Al aprobar las reformas electorales de 2007 y 2014 los partidos políticos se aseguraron de establecer en la Constitución una fórmula que les garantiza un considerable financiamiento público que, además, crece invariablemente año con año.
La demanda de reducir los recursos que se entregan a las fuerzas políticas es añeja y actualmente, cuando México (al igual que el mundo) atraviesa por una severa crisis económica derivada de la pandemia, el reclamo aumenta por parte de la sociedad.
Se debe considerar que a los más de siete mil 200 millones de pesos que la Federación entregará en 2021 a los partidos nacionales hay que sumar una cifra semejante que es producto de los recursos que cada entidad entrega a los partidos que compiten a nivel local, por lo que el presupuesto otorgado a las fuerzas políticas nacionales y locales es de alrededor de 14 mil millones de pesos.
Hace unos meses la autoridad electoral fijó los criterios para que cualquier instituto político reintegre a la Tesorería de la Federación sus prerrogativas: solo es cuestión de tener voluntad para hacerlo.
Impacto
Gerardo Esquivel, integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, recién presentó el estudio Los impactos económicos de la pandemia en México.
El documento señala que “el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) refleja en el primer trimestre del año una caída de -26% en el sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, y de -8% en el de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, respectivamente”.
De igual forma, indica, en el mismo periodo “las actividades manufactureras tuvieron una caída de -4.7% como resultado de las disrupciones iniciales en las cadenas globales de valor”.
Asimismo el documento del Banxico indica que la situación se complicó en el segundo trimestre del año: “El IGAE de abril disminuyó en 17.3% con respecto de marzo, la contracción más grande de toda su historia para un solo mes. Esta caída fue resultado de una disminución tanto en la actividad industrial (-25%) como en el sector de servicios (-14%)”.
Dentro de estos “la caída más profunda fue en los servicios de alojamiento temporal y de alimentos y bebidas, que cayeron 60% adicional; seguido del comercio al menudeo (-31%); transporte, correos y almacenamiento (-26%); servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (-24%); y comercio al mayoreo (-15%). En la industria la caída provino tanto de la construcción (-33%) como de las manufacturas (-31%)”.
El documento del Banxico también da cuenta del impacto en el empleo: “Los indicadores del mercado laboral apuntan a una pérdida cercana al millón de empleos formales, así como a una pérdida de más de 20 millones de personas empleadas de tiempo completo”.
Por otro lado, expone que “las diversas estimaciones para el impacto de la pandemia sobre la pobreza extrema reflejan que esta podría aumentar en un rango que va de 6.1 a 16.6 millones de personas, esto es, alrededor de diez millones de nuevos pobres. Y esto a su vez implica que 13.3% de la población total del país podría pasar a formar parte de los pobres extremos”.
En total, México podría llegar a tener 70 millones de personas en condición de pobreza.
Otros datos ofrecidos por analistas económicos reflejan que pasamos de tener 19.8 millones de personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos en el primer semestre del año a 15.8 millones en el segundo. Además pasamos de tener 8.6 millones con ingresos de entre dos y tres mínimos, a 6.1 millones.
También hay pérdidas en niveles mayores de ingreso. De tener 3.7 millones de personas con un ingreso de entre tres y cinco salarios mínimos, pasamos a 3.2 millones, y con ingresos superiores a cinco salarios mínimos pasamos de 1.5 a 1.1 millones.
Finalmente los datos revelan que durante el segundo trimestre de 2020 perdimos cuatro mil de las 58 mil grandes empresas del país, que en conjunto proporcionaban empleo a cerca de un millón de personas.
Así está, en resumen, el panorama de la crisis económica en nuestro país.
Recursos infinitos
Recientemente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el monto total que recibirán los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes para el ejercicio 2021, el cual asciende a siete mil 200 millones de pesos, que se destinan fundamentalmente para sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña para partidos políticos nacionales y gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes.
El INE explicó que calcular el monto de las prerrogativas que anualmente deben recibir los partidos políticos es un mandato establecido en la Constitución: “Para ello el instituto únicamente aplica la fórmula dispuesta en el artículo 41 constitucional, no puede hacer interpretaciones sobre la fórmula y menos aún hacer consideraciones para modificar el monto de las prerrogativas que por disposición constitucional se deben entregar cada año a los partidos políticos, el cual en 2021 incluye recursos para eventuales candidaturas independientes”.
El financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización, esto es “la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes”), el cual es equivalente a 86.88 pesos, de acuerdo con lo publicado por el INEGI el 19 de agosto.
De manera adicional en el año en que se elige al presidente de la República se entrega a los partidos nacionales una cantidad equivalente a 50% del financiamiento para actividades ordinarias y una cantidad equivalente a 30% del financiamiento para actividades ordinarias cuando son elecciones intermedias.
Aunado a lo anterior las constituciones locales también mandatan la entrega de recursos de los correspondientes presupuestos estatales a las fuerzas políticas con registro local.
Salvo las de Tabasco y Jalisco, en las cartas magnas de las entidades federativas se establecen los mismos criterios de financiamiento público a sus partidos locales, es decir, multiplicar el total de inscritos en sus respectivos padrones electorales por 65% de la UMA y entregar recursos adicionales en años con procesos electorales.
Es por dicha razón que el sistema de partidos en su conjunto, es decir, institutos políticos nacionales y locales, cuesta prácticamente el doble de lo que destina la Federación.
Por ejemplo, en 2020 la Federación entregó a los partidos nacionales cinco mil 239 millones de pesos y el conjunto de las entidades entregaron a los partidos locales cuatro mil 753 millones; en tanto que en 2018 la Federación distribuyó seis mil 702 millones y las entidades cinco mil 612 millones.
Finalmente cabe destacar que año con año crece el número de inscritos en el Padrón Electoral (consecuentemente el de los padrones locales) y aumenta el valor de la UMA, por lo que está garantizado que los partidos nacionales y locales incrementen sus prerrogativas.
Necesidad de recursos
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos reducir 50% el monto de sus prerrogativas: “Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente; no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos; tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública”.
Es un llamado “respetuoso, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. Cuando menos deben de reducir sus gastos en 50%. Es una sugerencia”.
Señaló el jefe del Ejecutivo que los recursos ahorrados podrían utilizarse en diversos rubros de beneficio social: “Por ejemplo, tan solo mil millones significa poder darle mantenimiento a mil escuelas —a millón por escuela— que se están derrumbando, que necesitamos arreglar”.
También dijo que dichos recursos podrían usarse en los programas sociales del gobierno federal, “como los apoyos de becas para estudiantes de todos los niveles e incluso para la reparación de centros de salud o la compra de equipo médico para hospitales”.
Propuestas
La actual LXIV Legislatura comenzó en septiembre de 2018 sus trabajos con la presentación de diversas iniciativas que plantearon la reducción del financiamiento público para los partidos políticos nacionales.
Las propuestas presentadas —fundamentalmente por parte de legisladores de Morena— no prosperaron durante el primer año de ejercicio de la Legislatura, pero el tema se volvió a discutir en octubre de 2019 durante la celebración de un foro en la Cámara de Diputados en el que se planteó la posibilidad de impulsar una nueva reforma electoral.
En ese contexto la propuesta de reducir las prerrogativas se presentó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El 29 de octubre se aprobó —con 19 votos a favor de Morena y el PES, y 14 en contra de PAN, PRI, MC, PRD e incluso el PT— el dictamen de la iniciativa que establecía reducir 50% el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias.
En el dictamen los legisladores de Morena señalaron que después de hacer un análisis de las iniciativas presentadas todas coinciden en la necesidad de reducir el financiamiento público a los partidos, “aunque sin dejar de proteger la equidad en las contiendas electorales”.
Indicaba que si bien es cierto que las organizaciones políticas “juegan un papel importante en los regímenes democráticos”, también lo es que en algunos países, como México, ellas llegan a representar “un alto costo para la sociedad”.
Sobre la fórmula que se aplica para asignar el financiamiento los legisladores de Morena expusieron que “permite que las erogaciones a los institutos políticos aumenten constantemente, derivado del incremento que año con año tienen el Padrón Electoral y el valor de la UMA, lo que cada vez genera un mayor descontento social”.
El documento presentado entonces por los morenistas apuntó también que “el voto en México representa uno de los más caros a nivel mundial, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestra nación es la que más subsidio otorga a los partidos”.
A partir de dichos argumentos los legisladores de Morena y PES aprobaron el dictamen de la iniciativa que establecía que “el financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 32.5% del valor diario de la UMA”. Con ello preveían obtener un considerable ahorro.
Tatiana Clouthier, diputada de Morena e impulsora de la iniciativa, apuntó: “Actualmente se tiene un sistema de financiamiento partidista en el que las erogaciones a estos institutos políticos aumenta constantemente, pero esto no se traduce en una mayor confianza por parte de los ciudadanos a los partidos, mayor participación o en una democracia de mayor calidad”.
La iniciativa se llevó al pleno de la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de ese 2019 y los legisladores de los partidos de oposición —y con ellos el PT— votaron en contra.
La oposición argumentó que la reducción del financiamiento público a los partidos sería un elemento que favorecería al partido en el gobierno, es decir, a Morena.
Añeja demanda
La reducción del financiamiento público a los partidos es una demanda añeja. Por ejemplo Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la organización ciudadana Ola Libertad, resaltó que en la actualidad nuestro país se encuentra “en un momento de extrema gravedad económica, lo cual nos exige un esfuerzo mayor porque el monto que reciben los partidos es excesivo”.
Se puede afirmar que la lucha por reducir los recursos de los partidos comenzó luego de la aprobación de la reforma político-electoral de 2007 y alcanzó su clímax en 2017, tras los sismos de septiembre en diversas entidades del país y los cuales provocaron muertos, heridos, así como daños en casas, comercios, escuelas, hospitales y templos religiosos.
La sociedad exigió entonces que los partidos donaran el total de los recursos que tenían asignados para “gastos ordinarios” y “gastos de campaña” durante el proceso electoral de 2018, mismos que ascendieron a casi siete mil millones de pesos. Pero eso no ocurrió.
Por otro lado, Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Bargueño, representantes de un grupo de 221 mil 535 personas, presentaron una “iniciativa ciudadana” ante el Senado de la República en la cual plantearon modificar los artículos 41 y 116 de la Constitución con el objetivo de disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales.
Pero sobre todo ambos personajes plantearon eliminar el financiamiento otorgado por los presupuestos estatales a los partidos con registro local, porque ello propicia que el sistema de partidos obtenga un doble financiamiento: federal y estatal.
Explicaron que, por un lado, en el ámbito del presupuesto federal “se echa mano del Padrón Electoral como indicador para calcular el monto del financiamiento requerido para el funcionamiento ordinario de los partidos nacionales; y, por otro, en las entidades federativas se vuelve a considerar el padrón a nivel local en las fórmulas de cálculo de los respectivos financiamientos públicos para el funcionamiento ordinario de los partidos con registro local”.
La iniciativa tendría que haber sido discutida al término del pasado periodo ordinario de sesiones, pero la pandemia impidió que se analizara en las comisiones respectivas.
Reintegrados
Conforme se agravaba la crisis económica a causa de la pandemia en el primer cuatrimestre del año, Morena planteó al INE reintegrar a la Tesorería de la Federación 50% de los recursos públicos que recibía.
El 8 de abril pasado el instituto informó que “los partidos políticos nacionales que así lo determinen —en la emergencia sanitaria vigente— pueden renunciar a una parte o a la totalidad de los recursos de financiamiento público que les corresponden”.
Explicó que deben entregar una solicitud al INE para que el Consejo General “determine la procedencia de dicha renuncia, tal y como lo ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.
También indicó que “los recursos que le corresponden como prerrogativas a un partido político nacional y que el instituto deje de depositar a las cuentas de dicho partido en virtud de una renuncia expresa, se reintegrarán inmediatamente a la Tesorería de la Federación para que dicho órgano del gobierno mexicano disponga de los mismos en los términos de la legislación aplicable”.
Hasta ahora ningún partido, nacional o local, ha anunciado que pretende renunciar al dinero que recibirá en 2021.
Y mientras tanto la crisis económica sigue cobrando víctimas entre los trabajadores y las familias de México.
Financiamiento público para los partidos en 2021
Rubro de financiamiento público | Monto anual de financiamiento |
| Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes | $5,250,952,127.00 |
| Gastos de campaña para partidos políticos nacionales | $1,575,285,638.00 |
| Gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes | $31,505,713.00 |
| Actividades específicas | $157,528,564.00 |
| Franquicia postal | $210,038,090.00 |
| Franquicia telegráfica | $693,504.00 |
| Total | $7,226,003,636.00 |
Fuente: INE
Y para 2021 el INE pedirá…
El Instituto Nacional Electoral adelantó que solicitará a la Cámara de Diputados la aprobación de un presupuesto de 20 mil 464.8 millones de pesos.
Diez mil 992.9 millones son el presupuesto base.
Siete mil 799.5 millones serán para cubrir sueldos y prestaciones del personal.
Ocho mil 202.5 millones se utilizarán para la organización del proceso electoral.
311.1 millones se usarán para adquirir insumos sanitarios para los funcionarios de casilla y ciudadanos que acudan a votar.