Los buenos gobiernos se dedican a gobernar. Si lo hacen con honestidad y eficiencia pueden construir una mayor prosperidad para todos.
Los gobiernos, sin embargo, son malos empresarios. En buena medida esto se debe a que los políticos que dirigen las empresas públicas tienen en mente no el interés de los ciudadanos, que son los verdaderos accionistas de estas compañías, sino los propios. Los políticos convertidos en ejecutivos de paraestatales prefieren tomar medidas que los ayuden a ellos a obtener una mejor imagen pública, que los proyecten a otros y más altos cargos, pero desprecian las que benefician a la empresa y a sus accionistas, los ciudadanos.
Deciden, por ejemplo, no subir los precios de sus productos o servicios cuando se necesita, porque esto los hace impopulares. No les importa que al no establecer precios realistas privan a las compañías de los ingresos que les permitirían mantenerse solventes.
Los dueños de las empresas privadas, en cambio, exigen que sus administradores tomen decisiones que benefician a las firmas, porque esas decisiones los favorecen también a ellos.
Quizá los directivos de las empresas privadas no se vuelvan populares con el público en general, pero sus acciones en busca de la rentabilidad permiten que las compañías se mantengan sanas. Esto les permite a ellos tener buenos sueldos, sin tener que aspirar a otros cargos, y les da a los accionistas buenos dividendos.
Las empresas gubernamentales eran muy pocas en México en la década de 1920, pero ya para 1940 había 144. En 1970 la cifra subió a 172, pero los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo elevaron el total a mil 155. Estas empresas generaron pérdidas enormes al sector público y a los contribuyentes. Destruyeron valor antes que crearlo. Fueron una de las principales causas del desplome económico de 1982, que llevó a la década perdida de los ochenta. Solo entonces empezó la indispensable poda de paraestatales. Para 2018, si bien persistían muchos fideicomisos públicos, quedaban realmente solo dos grandes empresas gubernamentales: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex.
Tendencia
Estas dos empresas públicas pierden dinero a pesar de que en el mundo las firmas de electricidad y las petroleras son muy rentables. El problema es que ni Pemex ni la CFE se manejan para obtener ganancias o siquiera para evitar pérdidas. Su propósito es beneficiar a los políticos que las dirigen. Los accionistas, los ciudadanos, no les importan.
Hoy estamos viendo una nueva e inquietante tendencia de crecimiento de las paraestatales en México. El gobierno trata de eliminar la competencia que los privados le han hecho a la CFE y a Pemex; pero además crea nuevas paraestatales, como operadoras de aeropuertos y trenes, y una minera para explotar el litio. No es algo que convenga a los ciudadanos. Es regresar a las políticas de Echeverría y López Portillo que quebraron al país.
Una de las grandes virtudes del presidente López Obrador es su honestidad. No es un político que esté tratando de enriquecerse. Pero es muy importante que comprenda que los mejores gobiernos son los que gobiernan bien, los que administran de manera honesta y eficaz, los que proporcionan seguridad y buenos servicios públicos a los ciudadanos. Son también los que dejan las tareas de producir bienes y servicios a la iniciativa privada, porque entienden que esto lo hacen mejor los ciudadanos y no los políticos.