Combate a la trata: el último eslabón

Los especialistas opinan sobre el papel que juega el consumidor del mercado sexual en la erradicación de la trata de personas y su explotación.

Montserrat Bonilla
Bienestar
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Imagine a un apuesto y alegre hombre de negocios, quien goza de una buena posición económica y que, para quienes lo saludan en su vecindario y/o lugar de trabajo, es un respetable padre de familia… y luego imagínelo recorriendo las calles por la noche, listo para comprar sexo.

Quizás en alguna ocasión ese hombre visite un establecimiento de “masajes” o un burdel; en otra, tal vez asista a un espectáculo de strip tease; o puede que pague eventualmente por servicios de acompañamiento o prostitución callejera.

La insaciable demanda de mujeres, niñas y niños ha hecho del comercio sexual uno de los negocios más lucrativos: ese es el mayor incentivo de las redes criminales para continuar con tales delitos.

Ante esta realidad, la comunidad internacional hace hincapié en la necesidad de sancionar a los “clientes” como herramienta clave en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial.

Inclusive, algunos países han adoptado un modelo fundamentado en la identificación y persecución de quienes pagan por servicios sexuales y no de aquellos que lo ofrecen para, con ello, limitar los mercados de acción de estos delitos.

Sin embargo, los expertos comentan que en México se requiere de una fuerte inversión —no sólo económica— en la prevención y en el cambio de paradigmas sociales y culturales que naturalizan la violencia sexual contra la mujer.

Ilícito

Investigaciones de talla internacional han encontrado que la trata de personas está íntimamente ligada con el crimen organizado y es considerada como uno de los negocios ilícitos con mayores ganancias.

De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), casi 90% de las victimas lo son con fines de explotación sexual.

En un extenso análisis denominado Penalizar el consumo, Andreas Kotsadam, Niklas Jakobsson y Mette Lövgren escriben que los tratantes pertenecen a grupos criminales organizados que actúan como empresarios y que la trata es una actividad económica redituable que responde a condiciones de mercado favorables.

“La rentabilidad de la trata de personas en un país depende de las características de su mercado para el comercio sexual, y un factor determinante es el marco legal existente”, destacan los especialistas.

Lo es también, añaden, la permisibilidad de la sociedad en cuanto a la compra de servicios sexuales.

De fondo

Los expertos señalan que el concepto social de la sexualidad y la noción de masculinidad relacionada con la subordinación de la mujer son los dos principales factores que justifican el consumo de servicios en el mercado sexual.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW-LAC), por ejemplo, comenta que el reconocimiento de la mujer como objeto sexual y la adquisición de servicios sexuales a cambio de dinero son factores que perpetúan la prostitución y, en muchos casos, la explotación sexual.

Aunado a ello, de acuerdo con un estudio de Juan Carlos Volnovich, la trata y la explotación son perpetuadas gracias al cliente, quien es el sujeto más invisible, protagonista principal y mayor prostituyente.

Bajo estos argumentos, Suecia, Noruega y Finlandia han prohibido la prostitución y, fijando fuertes penalidades para los “clientes” de esta, lograron en consecuencia que los casos de explotación sexual y trata disminuyan de manera considerable.

Según datos de la CATW-LAC, Suecia, por ejemplo, ha registrado una reducción de 40% en la trata de persona con fines de explotación sexual desde que entró en vigor dicha ley.

Desde hace unos años, sus códigos penales sancionan a toda persona que obtenga relaciones sexuales casuales a cambio de un pago y despenalizan la venta de dichos servicios, al considerar como premisa que la prostitución es una forma de violencia sexual masculina contra las mujeres y niñas.

Estructura

De acuerdo con la UNODC, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en trata de personas.

Este delito se manifiesta principalmente como explotación sexual de mujeres, niñas, niños y, en menor medida, de hombres; se estima que anualmente 80 mil adultos y 20 mil menores son víctimas.

Ante este panorama, y debido a la gravedad de estos crímenes, las autoridades, a través de leyes y programas especiales, han luchado por la sanción y erradicación de los delitos en la materia.

Sin embargo, “cualquier política social o gubernamental que solo se concentre en las víctimas o en la persecución de los tratantes va a ser incompleta y tendrá logros de alcance muy corto”, opina el maestro Rodolfo Casillas, experto e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Los especialistas señalan que es preciso entender estos delitos como un fenómeno articulado entre la demanda de cuerpos de mujeres, niñas y niños en la industria del sexo; una oferta de personas a las que se les niegan sus derechos y oportunidades de desarrollo; y una dinámica perpetuada por la impunidad y el incumplimiento de leyes y sanciones poco eficientes: en estos tres elementos, el consumidor y la sociedad juegan un papel muy importante.

Por un lado, denuncia Casillas, vivimos bajo un modelo de desarrollo socioeconómico que incluye la generación, tolerancia o promoción de los mercados de comercio sexual. “Me gustaría poder mencionar un centro vacacional, ciudad importante, puerto, frontera o polo de desarrollo en México, donde no exista esa permisibilidad y tolerancia”, comenta.

Por el otro lado tenemos como telón de fondo una cultura de dominación y violencia del hombre hacia la mujer muy fuerte.

Como Estado, se debe disociar el comercio sexual del desarrollo del país y, además, enfrentar el problema no sólo jurídico, sino también cultural en cuanto a igualdad y equidad de género.

Esto último, exhorta el especialista, “tiene que atenderse desde políticas de prevención que deben, por un lado, incluir a los hombres; y, por otro, atender aspectos de violencia sicosexual que ocurren en los ámbitos familiares desde edades muy tempranas”.

Al respecto, Casillas hace una reflexión sobre las estrategias gubernamentales en México y considera que existe una gran distancia entre los procesos sociales y la actuación de las instituciones.

“Hay procesos de violencia sexual de distintas magnitudes, de los cuales no nos damos cuenta e incluso nos convertimos en una sociedad cómplice”, complementa.

Y por eso nuestras políticas preventivas, como el marco legal, deberían fortalecerse y no centralizar los presupuestos en programas, personal, operativos y disposiciones ejecutivas punitivas.

¡No olvidemos!

Los expertos consideran que debe hacerse una diferenciación muy importante en cuanto a prostitución y explotación sexual, pero es clave desnaturalizar la primera para erradicar en gran medida diversas formas de dominación del hombre hacia la mujer.

La Comisión Unidos Contra la Trata, por ejemplo, denuncia que en la Ciudad de México, en la calle de Sullivan (desde Circuito Interior hasta el Monumento a la Madre), trabajan casi 200 sexoservidoras y 90% de ellas es forzado a hacerlo.

Es preciso tener conciencia de que esas mujeres en prostitución callejera solo corresponden a una franja social, “porque también existen quienes están en una situación de comercialización de su cuerpo de manera voluntaria u obligada en los distintos estratos sociales”, comenta Casillas. De tal manera que hay mucho que hacer en cuanto a la concientización.

Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, comparte con Vértigo que en su experiencia ha conocido a muchos varones que se han atrevido a decirle que desconocían la gravedad del problema.

“Me han confesado que en algún momento habían pagado por este tipo de servicios. Hoy se arrepienten, porque entienden que posiblemente aquellas chicas estaban en eso en contra de su voluntad o eran víctimas de explotación sexual”, comenta.

Por ello, argumenta Orozco, es urgente cambiar paradigmas a través de fuertes políticas de prevención que construyan modelos de masculinidad y feminidad diferentes, “en los cuales la mujer sea una persona igual de valiosa que un hombre, y no un objeto; es decir, una visión transmitida desde casa, que cuando nuestros niños sean adultos y ya sean personas sexualmente activas, puedan comportarse de una manera diferente con la otredad sexual”.

Para ello se requiere de voluntad política, advierte Rosi Orozco; pero también, complementa Casillas, de inversión económica, de personal, infraestructura, programas y capital social.

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