CDMX. 14 de mayo de 2026. Con motivo de la próxima conmemoración del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de ICC México hace un llamado al sector turístico, de hospedaje y de estancia temporal a fortalecer sus medidas de prevención, detección y actuación frente a posibles situaciones de trata de personas y explotación sexual, particularmente cuando involucren a niñas, niños y adolescentes.
La trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y exige una respuesta decidida, coordinada y preventiva por parte de todos los actores involucrados. En este contexto, el sector turístico ocupa una posición especialmente relevante. Los servicios de hospedaje, la estancia temporal y otras modalidades de alojamiento pueden convertirse, en ausencia de controles adecuados, en espacios de riesgo. Por ello, los prestadores de servicios turísticos tienen hoy no solo una responsabilidad ética y social, sino también un deber creciente de diligencia, atención y actuación conforme al marco legal vigente.
En México, el marco jurídico ya contempla disposiciones que sancionan diversas conductas relacionadas con la trata de personas, el turismo sexual con menores, el arrendamiento de inmuebles para fines de explotación y la omisión de actuar o denunciar cuando existen indicios razonables
A ello se suman reformas estatales ya publicadas en materia turística que refuerzan obligaciones preventivas para establecimientos de hospedaje y servicios de estancia temporal, particularmente en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes. Entre las entidades que ya cuentan con reformas publicadas en su legislación turística se encuentran Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas.
Asimismo, existen avances a nivel federal orientados a reforzar la verificación del vínculo entre personas adultas y menores de edad al momento del ingreso a servicios de hospedaje. Si bien estos procesos legislativos siguen su curso, la tendencia normativa es clara: avanzar hacia una mayor protección de la niñez y una mayor corresponsabilidad del sector turístico en la prevención de estos delitos.
Frente a este panorama, la Comisión de Responsabilidad Social de ICC México considera fundamental que los prestadores de servicios turísticos adopten y fortalezcan protocolos internos de prevención, detección y actuación, con base en principios como el interés superior de la niñez, la cero tolerancia frente a cualquier forma de explotación, la debida diligencia, la confidencialidad, la no confrontación directa y la colaboración con las autoridades competentes.
Buenas prácticas recomendadas
Verificar la identidad de las personas adultas y la documentación de niñas, niños y adolescentes que las acompañen.
Ello incluye solicitar documentos idóneos para acreditar la mayoría de edad de las personas adultas y, cuando viajen con menores, la filiación, parentesco, patria potestad, tutela, guarda, custodia o autorización correspondiente.
Establecer procedimientos reforzados cuando existan dudas razonables. En caso de inconsistencias documentales, falta de claridad en la relación entre la persona adulta y el menor de edad, o señales de alerta, debe activarse una verificación reforzada, escalar internamente el caso y documentar lo observado.
Negar fundadamente el servicio cuando no se acredite el vínculo legal o la autorización correspondiente. Esta medida, aplicada de forma respetuosa, objetiva y documentada, puede constituir una acción preventiva indispensable para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Dar aviso inmediato a las autoridades ante sospechas fundadas o posibles indicios de delito. El personal no debe investigar por cuenta propia ni confrontar directamente a las personas involucradas. Su función debe centrarse en activar los canales internos y externos de reporte y actuación.
Capacitar de manera periódica a todo el personal. La formación debe abarcar identificación de indicadores de riesgo, aplicación de protocolos, actuación ante emergencias, protección de datos personales y mecanismos de denuncia. Esta capacitación debe incluir no solo al personal de recepción, sino también a seguridad, limpieza, atención a huéspedes y mandos directivos.
Contar con señalética visible y mensajes preventivos. Es recomendable colocar avisos en recepciones, habitaciones, inmuebles, páginas web, plataformas y otros canales de atención, para informar sobre la política de cero tolerancia frente a la explotación y la denuncia de cualquier sospecha a las autoridades competentes.
Llevar registros adecuados de huéspedes, ingresos, salidas y, en su caso, vehículos. La trazabilidad de la información, siempre respetando la legislación aplicable en materia de datos personales, es una herramienta relevante para la prevención y la colaboración con autoridades.
Implementar medidas de vigilancia y seguridad razonables. La videovigilancia en accesos y áreas comunes, así como la conservación adecuada de grabaciones conforme al marco legal aplicable, puede contribuir a la protección de huéspedes, personal y personas menores de edad.
Incorporar medidas específicas para hospedaje temporal y plataformas digitales. Las plataformas tecnológicas y esquemas de estancia temporal también deben asumir esta responsabilidad, incorporando controles documentales, avisos preventivos, mecanismos de reporte y validaciones razonables.
Señales de alerta que no deben ignorarse
Algunas señales que pueden justificar una revisión reforzada o activar el protocolo interno incluyen diferencias de edad significativas sin relación clara, respuestas evasivas o inconsistentes, negativa a proporcionar documentación, pagos exclusivamente en efectivo para evitar registro, reservas de corta duración, múltiples ingresos a una misma habitación y conductas de temor, nerviosismo o aislamiento en niñas, niños o adolescentes.
Una responsabilidad compartida
La prevención de la trata de personas en contextos turísticos requiere una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas, plataformas, personal operativo y sociedad. El compromiso del sector privado no debe limitarse al cumplimiento mínimo de la ley. Debe traducirse en políticas internas claras, protocolos efectivos, personal capacitado y una cultura de actuación responsable frente a cualquier indicio de riesgo.
Desde la Comisión de Responsabilidad Social de ICC México, hacen un llamado a que los prestadores de servicios turísticos y de hospedaje revisen sus procesos, fortalezcan sus controles y adopten buenas prácticas alineadas con los más altos estándares de protección de derechos humanos. Prevenir la trata no es solo una exigencia legal: es una condición indispensable para construir espacios seguros, responsables y libres de violencia.
Refrenda su disposición para seguir impulsando acciones de sensibilización, articulación y promoción de buenas prácticas que contribuyan a prevenir la trata de personas y a fortalecer una cultura de corresponsabilidad en el sector turístico. La protección de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad compartida y permanente.