Una de las características del gobierno federal es la austeridad y esta cobra especial relevancia en el momento actual, porque el pueblo exige que los recursos públicos se empleen para resolver los graves problemas que ha traído la pandemia de Covid-19 y también demanda a los funcionarios que no abusen cobrando altos salarios.
El mensaje de la sociedad fue bien captado por el presidente de la República, quien desde el inicio de su gestión impulsó una ley que establece que ningún servidor público podrá ganar más que el titular del Ejecutivo federal, cuya percepción es de 111 mil pesos mensuales.
La medida no fue bien recibida por funcionarios de organismos autónomos, como los del Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) —designados en años anteriores a 2018—, y de hecho la vienen combatiendo solicitando amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el plan de austeridad promovido por el presidente de México no los alcance a ellos.
Hace unos días la Primera Sala de la Suprema Corte concedió un amparo a los funcionarios de la Cofece para que pudieran seguir percibiendo alrededor de 145 mil pesos mensuales de sueldo.
Esta situación causó la indignación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de inmediato advirtió que enviaría una nueva iniciativa al Congreso de la Unión a fin de que “quede bien claro” que se “acabaron los abusos” en los sueldos, sobre todo ahora que atravesamos por una crisis generada por la pandemia: “No me gustó la resolución de la Corte, pero la respeto”, dijo.
Cabe señalar que los consejeros electorales del INE, por ejemplo, mantienen igualmente salarios de alrededor de 250 mil pesos mensuales.
Y mientras funcionarios de organismos autónomos se aferran a sus sueldos, cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas cierran o ven mermados sus ingresos y con ello millones de trabajadores y sus familias se ven agobiados por el desempleo, la reducción de salarios y las carencias.
Si antes los altos ingresos de ciertos servidores públicos eran criticables por amplios sectores de la sociedad, hoy en medio de la pandemia y la crisis económica el descontento social se incrementa.
Mientras los empresarios, profesionistas, trabajadores formales e informales y el propio Ejecutivo federal hacen esfuerzos para superar la etapa de crisis, un grupo de funcionarios se aferran a sus altos sueldos, que se pagan... con el dinero del pueblo.
Cuestionada
Desde hace varios años el oneroso sueldo de funcionarios de organismos autónomos ha sido muy cuestionado por la nueva Legislatura y por la sociedad entera.
En el caso de la Cofece, por ejemplo, cuando su titular, Alejandra Palacios, acudió en noviembre del año pasado a la Cámara de Diputados a justificar el presupuesto para el organismo en este 2020, múltiples fueron los cuestionamientos.
La diputada Ángeles Huerta, de Morena, preguntó sobre el gasto que solicitó el organismo “para el caso de medicinas y productos farmacéuticos, que tienen una disposición de 185 mil pesos, uniformes y otras cosas”.
A su vez el diputado del PT Benjamín Robles expresó que el presupuesto “se duplicó, las plazas aumentaron y no hay solidaridad en el tema de la austeridad por parte de la Cofece y decidieron cambiarse a oficinas de lujo”.
En este sentido planteó a Alejandra Palacios la pregunta: “¿Qué tiene que decirles a los mexicanos de estas afirmaciones que le estoy haciendo?”
El legislador de Morena Erasmo González preguntó cómo la Cofece ha resuelto las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación “en referencia a la calidad del gasto y si han sido solventadas en tiempo”.
Además de los legisladores, expertos en la materia han cuestionado el trabajo de la Cofece. Por ejemplo Javier Orozco, articulista de un diario de circulación nacional, publicó el 8 de mayo pasado un texto en el que se refirió a que Live Nation Entertainment anunció en julio de 2019 la adquisición de participación accionaria de la empresa OCESA y las complicaciones de la operación: “En razón del monto de la operación se requería aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero la común tardanza burocrática generó condiciones y el espacio de tiempo para que Live Nation busque romper el trato”.
Y añadió: “Si la Cofece fuera más diligente y con más sensibilidad para regular e impulsar la actividad económica no habría dado margen a que la empresa extranjera pudiese alegar los efectos del inesperado Covid-19 (…)”
Cabe recordar que la Cofece en algún momento fue denunciada por violar garantías individuales.
Resulta que en 2017 el organismo emitió un comunicado en el que señaló que las leyes estatales de notarios eran un “obstáculo absurdo” para competir y emprender y pidió a los congresos locales modificarlas.
Al menos 126 notarios del país solicitaron un amparo ante la SCJN al considerar que el organismo violó sus derechos y la Suprema Corte resolvió conceder la protección de la justicia a los demandantes, por lo que la Cofece dejó sin efecto su comunicado.
Las críticas a la actuación de la Cofece han sido múltiples. Otro ejemplo es la publicación del articulista Alejandro Calvillo del pasado 28 de enero intitulada Cofece contra la salud, en defensa de la industria y en la que fundamentalmente cuestiona la posición del organismo en el tema de los etiquetados frontales en productos de alimentos.
Amparados
Nada parece hacerles mella. Consejeros electorales del INE y comisionados de la Cofece, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros funcionarios de organismos públicos autónomos, presentaron de manera individual desde 2019 una serie de amparos ante la SCJN en demanda de que no les fueran reducidos sus sueldos conforme a lo establecido en las nuevas leyes.
Asimismo los comisionados de Cofece e IFT presentaron ante la SCJN controversias constitucionales para impugnar el Presupuesto de Egresos de 2020, particularmente los criterios establecidos para fijar el sueldo del presidente de la República en 111 mil pesos y consecuentemente implantar que las percepciones de cualquier servidor público deberían ser inferiores a este monto.
Las referidas impugnaciones quedaron radicadas en los expedientes 1/2020 y 2/2020 y se turnaron a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Luego del análisis respectivo las controversias constitucionales fueron rechazadas: “No se puede dejar de atender ordenamientos jurídicos que procuran el equilibrio presupuestario y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión, a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo”, explicó la ministra Esquivel.
Los funcionarios de Cofece e IFT impugnaron la resolución.
Fue el pasado miércoles 27 de mayo que la Primera Sala de la SCJN resolvió que la Cofece puede restaurar los salarios que percibieron los comisionados en 2019, de casi 150 mil pesos mensuales, sin sujetarse al tope establecido para el titular del Ejecutivo federal.
En una votación dividida de tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte revocó la negativa de suspensión dictada anteriormente por la ministra Esquivel. En la misma sesión confirmó además la suspensión que el ministro Alberto Pérez Dayán concedió en enero de este año al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que sus directivos mantengan percepciones superiores a las del jefe del Ejecutivo federal.
Pérez Dayán concedió además en 2018 una suspensión a los funcionarios del Banco de México por considerar que este organismo no se encuentra regido por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La referida Sala aún tiene pendiente resolver un recurso interpuesto por los comisionados del IFT.
De hecho la Suprema Corte no resolvió diversas controversias constitucionales presentadas contra el Presupuesto de Egresos de 2019 y lo que se espera es que los ministros fijen un criterio sobre la constitucionalidad de reducir salarios a los órganos autónomos.
Indignación
Luego de lo resuelto por la Primera Sala el presidente López Obrador expresó: “No me gustó, lo digo así de manera franca, abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República”.
Agregó: “Yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro, como está en el artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro”.
Y puntualizó el presidente: “No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos. ¡Cómo que va a haber funcionarios que ganen 200, 300 mil pesos mensuales! Menos en esta circunstancia. Es un asunto de justicia. La austeridad es un asunto de principios, no solo un asunto administrativo. Así que esa decisión no la veo bien”.
López Obrador aclaró que respeta las decisiones del Poder Judicial: “Es un poder autónomo, independiente, pero también voy a ejercer mis facultades y tenemos que seguir insistiendo que no puede haber estos sueldos tan excesivos”.
De manera particular el primer mandatario reflexionó sobre el hecho de que mientras hay gente que actualmente no percibe un sueldo, hay servidores públicos que “abusan” con sus altos salarios: “Cuando el gabinete sostiene reuniones y se aborda el tema de la cuarentena se reconoce que nosotros, igual que otra gente, sí podemos estar recluidos porque cada 15 días cobramos pero, ¿y los que no cobran? ¿Y los que tienen que buscarse la vida día con día? Entonces es importante tomar conciencia de eso, más cuando se está en un proceso de transformación”.
Y de manera tajante expresó: “¡No a los abusos de los altos sueldos! ¡No a este tipo de resoluciones como en este caso, que favoreció a los funcionarios de la Cofece! Ahora con esa resolución van a querer lo mismo los funcionarios de otros organismos”.
El presidente López Obrador adelantó que irá denunciando los abusos en sueldos que se presentan en otros organismos: “Aquí vamos a ir señalando, vamos a ver quién sigue, a ver qué va a pasar con los consejeros del INE y aquí vamos a ir señalando cuánto ganan”.
Además, comentó, “vamos a ver cuáles fueron los elementos que consideraron en la Corte. A lo mejor es porque no estaba muy claro en la Constitución esto de que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, si no está muy claro, vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa para que sean los legisladores los que resuelvan”.
Aferrados
En recientes declaraciones el primer mandatario hizo énfasis en criticar los altos sueldos que perciben los consejeros electorales, sobre todo porque estos fueron de los primeros en buscar la manera de conservar sus altas remuneraciones.
De hecho, en noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que estableció una regulación a las remuneraciones que perciben los servidores públicos de la Federación, entre otros los que forman parte de los organismos autónomos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación que se publicó en diciembre de 2018 retomó los preceptos de dicha ley para establecer que ningún servidor público podría percibir un ingreso superior al del presidente de la República.
Ya en enero de 2019 el INE presentó ante la SCJN una controversia constitucional contra el Presupuesto de 2019 aprobado por la Cámara de Diputados, por considerar que “el establecimiento de un límite salarial de manera arbitraria representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del instituto”.
La Suprema Corte rechazó la controversia promovida por el INE y este organismo interpuso un recurso de reclamación, mismo que hasta la fecha no ha sido resuelto.
En noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la entonces nueva Ley Federal de Austeridad Republicana y en cuyo contenido se establecía, de nuevo, que ningún servidor público podría tener un sueldo superior al del presidente de la República.
En febrero de este 2020 el Consejo General del INE publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual de remuneraciones para los servidores públicos de mando, dejando prácticamente íntegras las percepciones de los funcionarios del instituto, es decir, fijando sueldos superiores al del titular del Ejecutivo federal.
Para este año el órgano electoral ofrece a casi 150 funcionarios percepciones superiores a las del presidente de la República, incluyendo a los once consejeros (actualmente faltan cuatro), quienes tienen un sueldo de alrededor de 250 mil pesos mensuales brutos.
Así, los consejeros decidieron ignorar lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y otras leyes.
El grupo parlamentario de Morena —y sus aliados— en la Cámara de Diputados impugnó ante la Suprema Corte el Manual de Remuneraciones para los servidores públicos de mando del INE, pero no logró suspender su aplicación.
Acciones
Cada pequeña, mediana o gran empresa diseña estrategias para seguir funcionando y conservar las fuentes de empleo: algunas lo logran con muchos esfuerzos, otras han cerrado por la falta de clientes o bien porque se les ordenó que cerraran.
Micro, pequeñas y medianas empresas se transforman, se reinventan, cambian de giro, reducen salarios o de plano envían a sus trabajadores a sus casas a esperar a que se regrese a la actividad.
Profesionistas o trabajadores que lo hacen por su cuenta, como empleadas domésticas, plomeros y carpinteros, entre otros, simplemente dejaron de ser requeridos, fundamentalmente porque sus empleadores se quedaron sin recursos para contratar sus servicios.
Así, prácticamente no hay sector que no se haya visto afectado por la pandemia. Hay millones de desempleados y, en consecuencia, millones de familias sin sustento.
Y mientras los funcionarios de la Cofece, el INE y otros organismos autónomos se aferran a sus sueldos de entre 150 mil y 250 mil pesos mensuales, en el sector privado se instrumentan medidas de gran austeridad y muchos empresarios hacen grandes esfuerzos para no despedir gente ni reducir salarios.
En las dependencias del Ejecutivo federal también se realizan esfuerzos para superar la crisis: “Ahora toca al gobierno apretarse el cinturón”, señaló el presidente López Obrador, quien por lo pronto ya anunció diversas medidas para reactivar la economía, pero sobre todo un plan de austeridad: “Vamos a hacer algunos ajustes, como disminuir sueldos de servidores públicos; vamos a procurar hacerlo de manera progresiva, que se reduzca más a los que reciben más salario y menos a los que tienen menor nivel; solo entre altos funcionarios públicos, de subdirectores a presidente de la República”.
Los salarios de los funcionarios de INE y Cofece, así como los de otros organismos autónomos, hoy son cuestionados por el presidente de la República, los legisladores y el pueblo que exige un alto a los abusos: “La reducción de salarios y prestaciones de la alta burocracia, así como poner como tope salarial las remuneraciones del presidente de la República, son medidas que cuentan con el respaldo popular”, aseguró Salvador Moreno Pérez en el estudio Los salarios máximos de la Administración Pública Federal, editado por la Cámara de Diputados.