LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA PANDEMIA

La seguridad se ve afectada ante las perspectivas de incertidumbre que generan los ajustes por venir.

Javier Oliva Posada
Columnas
OLIVA1.jpg

Los más diversos aspectos de la vida cotidiana del país se han visto muy afectados por un fenómeno que si bien estaba en las agendas de seguridad nunca había cobrado dimensiones como las que padecemos: la política, la sociedad y, por supuesto, la economía han debido ajustarse ante la epidemia.

Por eso analizar los impactos y las indudables consecuencias nos permitirá procesar de mejor manera los días inmediatos al regreso a la normalidad. ¿Podremos?

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad, ha difundido los datos que nos indican que la actividad criminal sigue creciendo. Desde luego que es de reconocerle a las autoridades que nos aporten los datos sin el mayor ajuste o presentación a modo ya que de ser así no se podrían tomar decisiones o bien proponer desde la academia medidas específicas y apegadas a la “real-realidad”. Los delitos de alto impacto no han disminuido y, en cambio, otros menos frecuentes como el pillaje o el saqueo son ya, y con razón, una preocupación.

Las dimensiones de la seguridad, que van de la pública a la nacional, pasando por la interior y la regional (geopolítica), observan ajustes y adaptaciones institucionales, jurídicas, operativas y de cooperación entre gobiernos. Por ejemplo, decisiones como las del presidente de El Salvador para hacer de las prisiones un núcleo de neutralización de la violencia pandilleril, así como los puestos de confinamiento migratorio en nuestro país, indican con toda claridad que los fenómenos sociales a raíz de la epidemia modifican del todo la forma en que debe prevenirse la violencia en general.

Amenaza

Veamos nuestro caso. La creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional es una respuesta estructural que el Estado mexicano da a los desafíos de una problemática que desde hace décadas agobia al país.

Aún no cumple un año de formal creación (30 de junio de 2019) y ha sido ya requerida para funciones extraordinarias: contención de migrantes, impedir el saqueo de ductos de Petróleos Mexicanos, vigilancia en aeropuertos y carreteras; y ahora, en plena expansión de la pandemia, garantizar (lo que es una vergüenza para nosotros como ciudadanos) la integridad del personal de salud, de la infraestructura hospitalaria y del almacenamiento de insumos sanitarios.

Así, la seguridad en distintas dimensiones y articulaciones se ve afectada ante las perspectivas de incertidumbre que generan los ajustes por venir; las relaciones sociales, por ejemplo, en aquellos municipios que por iniciativa propia han restringido la libertad de tránsito y de circulación. Estos en forma alguna han sido llamados al orden por las autoridades locales, es decir, los gobiernos estatales. La posibilidad de una regresión en las garantías y libertades cívicas en aras de “más seguridad” es un argumento que repercute en la consistencia e institucionalidad de la democracia.

Por eso debemos anticiparnos a la conducción de la “posepidemia” para que la expresiones delictivas, organizadas y comunes sean al menos acotadas. Algunas de esas medidas se encuentran en el fortalecimiento de las relaciones vecinales.

La seguridad pública descansa, en efecto, en la confianza que entre las comunidades más inmediatas (barrio, calle, colonia, en el entendido de las concentraciones urbanas, así como en las zonas rurales a partir del establecimiento de una comunicación más fluida) contribuye a inhibir, alertar y disuadir las acciones criminales. Hacia allá debemos caminar.