Por Félix Fuentes
Al menos se han reunido una decena de veces el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios de diferentes organismos. Se creyó que las convocatorias en Palacio Nacional, incluso para cenas, tenían el propósito de acordar la realización de obras públicas.
Luego de uno de esos encuentros, realizado el año pasado, trascendió a los medios que el sector privado haría inversiones “inmediatas” por 32 mil millones de pesos. Pero transcurrieron los meses sin que se supiera que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o la Concamin o algún otro organismo hubiese iniciado alguna obra pública.
En el mando oficial se dijo que las informaciones procedentes de secretarías de Estado fueron en el sentido de que los particulares no habían hecho nada, ni se les verían intenciones de comenzar lo anunciado.
Del lado empresarial hubo réplicas de que el gobierno federal no había otorgado ningún contrato y tampoco abrió convocatorias de licitaciones para el desempeño de trabajos en la infraestructura del gobierno federal o de algún estado.
Sin embargo las reuniones en Palacio Nacional continuaron, siempre con finales optimistas de que la Iniciativa Privada (IP) estaba por comenzar las susodichas obras.
Nada de nada. Y los inversionistas enfocaron críticas sobre la falta de acuerdos. En tono de denuncia dijeron que el Ejecutivo federal solo estaba interesado en llevar a cabo las “megaobras” del régimen actual, es decir, dos nuevas pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
A su vez voceros de dependencias oficiales insistieron en señalar que el sector particular no había presentado algún proyecto, ni se advertían intenciones de participar en nada.
Marginada
A lo anterior hubo respuestas del presidente de la República mediante anuncios de ayuda a los pobres, sin otorgar créditos u otras prestaciones a la IP.
Continuó ese estira y afloja. En días recientes el primer mandatario fue muy claro al declarar que no habría ninguna concesión para los inversionistas privados.
Todo lo anterior llegó a su punto final el lunes pasado, después de lo que pudo ser uno de los últimos encuentros entre ambas partes: según el presidente del CCE, Carlos Salazar, tras la inacción oficial fueron cerradas todas las puertas a ellos por el jefe del Ejecutivo.
Tras de eso la IP convocó a la sociedad a organizar un programa de ayuda mutua entre particulares para salvar empleos. De hecho reprocharon que el gobierno no logrará los dos millones de empleos prometidos la semana pasada para este año.
Así quedó claro que el Ejecutivo no tiene interés de otorgar créditos ni contratos de obras a la IP y, en adelante, los particulares habrán de rascarse con sus propias uñas.
Lo anterior pudiera provocar problemas de mayor importancia ya que, como tantas veces se ha dicho, si la IP queda marginada será imposible reanudar el crecimiento económico y ello generará consecuencias en agravio de la situación financiera nacional.