Cdmx, 24 de marzo de 2026.- En un intento por frenar la deforestación ilegal en el sureste del país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones en materia ambiental y agraria, con énfasis en núcleos ejidales de la Península de Yucatán. La firma se realizó el 23 de marzo en el Ejido Bacalar, en Quintana Roo.
El acuerdo busca frenar el cambio ilegal de uso de suelo forestal, una práctica que ha ganado terreno en la región y que implica la tala de selva para dar paso a actividades agrícolas intensivas. Para ello, las dependencias intercambiarán información, orientarán a comunidades y evitarán la validación de actos agrarios vinculados con daños ambientales.
“La coordinación entre autoridades es clave para cerrar la puerta a procesos ilegales que terminan formalizándose pese a afectar los ecosistemas”, advirtió Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa, al señalar que la venta o arrendamiento de tierras ejidales desmontadas se ha vuelto una práctica recurrente.
Como parte de las acciones, la Profepa notificará a las instancias agrarias sobre resoluciones firmes relacionadas con cambio de uso de suelo sin autorización. Con ello, la Procuraduría Agraria podrá abstenerse de participar en asambleas donde se busque legalizar estas transformaciones, lo que impediría validar decisiones que deriven de actividades ilegales.
En paralelo, el Registro Agrario Nacional incorporará estas resoluciones para evitar que se formalicen cambios de propiedad o destino en tierras ejidales afectadas.
El problema no es menor. En Quintana Roo, hasta el 84.3% del territorio es propiedad social, lo que ha convertido a los ejidos en el centro de una disputa entre conservación y presión económica. “La región enfrenta deforestación masiva y acaparamiento ilegal de tierras que amenaza el patrimonio colectivo”, señaló Víctor Suárez Carrera.
En los últimos años, la autoridad ambiental ha clausurado 58 predios que abarcan más de 10 mil hectáreas y ha presentado 34 denuncias penales por delitos ambientales en la zona.
El convenio también plantea impulsar alternativas productivas sustentables como el turismo comunitario, el manejo forestal y los sistemas agroforestales, en un intento por ofrecer opciones económicas sin deteriorar la selva.