiene y tampoco se ha intentado ponerle un alto, por lo que hasta ahora el reclutamiento de niños —la carne de cañón predilecta de las células delictivas— no es un delito.
Y mientras eso no cambie los cárteles seguirán saliéndose con la suya: truncando las vidas de miles de infantes, probablemente para siempre, justo antes de empezar.
Pese a que no hay cifras oficiales organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Reinserta advierten que unos 250 mil niños mexicanos están en riesgo de ser atraídos con engaños para engrosar las filas de la delincuencia.
“Ellos me decían: ‘Tú eres nuestra hermanita, la más chiquita, a la que queremos mucho’”, confesó P. a una agencia de noticias extranjera, desde un centro de ayuda a jóvenes en riesgo, al contar cómo fue reclutada desde los doce años por un cártel mexicano —por “seguridad” no quiso decir cuál, el número de personas que asesinó, ni dónde operaba— mientras vendía flores afuera de un bar.
P. empezó como halcona (espía), una tarea casi inofensiva, pero el cártel notó su entusiasmo de niña por aprender cosas nuevas y le sacó provecho. Rápidamente pasó a secuestrar, torturar y matar por encargo.
Ellos sabían de su lealtad incondicional, les gustaba. Pero lo que les gustaba sobre todas las cosas era que su edad la protegía de un castigo severo si era atrapada. “Pensé que me querían, para mí eran como mi familia”, dijo P.
Cuando cumplió 16 la arrestaron por secuestro agravado —su único cargo penal— y fue puesta en un centro de detención juvenil por tres años y medio. Si hubiera sido mayor de edad la suerte habría sido otra: entre 50 y 100 años de cárcel.
Pollitos de colores
Niños como P., quien ahora tiene 20 años —“Nunca creí que llegaría a esta edad, pensé que moriría antes”, afirmó entre lágrimas—, son víctimas de una estrategia deliberada de los grupos del crimen organizado para reclutar a menores en sus filas aprovechándose de su vulnerabilidad, la necesidad de pertenecer a algo parecido a una familia y la falta de reconocimiento social: hacen el trabajo sucio, no importa qué; el salario es menor; y si los atrapan, enfrentan penas reducidas.
Aunque la mayoría de los menores son cooptados con distintos métodos, desde amenazas directas, pasando por promesas de dinero y hasta expresiones de cariño, el destino que les aguarda es el mismo.
“Un niño en el crimen organizado dura muy poco, son cuerpos desechables”, asegura Gabriela Ruiz Serrano, investigadora de la UNAM.
Tan es así, que a estos niños se les conoce entre los cárteles como “pollitos de colores”, haciendo referencia a las pequeñas aves que se encontraban en ferias y mercados del país. Eran baratos, brillantes y vivían poco por la toxicidad de los productos con los que los pigmentaban.
A los niños los preparan principalmente para ser sicarios, halcones o ir al frente, pues —aseguró un miembro de un cártel a la agencia extranjera— “si no sirven para matar, servirán para que los maten”.
Muchos son reclutados por familiares o amigos, con el deseo de ser parte de algo. “Te unes con tu sentencia de muerte firmada”, afirmó M., un adolescente de 14 años que lleva trabajando ocho meses para un cártel. “Vale la pena, ahora no paso hambre y tengo un sentido de familia”, cerró.
Falla en el sistema
La falta de datos concretos dificulta el seguimiento del problema. No se sabe cómo han cambiado las cifras con el tiempo, pero, expertos afirman que los menores son reclutados cada vez más jóvenes.
Informes hechos por sociedades civiles destacan que niños de solo seis años se han unido al crimen organizado y el creciente uso de la tecnología, como los videojuegos con sistemas de mensajería integrados y las redes sociales, son los ganchos para atraerlos.
Si bien los niños más pequeños son útiles para tareas sencillas, como entregar mensajes, su lealtad y maleabilidad los convierte en blancos fáciles. A los ocho ya desarrollaron las habilidades motrices necesarias para maniobrar un arma y matar, por ejemplo.
De los primeros en reconocer parte de la complejidad del problema fueron los miembros de Reinserta, una ONG que trabaja con personas encarceladas, cuando en 2021 publicaron una investigación que recoge las vidas de 89 adolescentes y adultos en prisión, de los cuales 67 se integraron a las filas del narco siendo niños.
En los centros de internamiento no había datos al respecto y la problemática parecía invisibilizada. Sin embargo, en los siete estados en los que recabaron datos —Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo— se repetía un perfil: jóvenes que venían de situaciones de pobreza, con contextos violentos y lazos familiares rotos, que entre los nueve y los 15 años se aliaban al narco.
“No eran juzgados por delincuencia organizada, pero cuando se estudiaban sus historias de vida te dabas cuenta de que sí estaban vinculados a los cárteles”. Víctimas que terminaban siendo victimarios.
Oídos sordos
En 2011 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le recomendó a México reconocer el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal Federal, así como implementar programas de desvinculación, reinserción social y atención sicológica especializada. Sin embargo, nadie hizo algo al respecto.
En 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a poner el dedo sobre el renglón tras los informes de niños en Guerrero que se unieron a una fuerza de defensa comunitaria para combatir a grupos criminales de la zona. De nuevo, no hubo respuesta.
Durante 15 años el gobierno federal no solo no atendió el problema, sino que incluso lo dejó crecer.
Según Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, en este tiempo se incrementaron ciertas “narrativas punitivas”, como la que afirma que los adolescentes inmiscuidos en conflictos legales quedan impunes, estimulando propuestas legislativas que buscan reducir la edad penal o incrementar las sanciones contra los menores, poniéndolos a ellos otra vez como el origen del problema que hay que atacar.
“Para que podamos destinar un presupuesto específico, tener estadísticas e indicadores de avance, primero hay que reconocer que tenemos un problema”, advierte.
¿Pequeña esperanza?
El panorama tomó otro rumbo tras el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, en manos de un adolescente de 17 años, Víctor Manuel Ubaldo, quien fue reclutado junto a otro de 16, Fernando Josué Leal, de un centro de rehabilitación de adicciones.
Los jóvenes fueron atraídos con engaños, amenazados, desaparecidos temporalmente y luego obligados a cometer el ataque por un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Luego del incidente Manuel Añorve, senador de la bancada del PRI, presentó una propuesta para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que busca protegerlos del reclutamiento.
La propuesta se unió a otras voces que pedían lo mismo. En junio anterior la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y las senadoras María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gina Campuzano e Imelda San Miguel Sánchez, del PAN, hicieron un llamado a establecer protocolos, políticas públicas y un marco jurídico que atienda y prevenga el delito.
En marzo, senadoras del PT llamaron a la Secretaría del Bienestar a reforzar políticas preventivas contra el reclutamiento; y días antes la Comisión de Seguridad Pública del Senado exhortó a los gobiernos estatales y federales a “fortalecer las acciones para prevenir y combatir el delito”.
De momento las propuestas son solo eso: intentos por alzar la voz.
Actualmente los casos se investigan y sancionan a través de otras figuras delictivas del Código Penal Federal, como corrupción de menores, trata de personas o delincuencia organizada, sin que ninguno de ellos abarque la complejidad del reclutamiento forzado.
Y mientras los legisladores se deciden —o no— a tipificar el delito, los cárteles continúan actuando sin castigo.