En el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados manifestamos nuestra preocupación por el abandono del Gobierno de México hacia los millones de mexicanas y mexicanos que residen en Estados Unidos de América, especialmente de quienes están retenidos en centros de detención en espera de ser deportados y son altamente vulnerables en esta emergencia sanitaria a nivel mundial.
Ante el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que reconoce que al menos mil 345 mexicanos fallecieron a causa del Covid-19 en Estados Unidos, las y los Diputados del PRI demandamos mejorar la atención y protección que deben ofrecer las autoridades mexicanas a quienes se vieron obligados a emigrar en su legítima aspiración de mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.
En este momento los centros de detención pueden ser una bomba de tiempo. Por ello presentaremos un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar a la SRE que instrumente las acciones necesarias a fin de conocer si las y los mexicanos recluidos en los centros de detención en Estados Unidos presentan síntomas de Covid-19 y que, de manera inmediata, se les garanticen el derecho a la salud a través del acceso a cuidados especializados para atender este padecimiento.
Hace unas semanas el titular del Ejecutivo Federal celebró que el esfuerzo de los migrantes mexicanos lograra una “inyección histórica” de cuatro mil millones de dólares en marzo, producto de las remesas. El sacrificio de nuestros migrantes debe corresponderse de la misma manera, con servicios y atención oportuna; no sólo con discursos políticos. La solidaridad con solidaridad se paga, no se debe dejar a los migrantes en el abandono.
Ninguna autoridad puede olvidar que millones de familias dependen de los recursos que envían nuestros connacionales en Estados Unidos, más ahora que comienza a sentirse la crisis económica por la caída del empleo y el aumento de la pobreza. Las medidas de austeridad en la protección consular y los servicios de salud para los migrantes son inaceptables, con ellas se pone en riesgo el respeto a sus Derechos Humanos y su vida.
Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno Federal a mejorar su relación de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos de América para evitar acciones discriminatorias y peligrosas que atenten contra la vida de mexicanas y mexicanos, así como generar una agenda legislativa migrante para facilitar su protección en esta “nueva normalidad”.