La diputada federal del PRI, Erika Sánchez Martínez presentó dos iniciativas de ley, una para fortalecer con presupuesto propio, a los 48 Centros de Justicia para Mujeres (CJM) que operan en el país y la otra, que incrementa a la mitad las penas que establece el Código Penal Federal, a quien cometa feminicio infantil.
Ambas iniciativas tienen la adhesión de 16 legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, en el entendido que se tiene que respaldar toda política pública que contribuya a erradicar la violencia y a dignificar a las mujeres, niñas y adolescentes.
En el caso de los Centros de Justicia para las Mujeres, la diputada Erika Sánchez Martínez, propuso reformar el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de garantizarles un presupuesto anual, recursos etiquetados, para que estos espacios funcionen con normalidad y ofrezcan atención psicológica, médica y jurídica a las mujeres que sufren violencia y aseguren el albergue temporal a las víctimas.
La intención es que los Centros de Justicia sean autónomos al momento de ejercer sus recursos y no tengan que depender de la voluntad de las fiscalías, secretarías de seguridad, institutos de las mujeres o cualquier estructura gubernamental, para que les asignen fondos públicos.
En la exposición de motivos, la legisladora Sánchez Martínez, expuso que la pandemia del Covid-19 provocó un aumentó de la violencia contra las mujeres; el confinamiento las hizo más vulnerables al estar encerradas con su agresor.
“A pesar de que en la emergencia sanitaria se acordó que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son esenciales y deben permanecer abiertos, la mitad de los Centros de Justicia para las Mujeres redujo la asistencia, por falta de recursos o porque los poderes judiciales estatales suspendieron labores”, evidenció la diputada federal priista.
La segunda iniciativa de ley, es para reformar la fracción Vll, del artículo 326 del Código Pernal Federal, en materia de Feminicidio Infantil, la norma jurídica indica: quien cometa delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días de multa. La adición propuesta es que, si el delito de feminicidio se comete contra una menor de edad, las penas se incrementarán la mitad de lo descrito en el Código.
La legisladora por el estado de Sinaloa exhibió que, a partir de 2012, año en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal federal, hasta 2016, el último año que abarcan los registros del Inegi, se contabilizaron 821 decesos de niñas entre los 0 y los 14 años de edad, casos en los que se presume pudieron existir razones de género para privar de la vida a las niñas.
Según el Inegi, aunque en 30 por ciento los asesinatos de infancia no se especificó la causa del deceso, hay otro porcentaje en la que se incorpora la violencia sexual, el síndrome de maltrato y la negligencia de abandono.
Lo preocupante, dijo Sánchez Martínez, es que en México la violencia va al alza, sin que haya una estrategia o políticas públicas en el Gobierno federal que la frenen o para superar los obstáculos en el acceso a la justicia para las niñas y mujeres.
Mientras, las estadísticas oficiales reportan que el delito de feminicidio infantil, en 2019 creció un 13.5 por ciento con respecto a 2018; el Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, en el informe sobre violencia, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, señala que del uno de enero al 30 de abril de 2020, se cometieron 308 presuntos delitos de feminicidio, siendo el Estado de México, Veracruz y Puebla, las entidades federativas que encabezan la lista, pero también destacan otras, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Baja California y Sinaloa.