Magistrados electorales, expertos y legisladores advierten sobre el impacto del crimen organizado en los comicios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), además de la Guardia Nacional (GN) y las corporaciones policiacas estatales trabajan con los institutos electorales nacional y locales a fin de garantizar que las campañas y comicios del 2 de junio se desarrollen de forma pacífica.
Elementos de las Fuerzas Armadas se coordinarán con las autoridades electorales para atender solicitudes de protección formuladas por los candidatos.
Además, como es habitual, soldados y marinos resguardarán los materiales electorales (boletas y actas de escrutinio) que se usarán en los comicios.
En las últimas semanas magistrados electorales, aspirantes a cargos de elección y legisladores advirtieron sobre la posibilidad de que se presenten hechos de violencia en el desarrollo del proceso. Y justo por ello el gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) instalaron las denominadas Mesas de Seguridad.
Se busca con ello evitar que el crimen organizado y la delincuencia común repitan los actos de violencia que perpetraron en los procesos de 2018 y 2021 contra integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos, empleados de institutos electorales y candidatos.
Advertencias
Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue uno de los primeros en advertir sobre los problemas que se enfrentarán en las elecciones de este año, entre ellos las noticias falsas, el descontento democrático, la polarización de la sociedad y la presencia del crimen organizado.
Sobre este último tema el expresidente del TEPJF recordó que en el pasado proceso electoral de 2021 se presentaron eventos de violencia atribuidos a la delincuencia, que llegaron a causar víctimas mortales: “Desafortunadamente (el crimen organizado) ha permeado en todos los rincones de la vida cotidiana”.
Al respecto, agregó: “El tribunal hizo su parte en 2021 y 2022 al identificar mecanismos probatorios útiles que apoyen a combatir este comportamiento antidemocrático. Asimismo, exigió al INE emitir medidas preventivas en torno de este fenómeno delictivo y se anularon casillas y juicios donde se pudo probar”.
Con él coincidió el también magistrado del TEPJF Felipe de la Mata Pizaña, quien consideró que hay razones para preocuparse por la intervención de la delincuencia organizada: “Y a mí lo que me preocupa es que no se hable del tema”.
El magistrado electoral reflexionó: “¿Incide el crimen organizado en las elecciones mexicanas? La respuesta es sí, y hay indicios desde 1997, al menos”.
Añadió que “nadie puede negar la creciente presencia del crimen organizado en muchas de las actividades económicas y sociales del país”.
Y abundó: “La única manera de resolver los problemas, primero, es darse cuenta de que existen, platicar de ello, debatirlo. ¿O qué? ¿Vamos a esperar hasta que haya una persona empoderada por algún cártel como presidente de la República o como gobernador o presidente municipal? ¿Acaso tenemos que llegar a ese momento?”
Asimismo, afirmó que “hay un intento de los grupos delictivos de ejercer algunas maneras de control político en algunos municipios y quizás en algunas entidades”.
También aseveró que “el riesgo de incidencia, menor o mayor, es latente, por lo que debemos evitar justamente que el crimen organizado interfiera en los procesos electorales, en particular en las elecciones del próximo 2 de junio”.
De la Mata Pizaña aclaró que la prevención y sanción de delitos no es competencia de las autoridades electorales, pero estas no pueden ser ajenas a ese contexto, por lo que insistió en la necesidad de la colaboración interinstitucional con los responsables de la seguridad y el combate a la delincuencia en cada entidad y región.
Respuesta institucional
A finales del año pasado autoridades del INE y del gobierno federal instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el proceso electoral federal de 2024, cuyo objetivo es “vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en la materia para garantizar que los comicios del 2 de junio se desarrollen de forma libre, pacífica y ordenada, en un ambiente de gobernabilidad democrática”.
Encabezaron la instalación de la mesa la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde; Sedena, general Luis Cresencio Sandoval; y Semar, almirante José Rafael Ojeda, además del comandante de la Guardia Nacional (GN), David Córdova Campos.
La presidenta del INE indicó que si bien la seguridad no es una atribución de las autoridades electorales “el despliegue en campo del personal del instituto debe ser acompañado por las instancias de seguridad para el éxito del proceso electoral”.
Dijo que al ser los comicios de este año los más grandes en la historia de México —por el número de cargos de elección popular a renovar— “se requiere de una coordinación interinstitucional estrecha y permanente entre las dependencias y órganos de los tres órdenes de gobierno para que los 20 mil candidatos, los 98 millones de electores y los más de millón y medio de funcionarios de casilla que participarán en el proceso puedan ejercer sus derechos político-electorales en un ambiente libre y seguro”.
A su vez, la secretaria Alcalde sostuvo que desde el gobierno federal se garantiza un proceso limpio y transparente: “Estamos convencidos de que la democracia es la fuente de la cual emana el poder y la voluntad del pueblo, y que solo haciéndola valer y convirtiéndola en un hábito vamos a lograr caminar hacia adelante”.
La funcionaria afirmó que “para que la jornada electoral llegue a buen puerto se darán todas las garantías necesarias para que este proceso se desarrolle de manera libre, pacífica y ordenada”.
Asimismo, dio cuenta de que las autoridades estarán “atentas las 24 horas del día para recibir las incidencias y que se responda de la mano del INE, atendiendo las denuncias de los candidatos, así como sus llamadas de auxilio y de protección”.
Protocolo
Los representantes del INE y del gobierno federal informaron que cuentan con un protocolo para atender solicitudes en materia de seguridad.
Detallaron que bajo este esquema se “brindarán servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja”.
Se precisó que será el INE “el encargado de hacer una solicitud formal a la Mesa de Seguridad Interinstitucional sobre eventos que requieran de servicios de seguridad a nivel federal”.
La autoridad electoral recién informó a los dirigentes de los partidos políticos sobre el protocolo y la disposición del servicio de seguridad.
El INE explicó a los representantes de los partidos que a través de sus juntas distritales recibirá las solicitudes de protección formuladas por los candidatos (a cargos de elección federal) y las canalizará a la Mesa de Seguridad, encabezada por la Sedena y la Semar.
Aclaró que en el caso de candidaturas locales las solicitudes serán atendidas por los institutos electorales estatales y las policías de cada entidad federativa.
El órgano electoral también destacó que serán elementos de las Fuerzas Armadas y la GN las que, en su caso, se encarguen de la protección de toda la planta laboral del INE en las actividades que en estos días desarrollan; por ejemplo, visitando y capacitando a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla.
Las autoridades resaltaron igualmente que “se establecerá un directorio de todos los actores involucrados en este protocolo de seguridad, a nivel federal y estatal”.
Una de las principales tareas establecidas en el referido protocolo es que la autoridad competente en materia de seguridad identificará las entidades, los distritos federales y/o locales o los municipios que por diferentes causas representaron, representan o podrían representar situaciones de riesgo durante los procesos electorales, bajo los siguientes aspectos:
“Problemáticas de inseguridad: la violencia o delincuencia grave y que estas condiciones impidan o afecten la realización de los trabajos en campo necesarios para los procesos electorales.
“Problemáticas sociales: situaciones de tensión o conflicto entre distintos grupos sociales que se localicen en un territorio en específico e impidan o afecten la realización de los trabajos en campo necesarios para los procesos electorales.
“Problemas con la presencia de crimen organizado: situaciones de tensión o conflicto entre distintos grupos delictivos que se localicen en un territorio en específico e impidan o afecten la realización de los trabajos en campo necesarios para los procesos electorales”.
Custodia firme
Además de coordinar la protección a los candidatos (actualmente cuidan de la integridad física de las precandidatas presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum), la Sedena y la Semar cumplen con otras importantes tareas en el proceso.
Así, a petición del INE, elementos de las Fuerzas Armadas custodian las instalaciones del productor de papel seguridad durante su fabricación. Posteriormente trasladan el referido papel a las instalaciones donde se imprimen las boletas y actas electorales.
Una vez que se cuenta con las boletas y actas impresas, elementos de las Fuerzas Armadas las trasladan al Centro Logístico de Distribución del instituto, que de igual forma es custodiado por ellos.
Aproximadamente un mes antes de los comicios soldados y marinos inician el traslado de las boletas y el resto del material electoral a las oficinas de los 300 distritos electorales.
Dichas instalaciones, distribuidas en las 32 entidades del país, son también custodiadas por elementos del Ejército y la Marina desde el día que reciben el material electoral hasta la conclusión del proceso, es decir, los cómputos distritales y la entrega de las respectivas constancias de triunfo a los ganadores.
Datos de la violencia
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, impulsó una iniciativa para establecer que “los delitos relacionados con intervención del crimen organizado en el proceso electoral, así como el homicidio de una persona candidata por parte de organizaciones delictivas, sean imprescriptibles”.
Destacó que “la delincuencia organizada está ganando espacios en la arena pública y apoderándose de uno de los instrumentos básicos de legitimidad: la democracia”.
Indicó que “el riesgo es que el crimen organizado sea quien elija y coloque a personas que respondan a sus intereses y, con ello, convierta al gobierno en un auténtico ‘narcoEstado’, lo cual debe combatirse”.
El diputado Moreira recordó que el informe de Etellekt Consultores sobre violencia política en México en el proceso electoral de 2021 registró “mil 66 delitos globales en contra de personas políticas, de las que 102 fueron víctimas de homicidio doloso; 36 de ellas eran aspirantes y candidatos a cargos de elección”.
Finalmente, el diputado priista recalcó que esta problemática “está escalando a niveles nunca antes vistos; los grupos de la delincuencia organizada están incidiendo cada día más en los procesos electorales. Esto sucede a través de diversas formas de coacción, inmovilización de equipos de campaña, secuestro de casillas electorales, intimidación a los ciudadanos para coaccionar su voto públicamente o por consigna”.
Un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado dio cuenta de que durante el desarrollo de las elecciones de 2021 celebradas en México se presentaron actos de violencia, “lo cual dejó como saldo decenas de candidatos, funcionarios públicos y militantes partidistas asesinados o agredidos”.
Al respecto, señaló: “Estos hechos dañan seriamente a la democracia y al tejido social, así como los derechos humanos y políticos”.
Igualmente, el estudio indicó que el proceso electoral de 2021 es el que más agresiones ha registrado hasta el momento, “por lo cual organismos internacionales como la ONU y la OEA manifestaron su preocupación y llamaron a las autoridades mexicanas a garantizar el ejercicio de los derechos políticos y a investigar los crímenes cometidos antes y durante los comicios”.
En el actual proceso, lamentablemente, ya se presentaron casos de violencia contra aspirantes; varios de ellos, incluso, han sido atentados mortales.
Violencia en el proceso electoral 2023-2024
21 de diciembre Ricardo Taja. Aspirante de Morena a la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero. Asesinado.
4 de enero Alfredo Lezama. Regidor de Cuautla, Morelos. Asesinado.
5 de enero David González. Aspirante del frente opositor a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas. Asesinado.
6 de enero Sergio Hueso. Aspirante de MC a la presidencia municipal de Armería, Colima. Asesinado.
11 de enero Miriam Ríos. Aspirante de MC a una regiduría de la presidencia municipal de Jacona, Michoacán. Asesinada.
14 de enero Samantha Gomes. Aspirante de Morena al Senado. Asesinada.
24 de enero Marcelino Ruiz. Expresidente municipal de Atlixtac, Guerrero, y dirigente del PRD estatal. Asesinado.
24 de enero Guadalupe Guzmán. Consejera estatal del PRD en Guerrero. Asesinada.
25 de enero Personal del INE denuncia que fue amenazado con arma de fuego por parte de Miguel Ángel Melo, exaspirante de Morena a la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.
27 de enero José García. Dirigente del PRD en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz. Asesinado.
1 de febrero Jaime Vera. Precandidato del PVEM a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco. Asesinado.
7 de febrero Julián López. Dirigente de MC en Guerrero, es “levantado” y retenido durante varios minutos en la Autopista del Sol.
7 de febrero Juan Pérez. Director de Desarrollo Social en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, aspirante de Morena al Senado. Asesinado.
8 de febrero Cecilio Murillo. Excandidato del PAN a la presidencia municipal de Sombrerete, Zacatecas y hermano del actual presidente municipal. Asesinado.
Consejos para combatir al crimen organizado en elecciones
-Bancarizar toda aportación económica privada a candidatos y partidos.
-Habilitar la presentación de denuncias anónimas ante las autoridades.
-Ofrecer protección a candidatos amenazados.
-Romper el paradigma de las campañas físicas y territoriales en algunos municipios.
-Implementar el voto anticipado por correo o por internet en algunos municipios.
-Instalar centros de votación masivos donde se junten varias secciones electorales y urnas con seguridad reforzada.
-Cambiar de sede las casillas del municipio o distrito donde existan condiciones de inseguridad para los electores.
-Concentrar los cómputos de determinados municipios o distritos en lugares seguros.
Fuente: Magistrado Felipe de la Mata Pizaña