México, 27 de abril. Diputados y especialistas señalaron la necesidad de visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de la libertad y sus hijos e hijas, así como impulsar una legislación en la materia con enfoque de género, derechos humanos y reinserción social que mejore su calidad de vida.
Al inaugurar el foro “Mujeres en reclusión”, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) señaló que hablar de mujeres privadas de la libertad “es hablar de una realidad compleja, es dolorosa y muchas veces es ignorada”.
Advirtió que esta situación no solo impacta a las mujeres, sino también a sus familias. “No puede haber transformación si no hay un tema de justicia social y si no hay un tema de equidad y piso parejo en todos lados, incluso dentro de los centros de reclusión”.
Expuso que existen problemáticas estructurales como “infraestructura inadecuada, deficiente acceso a servicios de salud, escasez de programas de reinserción, limitado acceso a educación y capacitación laboral, falta de condiciones dignas para la maternidad”.
Además, hay efectos en niñas y niños que viven en prisión, entre ellos “desarrollo infantil limitado, condiciones emocionales complejas” y separación forzada de sus madres.
Indicó que el objetivo del foro es construir propuestas para una iniciativa y “proponerla al pleno de esta Cámara de Diputados, como un acto de justicia social”.
Por su parte, María de Lourdes Mendoza Vázquez, de Alcohólicos Anónimos, alertó que “el 40 por ciento de las mujeres que están privadas de su libertad tienen problemas de alcoholismo”; generalmente, ese mismo porcentaje “cometió un delito en estado alcoholizado”.
Explicó que los programas de apoyo dentro de los penales buscan la rehabilitación emocional, “no nada más vas a dejar de beber, también vas a dejar de sufrir”, lo que tendrá como resultado su reinserción social.
En tanto, Elibet Herrera, trabajadora social, abordó la importancia del deporte, la cultura y la recreación como herramientas de reinserción, porque esta “no ocurre automáticamente al salir de un centro penitenciario. Es un proceso que se construye día a día” y estas actividades permiten reconstruir proyectos de vida.
Indicó que en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla se implementan múltiples programas con impacto en cientos de mujeres. “El sistema penitenciario no debería ser únicamente un espacio de contención. Debe ser, como lo manda nuestra ley, un espacio de transformación”.
Por su parte, la maestra Anahi Izquierdo Romero expuso que “aproximadamente 13 mil mujeres están privadas de la libertad, lo que representa el 5.4 por ciento de la población penitenciaria”; sin embargo, “son las que más sufren violaciones a sus derechos humanos”.
Anotó que “el 46.9 por ciento de mujeres privadas de la libertad no tienen una sentencia”, y que muchas ingresan por condiciones estructurales como pobreza, violencia y falta de oportunidades.
Además, “estamos hablando aproximadamente del 68 por ciento de las que están privadas en libertad tienen hijas o hijos menores de edad”, lo que evidencia el impacto intergeneracional del sistema penitenciario.
En el evento los participantes coincidieron en la necesidad de integrar propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en reclusión y garantizar sus derechos, así como los de sus hijas e hijos.