México, 4 de noviembre. Con el propósito de garantizar la permanencia y el desarrollo educativo de niñas y niños hijos de personas privadas de la libertad, así como asegurar su inclusión social y emocional, y brindarles oportunidades para el futuro, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las entidades y municipios a que implementen programas de apoyo económico y de formación integral para este grupo poblacional.
Explicó que la privación de libertad de la madre o del padre genera en sus hijos e hijas diversos riesgos socioeconómicos y psicoemocionales como estigmatización, movilidad residencial, pérdida de redes de apoyo, y tensiones financieras que repercuten en el aprendizaje y la permanencia escolar.
Agregó que diversas fuentes periodísticas y oficiales han documentado alzas en la población penitenciaria durante el año 2025, con lo cual crece también la cantidad de niñas, niños y adolescentes potencialmente afectados por la reclusión de un progenitor, problemática que demanda respuestas preventivas y de protección desde el sector educativo y de asistencia social.
En este sentido, destacó que apoyar a niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias con un progenitor privado de la libertad es reconocer que la vulneración de derechos de un adulto no debe traducirse en pérdida de oportunidades para sus hijos, ante lo cual puso como ejemplo los programas de apoyo para esta población que existen en diversas entidades federativas que permiten a las autoridades materializar el respeto a sus derechos constitucionales y legales.
Ejemplos a seguir
Puso como ejemplo el programa “Apoyando tu Futuro” del DIF Reynosa, en Tamaulipas, que promueve la continuidad educativa de estudiantes desde preescolar hasta universidad, brindándoles un apoyo económico bimestral y promoviendo su participación en actividades académicas, culturales y deportivas, para fortalecer su desarrollo integral y cortar el ciclo de vulnerabilidad social al que han estado expuestos.
Detalló que este programa reconoce que la educación es la herramienta más poderosa para prevenir la reincidencia y promover la movilidad social de los hijos de personas privadas de la libertad.
Agregó que en el estado de Sonora también se implementa un programa de "Becas educativas para hijas e hijos de personas privadas de la libertad"; mientras que en Chihuahua se ofrece el "Apoyo económico a personas cuidadoras de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad en centros de reinserción social en el estado de Chihuahua".
Aseguró que estas experiencias en diversos estados de la República muestran que es factible construir presupuestos que atiendan la vulnerabilidad a la que están expuestos las y los hijos de las personas privadas de su libertad, con los cuales los gobiernos locales pueden liderar iniciativas de impacto social, fortaleciendo el cumplimiento del derecho a la educación.
Finalmente, subrayó que un programa focalizado para hijas e hijos de personas privadas de la libertad debe fortalecerse con actividades que permitan un desarrollo integral de las niñas y niños como actividades físicas, artísticas y teatrales, tutorías y apoyo socioemocional, ya que afirmó que la permanencia escolar depende tanto de condiciones económicas como de entornos de aprendizaje seguros y significativos.