Litigar casos de alto impacto delictivo donde interviene el poder económico y armamentista del crimen organizado no es tarea fácil para jueces y magistrados federales que integran el Poder Judicial: ello les conlleva ser blanco de intentos de soborno, recibir amenazas y adentrarse en zonas de corrupción del sistema penal o incluso ser asesinados por los fallos que emiten contra líderes de esos grupos criminales.
Así lo demostraron una vez más el reciente homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, que apunta a una vendetta del crimen organizado, y la liberación de parte de la familia de El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, luego de ser detenida durante un megaoperativo.
También se inscribe en este contexto la liberación y luego detención, el 6 de julio, de El Mochomo —presunto líder del Cártel Guerreros Unidos y de quien se sospecha está vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014—, en cuyo caso grabaciones telefónicas entre la madre de este y un “secretario” negociaron los montos de la liberación, evidenciando el alto nivel de corrupción que impera en juzgados federales.
Toda esta situación atrae el interés de los tres poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para implementar una serie de medidas operativas, legislativas y de jurisprudencia con miras a sanear la enorme puerta giratoria que hoy beneficia a criminales de alto nivel por fisuras en el sistema judicial y el enorme riesgo con que operan los impartidores de justicia frente a las mafias organizadas.
Medidas
De acuerdo con información recabada por Vértigo y el Informe de Labores 2019 del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); de reportes y contratos publicados en los sitios de transparencia del Poder Judicial Federal (PJF), así como del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 son diversas las medidas operativas que se adoptan para resguardar las instalaciones e integridad de los funcionarios públicos.
Desde 2012, por ejemplo, la SCJN estableció jurisprudencia en el sentido de que los reos tienen derecho a llevar su prisión preventiva en una cárcel cercana a su domicilio de origen, lo que también los ubica en áreas de influencia de grupos delincuenciales a los que pertenecen.
Se trata de los estados donde operan algunas de las principales organizaciones criminales del país, entre ellas los cárteles del Golfo, del Noreste, Jalisco Nueva Generación, Zetas, La Familia Michoacana y La Unión Tepito: Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México, entre otras entidades.
En 2019 la Comisión de Vigilancia del CJF recibió 303 peticiones de magistrados y jueces para que se les asignara alguna medida de seguridad, las cuales se autorizaron en 199 casos y en 104 asuntos previamente iniciadas las medidas de seguridad.
Las medidas de protección para jueces y magistrados federales incluyeron la asignación de 91 vehículos blindados, 89 escoltas e igual número de chalecos antibalas.
Cabe señalar que según los protocolos estas previsiones no son permanentes y se aplican mientras el juzgador resuelve los juicios de riesgo o se evalúa que está libre de amenazas.
Derivado del PEF 2020 el PJF ha invertido más de 167 millones de pesos en equipo y medidas de seguridad, incluyendo un curso de prevención de emboscadas para los choferes, para proteger sus instalaciones físicas y también a sus integrantes, como son jueces, magistrados y ministros de la SCJN.
Reportes y contratos publicados en sitios de transparencia del PJF establecen que la medida más reciente en este sentido es la contratación del Servicio de Protección Federal, que es una corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para resguardar inmuebles; el monto de este acuerdo no se ha formulado.
También destaca la compra de máquinas de rayos X, arcos detectores de metal y detectores manuales que funcionarán en las entradas de diversos inmuebles del CJF, como son juzgados y tribunales federales, para lo cual se destinarán 123 millones 321 mil 346 pesos.
Para la licitación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de rayos X y arcos detectores de metal en el ejercicio 2020 el contrato implicó 14 millones 955 mil 648 pesos.
En cuanto a la SCJN el mayor gasto en materia de seguridad se pagó al gobierno de la Ciudad de México, que se hacía cargo de la vigilancia de los inmuebles del máximo tribunal con elementos de la Policía Auxiliar o Bancaria: se le pagaron el año pasado 29 millones 129 mil 977 pesos.
Entre los contratos que la Suprema Corte otorgó está el de un curso de manejo avanzado y prevención de emboscadas que se otorgó en mayo pasado para choferes de ministros y altos funcionarios a un costo de 453 mil 606 pesos.
Estrategias
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, reconoce que hay jueces y magistrados que no son corruptos y son amedrentados debido a los altos índices de crimen organizado que ponen en riesgo la vida de estos funcionarios y también de sus familiares.
“Me parece muy importante que la sociedad tome conciencia de que hay muchos jueces y magistrados federales que, literalmente, arriesgan su vida, que están en zonas muy conflictivas, donde el crimen organizado, en ocasiones, domina los estados o los circuitos”, comenta el ministro Zaldívar.
Y admite: “Impulsamos una nueva política para tratar de brindar la mayor seguridad hacia nuestros jueces, hacia nuestros magistrados; y es en este tipo de cuestiones en las que creo que el diálogo entre poderes es muy importante. Tenemos un reto de Estado para abatir la violencia, la impunidad y la delincuencia organizada y ahí la protección y seguridad de nuestros juzgadores pasa, necesariamente, por una labor de inteligencia y de colaboración con quienes se encargan de brindar esta seguridad”.
Nosotros, agrega, “como Poder Judicial no tenemos cuerpos de seguridad pero requerimos del apoyo de quienes sí los tienen y estamos iniciando este diálogo muy constructivo para tratar de brindar la mayor seguridad que se pueda a jueces y magistrados que están en estas condiciones de zonas extraordinariamente complicadas”.
Al respecto el Congreso de la Unión busca legislar para proteger a estos funcionarios públicos.
El senador Ricardo Monreal se sumó a las voces que piden una revisión del sistema de justicia para incluir la figura del juez “sin rostro” cuando los impartidores de justicia revisen casos delicados, como delincuencia organizada y corrupción.
“Hay que dar un debate sólido para delitos graves con respecto de figuras como la del juez sin nombre, con el propósito de mantener el anonimato del juzgador cuando se trate de asuntos delicados, como delincuencia organizada y casos de corrupción de altos funcionarios y políticos”, indica Monreal.
Además afirma que es impostergable la renovación del sistema de justicia penal. “Ya es la hora de transitar de un sistema de justicia opaco, anacrónico y poco efectivo, a uno dinámico, accesible y transparente. No olvidemos que la Constitución consignó como principio del enjuiciamiento penal y del debido proceso a la inmediación del juez con las partes. Sin embargo la materialización del principio implica que el juzgador en todas las audiencias esté de frente a todas las personas imputadas”.
Y concluye: “Esto genera una exposición directa de los juzgadores, que debe tomarse en cuenta en casos de delincuencia organizada. En este contexto es necesario que se respalde la función jurídica con garantías reforzadas”.
Así, para romper la cadena de violencia, inseguridad y corrupción se analiza la viabilidad de crear la figura de jueces sin nombre (o jueces sin rostro), quienes actuarían desde el anonimato en juicios contra criminales y cuya fórmula recibe apoyo de gobernadores, congresistas y empresarios como un instrumento de cambio y seguridad dentro del sistema de impartición de justicia.
RECUADROS
Presupuestos
El Poder Judicial paga protección de sus jueces y magistrados mediante una partida especial para ello. En el presupuesto para 2020 el rubro de “vigilancia” tiene asignados mil 914 millones de pesos. Casi 40% de este gasto, unos 756.8 millones, se dedica a servicios de vigilancia para jueces y magistrados.
Integración
Según el Consejo de la Judicatura Federal en México existen mil 533 servidores que imparten justicia en el ámbito federal, entre magistrados de circuito (913) y jueces de distrito (620). De ellos solo 91 magistrados cuentan con vehículos blindados y 89 tienen escoltas.