El Senado de la República tiene en su poder la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, proyecto de decreto que busca que la Secretaría de Marina ejerza la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales, así como en su caso aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia.
También tiene el propósito de regular las comunicaciones y transportes por agua, así como formular y conducir las políticas y programas para su desarrollo de acuerdo a las necesidades del país, además de dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante.
La minuta amplía igualmente la facultad de la dependencia para construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requieran la Armada y la Secretaría de Marina, así como las obras marítimas, portuarias y de dragado, y en su caso autorizarlas cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas, entre otras.
El proyecto, aprobado en lo general en San Lázaro con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, sienta las bases para hacer más competitivo al sistema portuario, de acuerdo a su fundamentación.
Propuesta
En julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno iniciaría una limpia radical en las aduanas y puertos de México. El fin, dijo entonces, es frenar la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal, por lo que esos puntos los administrarán funcionarios de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
“Los puertos, y en especial las aduanas, desde hace mucho tiempo son enclaves de corrupción. No es un asunto solo de capacidad y de profesionalismo: es de honestidad”, indicó.
El mandatario federal considera indispensable la presencia militar en los puertos porque, argumenta, la violencia que allí se vive es una consecuencia de la corrupción que ejercen grupos criminales para el trasiego de mercancía ilegal.
“La Secretaría de Marina tiene que ser fundamentalmente garante de la soberanía y en particular del cuidado de los litorales y los puertos de México. Ese es el nuevo rol que se le asigna a la Secretaría de Marina, lo cual incluye la vigilancia, la protección, la seguridad de aduanas, marinas y puertos de nuestro país”, agregó.
El presidente externó que se apoyaría en dos instituciones con prestigio que son pilares del Estado mexicano en cuanto a seguridad pública y seguridad nacional. “Baste ver las encuestas. Cuando se pregunta sobre la confianza a las instituciones las dos que salen mejor calificadas son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Por eso vamos a llamar a la Secretaría de Marina para que nos ayude a enfrentar el problema de inseguridad y de tráfico de drogas en los puertos del país”, indicó entonces.
Cabe recordar que en abril de 2019 Margarita Ríos-Farjat, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó al Ejército un diagnóstico de los puntos fronterizos más vulnerables, así como de los principales delitos identificados en cada uno de ellos.
El análisis sobre la cotidianidad del trabajo reveló elevados flujos de tráfico de droga (fentanilo, metanfetaminas y marihuana) de sur a norte y de armas de norte a sur; cobro de cuotas para no revisar cargamentos; cobro de impuestos con recibos hechos a mano, y multas elevadas para cruzar con mercancías.
La aduana y puerto de Manzanillo se identificó como el punto crítico de la actividad delincuencial.
Acciones
Entre las primeras acciones para combatir estos flagelos, el 25 de julio el presidente nombró a Rosa Icela Rodríguez en la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, en tanto que el SAT formalizó los nombramientos de 17 directores generales de las Administraciones Portuarias Integrales (API) como parte de la reorganización administrativa que ordenó el gobierno para mejorar la vigilancia de los puntos de entrada al país.
El administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, dijo que la incorporación de los nuevos administradores ayudará a combatir delitos como el contrabando y el creciente ingreso de armas y drogas al país.
Duarte agregó que no se están militarizando las aduanas: “Reiteramos que el SAT mantendrá el mando institucional del sistema aduanero y que los hombres y mujeres que se incorporen pasan al mando civil de la Administración General de Aduanas (AGA)”.
Puntualizó que aun cuando se incorpora personal de la Secretaría de Marina al mando de la AGA el control de los puertos continuará bajo la organización de esa dependencia de la Secretaría de Hacienda.
Despliegue
Por otra parte, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina dispusieron ya de dos mil 203 elementos en 65 instalaciones portuarias y aduaneras en el país.
Así, más de mil marinos participan en las Unidades de Protección Portuaria y desempeñan acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y control en funciones de Guardia Costera en 19 recintos portuarios.
La Sedena informó que mil 169 elementos apoyan al SAT en 46 instalaciones.
A pesar de que el tema de la constitucionalidad del decreto motivó un debate sobre lo dispuesto en el artículo 129 constitucional, se sostiene que la Secretaría de Marina tiene competencias y facultades claramente diferenciadas, siendo una dependencia para el despacho de asuntos administrativos y las facultades que se propone encomendarle se insertan armónicamente en el orden jurídico, ya que no son dadas ni serán ejercidas por la Armada.
El titular de la AGA anunció el trabajo colaborativo con otras instancias del gobierno federal para combatir las prácticas de corrupción. “Vivimos un momento histórico para las aduanas mexicanas. El combate a la corrupción y las labores para garantizar la seguridad de los ciudadanos ya no son un tema de discurso político, sino de actuar, cumplir y dar el acompañamiento preciso al trabajo que encabeza el presidente”, aseguró.
Jurisprudencia
Es importante resaltar que en la tesis jurisprudencial Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la Constitución), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que la interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional autoriza considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando estas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen.
Por esta razón el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materia de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y de ahí la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior.
Por estas razones no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia pero que ante el peligro de que se agudicen se haga necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
En el texto de la tesis jurisprudencial la SCJN, con su interpretación del precepto constitucional, señala que la cooperación de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles no es violatoria de lo dispuesto por el artículo 129 constitucional. Luego entonces si la participación de las Fuerzas Armadas no violenta el texto del precepto constitucional tampoco lo hace la participación de la Secretaría de Marina en actividades estrictamente administrativas.
Numeralia
México cuenta con once mil 500 kilómetros de costa nacional.
Es el tercer país de América Latina con mayor conectividad con 117 puertos marítimos, 38 de ellos para tráfico de altura.
Los de mayor carga operada son Altamira, Tampico, Veracruz, Progreso, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Puerto Madero.
El comercio marítimo genera alrededor de 464 mil millones de dólares anuales.
Menos de 20 países en el mundo tienen responsabilidad marítima en ambos océanos.
De 174 naciones que integran la Organización Marítima Internacional solo en 6% la Autoridad Marítima se ejerce militarmente.
Entre los miembros de la OCDE solamente en Chile la ejerce la fuerza militar.
Sedena y Semar destacaron dos mil 203 elementos en 65 instalaciones portuarias y aduaneras: mil 034 marinos en 19 recintos portuarios y mil 169 militares apoyan al SAT en 46 instalaciones.
Casi 90% de la población de 18 años o más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira, seguida del Ejército con 87.1 por ciento.
En el primer trimestre de 2020 más de 86% de los ciudadanos consideró como efectivo el desempeño de la Marina y 83.4% el del Ejército.
Fuentes: SCT, Semar, Sedena, Sistema Portuario Mexicano e INEGI