En agosto de 2015 el Congreso de la Unión dio luz verde a una lucha de lustros que culminó con la aprobación de la reforma política para la capital del país y para la que ahora la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera establecerá las bases legales en una inédita Constitución para la Ciudad de México (CDMX) que representa un parteaguas en la vida de millones de ciudadanos en materia económica, política y social.
Manuel Granados Covarrubias, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, define para Vértigo la ruta de redacción, algunos contenidos, la revisión por parte de la Asamblea Constituyente y la publicación oficial de esta Carta Magna local.
Redacción
Sobre los avances en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, Granados señala: “En primer término hay que destacar que se acabó con la discusión que se planteó en un inicio por parte de las más de 30 personalidades que integramos el grupo redactor. Se decidió en un principio tener 17 grandes temas. Cada martes se sesionó justamente en una plenaria para revisar uno a uno estos puntos que debería tener en esencia la Constitución de la ciudad. Se acabó con esa discusión y, posteriormente, se sintetizaron esos documentos con observaciones de todos, incluido el grupo asesor que preside el doctor Juan Ramón de la Fuente”.
En este momento, añade, “estamos ya en la última parte, que es la revisión del articulado de este proyecto de Constitución. Estamos por entregarlo al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para efectos de que él haga las revisiones y las observaciones correspondientes, igual que el grupo redactor y el grupo de asesores, con el propósito ya de estar listos y que el jefe de Gobierno cumpla con la obligación constitucional de entregarla el 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente”.
—¿Se escucharon todas las voces?
—Hubo una convocatoria muy importante, muy amplia. Primero con las organizaciones sociales; todas las organizaciones que quisieron acercarse con alguna propuesta, algún comentario, fueron escuchadas por parte del grupo redactor. Se organizaron foros. Fuimos también a temas de debate con organizaciones sociales. Se realizó también una serie de consultas mediante plataformas digitales, donde tuvimos una participación cercana a los 500 mil ciudadanos con change.org. El jefe de Gobierno recientemente recibió a peticionarios que pudieron lograr más de 50 mil adiciones a sus propuestas, lo que también se integra al proyecto de Constitución.
Es en 1987 cuando surge la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la que para 1996 se transforma en Asamblea Legislativa. En 1997 florece un gobierno de izquierda democráticamente electo en la Ciudad de México.
Al respecto, Granados comenta sobre lo realizado desde entonces y cómo quedará plasmado en el papel constitucional: “En primer término quiero comentar que la Constitución de la Ciudad de México tiene que ser progresiva, es decir, todos los derechos que ha logrado la Ciudad de México no pueden disminuirse. No pueden ser regresivos. En este sentido, la Suprema Corte ha emitido jurisprudencia por el principio de progresividad, que quiere decir que ningún derecho alcanzado y reconocido puede eliminarse”.
—¿Qué tan clara quedará la redacción para los ciudadanos; habrá compatibilidad con la Constitución federal?
—Una limitante de la Constitución local es que no puede contravenir a la federal. Sin embargo, sí podemos ampliar esos derechos, tener una visión progresista y de avanzada en beneficio de los habitantes de la ciudad, porque es a ellos a quienes nos debemos y son ellos quienes nos han exigido puntualizar temas como combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, protección de los animales, derechos de la comunidad LGBT y una serie de esquemas muy puntuales que generan temas de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum o la revocación de mandato, herramientas jurídicas de los derechos democráticos de los habitantes de la CDMX.
—¿Qué de inédito encontrarán los ciudadanos en esta Constitución?
—Lo primero, el combate a la corrupción y la garantía de transparencia. Recordemos que estábamos limitados a legislar en materia de seguridad pública, impartición de justicia y combate a la corrupción. Esta materia estaba reservada al Congreso federal, no al local. Por tanto, es una transformación importante, incluidas las alcaldías que ahora contarán con un Consejo que hará contrapeso para la toma de decisiones. Ya no habrá un esquema donde se tomen decisiones de manera unilateral: ahora será plural y democrática, con la participación de todos los partidos políticos. Y eso hará más eficiente el ejercicio de la función pública.
Ciudadanos informados
—¿Cómo viene el proceso de entrega para la Asamblea Constituyente?
—Una vez que el jefe de Gobierno revise y tenga listo el documento, la obligación constitucional es entregarlo a la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre, fecha en que se instala. De entonces al 31 de enero de 2017, es decir, cuatro meses y medio tiene la Asamblea Constituyente para analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de Constitución y entregarle a la Ciudad de México su acta de nacimiento.
Manuel Granados indica que una vez que se entregue el proyecto “sin duda nosotros respetaremos el ejercicio soberano de la Asamblea Constituyente, pero también tendremos mucha puntualización para ver el desarrollo de los trabajos para efecto de que no vaya en perjuicio de la ciudad”.
Dice que para que los ciudadanos estén enterados de este proceso habrá “que tener de manera puntual informada a la ciudadanía del avance de los debates y el desarrollo propio de las discusiones que se lleven a cabo en la Asamblea Constituyente. El canal de la ciudad y del Congreso nos ha solicitado que se hagan las gestiones necesarias para que se transmitan las sesiones. Hay varias formas de comunicación que nos han solicitado facilidades para tener presencia”, destaca Granados.
—¿Qué tanto esta Constitución irá de la mano con la reforma política y qué tanto influirá para ofrecer una nueva forma de vida a los ciudadanos?
—Es justo el trabajo que hemos hecho desde el grupo redactor: revisar los alcances, revisar también las oportunidades para mejorar las condiciones de la capital del país en temas de coordinación metropolitana, en temas que tienen que ver con el fondo de capitalidad, con el ejercicio del gasto público para que haya un equilibrio en el ingreso de los capitalinos… Pero sobre todo evitar ya la disputa que se da año con año con el gobierno federal en torno de la asignación del presupuesto federal y de sus programas para la capital. Eso es muy importante, porque para nosotros evita ya un desgaste político entre una y otra instancia gubernamental.
Explica que con esto “por fin se ha otorgado autonomía a la propia Ciudad de México. Por lo tanto, tendremos ya la posibilidad de designar a nuestras propias autoridades con los mecanismos que se decidan y, adicionalmente, legislar en materias que estaban reservadas al gobierno federal. Creo que esto nos hace idénticos, en términos de derechos y de libertades, al resto de las entidades federativas. Y eso genera certidumbre para el ejercicio del servicio público del gobierno de la ciudad”.
—¿Qué representa para esta administración y los ciudadanos esta Constitución?
—Es un parteaguas, porque la última reforma que tuvo la ciudad fue en 1996, cuando se autoriza que por primera ocasión se elija al primer jefe de Gobierno de la ciudad en 1997. Entonces, el ejercicio democrático de nuestra ciudad es muy joven. Pero al final del día esta oportunidad de otorgarnos esta autonomía, este reconocimiento en la toma de decisiones creo que es muy importante, porque no hay mexicanos de primera ni de segunda sino al contrario: hay un tema de respeto al pacto federal.
Y concluye Manuel Granados: “Pero sobre todo de reconocimiento a la capital del país para darnos nuestras propias leyes, para darnos nuestras propias reglas de convivencia, para generar las condiciones incluso de futuro en el desarrollo económico, político, social, cultural y tecnológico, donde la educación sea un eje fundamental”.